Tras advertir sobre el aumento de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Yucatán, Roberto Sánchez Campos, cofundador de Kanan Derechos Humanos Península de Yucatán, detalló que varios de estos casos se registran en comunidades donde los propios habitantes se convierten en agresores, en un contexto marcado por conflictos territoriales y presión social.
“Son personas de estas comunidades que fueron agredidas por habitantes del mismo territorio, quienes atacan a defensores por su labor social, con el fin de intimidarlos. Ya existen procesos derivados de las denuncias que presentamos ante organismos de derechos humanos y la Fiscalía del Estado, además de su difusión en redes sociales”, refirió.
El entrevistado manifestó que los procesos de criminalización en estos casos están relacionados con conflictos por despojo territorial en comunidades.
Durante su participación en el foro con Amnistía Internacional, señaló que, desde lo local, suele pensarse que los problemas nacionales o internacionales no afectan directamente. No obstante, subrayó que la realidad muestra similitudes, incluido el debilitamiento de instituciones que promueven los derechos humanos, lo cual también se percibe en la península tras recientes reformas al sistema judicial.
El activista destacó que las modificaciones legales han dificultado el acceso a la justicia. Explicó que cambios en el sistema de amparo han limitado medidas que antes permitían prevenir daños irreparables en proyectos con impacto comunitario.
Asimismo, mencionó que persisten violaciones a derechos, en especial hacia el pueblo maya, como en el acceso al agua y la protección ambiental.
Irregularidades en permisos
Sánchez Campos subrayó que continúan irregularidades en el otorgamiento de permisos ambientales, particularmente en la industria porcícola.
Instituciones como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable han sido incapaces de frenar estas prácticas, al tiempo que se siguen autorizando proyectos con estudios ambientales cuestionables, señaló.
El cofundador de Kanan también criticó los obstáculos que enfrenta la sociedad civil para acceder a la información.
Al solicitar datos, dijo, se imponen barreras que dificultan consultas como las de manifiestos de impacto ambiental, los cuales resultan procesos complejos y burocráticos.
Sánchez Campos advirtió sobre el aumento en la criminalización de personas defensoras de derechos humanos en el estado. Recordó el caso de las ocho personas afectadas en el último mes, lo que consideró un incremento alarmante y un reflejo de la respuesta institucional ante la resistencia social.
“Resulta más sencillo encarcelar a un defensor que a un empresario con antecedentes de daños ambientales”, afirmó.
Pese a este panorama, el activista expresó que existe esperanza en el trabajo colectivo. Destacó que las comunidades se organizan y toman conciencia de su realidad, lo que representa una respuesta frente a las condiciones actuales.
Finalmente, hizo un llamado a la sociedad para sumarse a la defensa de los derechos humanos y contribuir a la construcción de un entorno más justo y equitativo.