Para el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), la obligación de transmitir en tiempo real y en vivo las sesiones de Cabildo y publicar las actas edilicias abonará al fortalecimiento de la democracia y gobernanza municipal, acotará la corrupción y fomentará una sociedad mejor informada.
El Diario publicó el 11 de mayo pasado que el gobierno estatal emitió el Decreto 183/2026 con nuevas modificaciones a la Ley de Gobierno de los Municipios de Yucatán, que obliga a los ayuntamientos a que todas las sesiones de Cabildo sean públicas, las transmitan en vivo y las graben, y que publiquen sus actas.
Además, prohíbe a los alcaldes que interfieran en la difusión de las grabaciones, que concedan exención de impuestos y deben aplicar la paridad de género en las elecciones de comisarios municipales.
Entrevistada sobre estas obligaciones de los 106 ayuntamientos, la coordinadora de Cimtra Yucatán, Lizbeth Estrada Osorio, recuerda que las sesiones de cabildo son públicas desde 2015.
Desde ese año cualquier persona puede acudir a la sala de Cabildo y presenciar las sesiones.
Sin embargo, la transmisión y grabación de las sesiones es una exigencia ciudadana impulsada por varias organizaciones de la sociedad civil en distintos puntos de la República, entre las que figura Cimtra, que hizo esa petición de 2002 a la fecha.
Cimtra es un colectivo mexicano de organizaciones civiles, apartidista y voluntario que evalúa y fomenta la transparencia y rendición de cuentas en gobiernos municipales y congresos locales desde 2002, con la finalidad de promover el gobierno abierto y reducir riesgos de corrupción.
La maestra señala que las evaluaciones de transparencia municipal que realiza Cimtra son porque considera importante que los integrantes del Cabildo activen mecanismos de rendición de cuentas, tal como las sesiones públicas, la transmisión en vivo y la grabación de las mismas para que queden a disposición ciudadana.
Esta buena práctica abona a la reducción de la asimetría de información gobierno-ciudadanía.
Lizbeth Estrada recuerda que las recientes evaluaciones del Ranking Peninsular 2021 y del Ranking de Capitales 2023 y 2025 realizadas por Cimtra detectaron que pocos municipios transmiten por internet sus sesiones de Cabildo ni tienen la obligación legal de hacerlo.
Algunos municipios cumplen de manera proactiva desde tiempo atrás.
En las evaluaciones 2021 y 2023 correspondientes a los 10 municipios más poblados de Yucatán hallaron que solo Mérida y Umán transmitían sus sesiones de Cabildo.
A escala peninsular, en Campeche solo la capital transmite las sesiones de Cabildo y en Quintana Roo solo tres de 11 municipios (Lázaro Cárdenas, Cozumel y Solidaridad).
En la última evaluación de 2025 constataron que solo cinco de las 32 capitales del país no transmiten sus sesiones de Cabildo.
Los ayuntamientos que no transmiten en vivo sus sesiones son Culiacán, Tepic, Zacatecas, Cuernavaca y Saltillo. Es decir, cuando menos en 27 capitales se ha extendido esta buena práctica, sin necesidad de una norma obligatoria.
Regresando al tema del Legislativo, la coordinadora de Cimtra recuerda que en 2023 la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán modificó el artículo 36 al indicar que se procurará la transmisión de las sesiones edilicias, aunque en forma laxa para su cumplimiento.
“Como podemos ver en 2023 en la evaluación peninsular de Cimtra, no existía mucha atención a dicha disposición de los municipios a dar cumplimiento a este artículo”, recalca.
Precisiones
“En la modificación al artículo 36 efectuada en mayo de este año se hicieron precisiones en la consideración del carácter público de las sesiones, estableciendo la obligatoriedad de la transmisión y permitiendo que sea el Ayuntamiento o cualquier regidor quien pueda hacerlo”.
El reportero le pregunta a la maestra Estrada Osorio si la transparencia que busca el decreto del gobierno actual realmente fortalecerá la democracia municipal y reducirá la discrecionalidad en los ayuntamientos yucatecos.
“Sí abona a fortalecer la democracia y gobernanza municipal porque contribuye a reducir un espacio de asimetría de información existente entre autoridades y ciudadanía”, responde.
“Dado que es una acción que permitirá monitorear cierta parte del desempeño de los integrantes del Cabildo, abona para que la ciudadanía esté mejor informada no solo del trabajo de sus representantes, sino también de los asuntos tratados en las sesiones y las decisiones de los integrantes de la máxima autoridad municipal”.
“Desde ese punto de vista, una ciudadanía con información se encuentra en mejores condiciones para exigir y acceder a sus derechos, vigilar el desempeño y decisiones de sus autoridades para evaluarlas y exigir que rindan cuentas”, subraya.
“Todo espacio que se abra al escrutinio público, en sí, ya reduce en cierto grado la discrecionalidad en el actuar y la toma de decisiones de las autoridades y funcionarios en cualquier ámbito de la administración pública”.
La activista ve retos importantes para que se cumpla con los objetivos de la nueva ley y señala los siguientes:
- 1.— Que los ayuntamientos cumplan en tiempo y forma con la obligación que mandata la ley (aunque parezca obvio porque algunos ayuntamientos no cumplen con todas sus obligaciones de transparencia).
- 2.— Que todas las sesiones transmitidas se queden grabadas y sean accesibles a la ciudadanía en el sitio web del municipio.
Esto no queda muy claro en la ley, ya que podría transmitirse en vivo y luego “bajar” la sesión o bien remover a “discreción” cualquiera de ellas, además que la ley tampoco establece un período de tiempo en el que las grabaciones deban estar disponibles.
- 3.— Que la ciudadanía aproveche la información disponible para ejercer una vigilancia activa de sus ayuntamientos y tome acciones cuando detecte alguna irregularidad.
Disuación
También cree que la obligatoriedad de hacer públicas las sesiones en los términos que ahora dispone el artículo 36 de la Ley de Gobierno de los Municipios de Yucatán abona a la disminución de las prácticas discrecionales y a la disuasión de posibles actos de corrupción, toda vez que el Cabildo estará bajo observación.
Sin embargo, los espacios de discrecionalidad y las posibilidades de comisión de actos de corrupción deben atacarse de una forma más integral y no por partes, pues la corrupción es un fenómeno multidimensional.
“Bienvenida la reforma, ayudará, pero se necesita más. La corrupción es sistémica y ocurre en redes, por lo que se necesitan cambios de mayor profundidad e integralidad”, advierte.
“En términos escolares, podríamos decir que se sacaron una palomita en un examen que consta de muchos reactivos. Pero eso no implica que hayan pasado el examen porque para disminuir efectivamente la discrecionalidad y los actos de corrupción se requieren reformas con un enfoque sistémico e integral”.
Como ejemplo puso lo que ocurre en Yucatán. Por un lado, el Congreso procura una mejora en la transparencia y rendición de cuentas de los ayuntamientos.
Por el otro, con la nueva Ley de Transparencia estatal, que homologaron con la Ley General, pulverizan el derecho de acceso a la información y eliminaron una buena práctica que tenía Yucatán (centrada en la ciudadanía para facilitar el acceso a la información).
La anterior ley de transparencia obligaba a la autoridad señalada en dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información en 10 días hábiles con posibilidad de prórroga de otros 10, o sea, un máximo de 20 días si el sujeto obligado lo solicitaba.
Hoy, la ley de transparencia estatal establece 20 días hábiles con posibilidad de prórroga de 10 días más, o sea, que ahora son máximo 30 días para cumplir. (Continuará).