Carlos Eduardo González Flota, ex delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, fue electo por el Congreso del Estado como titular de la Procuraduría de Justicia Ambiental y Urbana de Yucatán.
Con 33 votos a favor, González Flota superó a la ingeniera agrónoma Elsi María Sáenz Pérez y a la maestra en Derecho Alejandra Medina Bolio, quienes también aspiraban al cargo.
La designación se realizó durante una sesión extraordinaria, en la que primero se dio a conocer la terna propuesta por el gobernador Joaquín Díaz Mena y, posteriormente, se llevó al cabo la votación por cédula.
Al concluir el proceso, el conteo arrojó 33 votos para González Flota, uno para Alejandra Medina Bolio y ninguno para Elsi Sáenz Pérez.
¿Quién es Carlos Eduardo González Flota?
González Flota es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán y cuenta con estudios de maestría en Criminalística y en Finanzas, así como un doctorado en Ciencias de lo Fiscal. Además, posee formación especializada en arbitraje internacional y en derecho energético, ambiental y de recursos naturales.
De acuerdo con la semblanza leída durante la sesión, cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público. Se ha desempeñado como secretario particular del subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Yucatán, donde también fungió como subdelegado jurídico.
En el ámbito federal, fue director general de Delitos Federales contra el Ambiente, y a nivel municipal ocupó el cargo de subdirector jurídico en la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida.
Asimismo, ha trabajado en el sector privado como director general de un despacho especializado en consultoría ambiental, energética y jurídica. Cuenta con experiencia en derecho ambiental, energético y administrativo, y se ha desempeñado como docente y conferencista en diversas instituciones de educación superior.
González Flota ocupará el cargo por un periodo de siete años, a partir de que rinda el compromiso constitucional ante el Congreso del Estado.