En Yucatán, la regulación de asesores y agencias inmobiliarias comienza a consolidarse como una herramienta para reducir los fraudes en la compraventa y renta de inmuebles, mediante la profesionalización de quienes se dedican a esta actividad, la creación de un registro público y la aplicación de sanciones a quienes operen fuera de la ley.
La directora del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), Dalia Isela Piña Alberto, señala que el nuevo marco legal establece la obligación de contar con una licencia para ejercer como asesor inmobiliario, además de cumplir con requisitos de capacitación, certificación y registro.
“Estamos convencidos que se deben reducir significativamente estos espacios, porque estamos combatiendo la informalidad de las partes que intervienen justamente en la intermediación inmobiliaria”, dice al Diario.
La funcionaria explica que uno de los principales mecanismos de la nueva legislación es la expedición de licencias para personas que realizan actividades de intermediación inmobiliaria en el estado.
También la operación del Registro Estatal de Asesores Inmobiliarios, una plataforma pública administrada por el Insejupy donde cualquier ciudadano puede verificar si un asesor está autorizado.
Además, para obtener la licencia es obligatorio acreditar 50 horas de capacitación y contar con una certificación que valide las competencias mínimas para desempeñar la actividad.
La maestra Piña Alberto señala que la legislación establece obligaciones específicas para los asesores, entre ellas verificar la situación jurídica de los inmuebles y contar con la autorización escrita del propietario antes de iniciar cualquier proceso de comercialización.
“Hoy esa confianza debe traducirse en certeza jurídica con elementos ciertos”, indica, al exhortar a la ciudadanía a verificar que los asesores cuenten con licencia y aparezcan en el registro estatal antes de contratar sus servicios.
La directora añade que los ciudadanos también pueden consultar gratuitamente la situación jurídica de los inmuebles mediante las plataformas digitales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, además de revisar la información catastral correspondiente antes de concretar una operación.
Proceso al firmar
Como parte del nuevo esquema de control, los notarios públicos deberán preguntar durante la firma de escrituras si existió intermediación inmobiliaria y, en caso afirmativo, verificar que el asesor presente su licencia.
Si detectan que una persona participó como asesor sin estar autorizada, deberán informar al Insejupy para que determine si procede alguna investigación.
La ley considera sanciones económicas que van de 50 a 2,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de la suspensión o revocación de licencias para quienes incumplan la normativa o permitan que terceros operen utilizando licencias ajenas.
Dalia Piña subraya que el objetivo principal no es sancionar, sino fomentar una cultura de legalidad.
“Creemos que el éxito de esta implementación debe ser el resultado del profesionalismo”.
El instituto mantiene coordinación con colegios de asesores inmobiliarios, desarrolladores, cámaras empresariales, notarios y otros actores del sector para fortalecer la aplicación de la ley, agrega.
Respecto al avance de la implementación, la directora informa que actualmente 1,272 personas se han registrado en la plataforma digital para obtener su licencia, de las cuales 638 ya concluyeron las 10 horas de capacitación impartidas por el Insejupy y deberán completar las 40 horas restantes con capacitadores certificados.
Asimismo, precisa que durante el primer mes de expedición de licencias, iniciado en junio, ya se otorgaron 130 tipo A, las cuales tienen una vigencia de cinco años.
La funcionaria destaca que todo el procedimiento se realiza de manera digital, desde el registro hasta la validación documental, mientras que la expedición de la licencia incluye la captura de datos biométricos y la entrega de una credencial física y digital.