Uno de los problemas estructurales actuales es la falta de denuncia de los delitos, un problema que se presenta en todo el país, incluyendo a Yucatán, revela el reporte de la asociación civil Impunidad Cero denominado Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2026.
Anteayer dimos a conocer la primera parte de este reporte, en especial la información relacionada con Yucatán.
Impunidad Cero afirma que “a pesar de que cada año ocurren alrededor de 30 millones de delitos en el país, la proporción que llega a ser denunciada es consistentemente baja, fluctuando entre 9.6% y 11% durante el período analizado (2016-2024)”.
“Esto significa que nueve de cada diez delitos no llegan a ser denunciados ante las autoridades de procuración de justicia. En 2024 solo 9.6% de los delitos ocurridos fue denunciado, porcentaje similar al que se tenía en 2016”, recalca.
En Yucatán el porcentaje de delitos denunciados en 2024 fue del 9.4%. El líder es Campeche, con 13.7% y el último lugar lo ocupa Tamaulipas, con 5.1%.
En cuanto a la probabilidad de esclarecimiento del delito, se explica que “el indicador mide la probabilidad de que un delito sea denunciado y resuelto mediante una salida procesal efectiva”.
Delitos que se esclarecen
En un escenario ideal, dice Impunidad Cero, la probabilidad de esclarecimiento sería cercana al 100%, lo que implicaría que todos los delitos fueran denunciados, se iniciara una investigación y ésta concluyera con alguna respuesta efectiva.
Sin embargo, para 2024 la probabilidad de que un delito sea denunciado y esclarecido en México es de apenas del 1.47%”.
En Yucatán la probabilidad de esclarecimiento del delito es del 3.6% y ocupa la sexta posición nacional.
El líder es San Luis Potosí, con 4.66% y el último sitio es para Ciudad de México, con 0.16%.
La investigación de Impunidad Cero también da a conocer, entre otras cosas, lo siguiente:
La ONG indica que “la impunidad en homicidio doloso es tanto un indicador de resultado como de política criminal: permite evaluar si las fiscalías realmente priorizan y resuelven los delitos que más lastiman a la sociedad”.
“Este indicador se toma de nuestra última publicación sobre impunidad en homicidio doloso y feminicidio, en la que calculamos dos tipos de impunidad para estos delitos: la directa y la acumulada”.
“La impunidad directa se calcula con base en el número de sentencias condenatorias por homicidio doloso registradas en un año, respecto al número de delitos registrados en el mismo período, mientras que la impunidad acumulada se calcula en un período acumulado”.
“Esto se debe a que no todos los homicidios tienen una sentencia condenatoria el mismo año en que se cometió el delito”.
“Para corregir este desfase, calculamos la impunidad acumulada en un período de seis años, desde que el sistema de justicia actual entró en vigor en todo el país en 2016 hasta 2021.
“Respecto al indicador de impunidad acumulada en homicidio doloso de 2016 a 2021, el promedio nacional se ubicó en 92.8%, lo que significa que durante este período solo siete de cada 100 homicidios dolosos recibieron una sentencia condenatoria en el país”, agrega.
“Para este período, Oaxaca registró un nivel de impunidad de 100%, seguido por Morelos (99.8%), Tlaxcala (99.5%) y Colima (99.3%)”.
“Por su parte, Yucatán registró el mejor desempeño con 38.5% de impunidad acumulada, lo que equivale a que más de seis de cada diez homicidios tengan sentencia condenatoria durante el período”.
El reporte explica que el “Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2026 mide el desempeño de las 32 fiscalías estatales de México a partir de ocho indicadores que abarcan tres ejes de análisis: la capacidad estructural de la institución, la eficiencia de sus procesos operativos y los resultados que produce”.
En esta edición del Índice, Nuevo León ocupa el primer lugar, con 61.8 puntos. Tlaxcala se encuentra en el último lugar con 24.9 puntos. Yucatán tiene 55.4 puntos, ocupando el octavo lugar nacional, se informa.
La investigación también da a conocer los perfiles de desempeño. “En un escenario ideal, más recursos humanos, presupuestales y tecnológicos deberían asociarse con mejores resultados. Sin embargo, en la práctica esta relación no es automática”.
“Algunos estados logran buenos resultados a pesar de contar con pocos recursos, mientras que otros no consiguen convertir sus altas capacidades institucionales en mejoras tangibles en su capacidad de investigación y resolución de los casos”.
En el reporte se añade que algunas fiscalías, “a pesar de tener recursos escasos en relación con el promedio nacional, pueden obtener resultados por encima del promedio nacional, destacando los casos de Yucatán, Querétaro y Coahuila”.
“También cuentan con planes de persecución penal y modelos de priorización, que facilitan la operación y pueden reflejarse en los indicadores del índice, como los bajos tiempos de espera o la baja carga de trabajo”.
Impunidad Cero señala que “el verdadero blindaje de una fiscalía autónoma no es cómo entra su titular, sino qué tan difícil es removerlo.
Solo cinco entidades —Coahuila, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Yucatán— alcanzan los estándares más altos de autonomía en este eje, debido a que sus procesos incluyen filtros estrictos, como la calificación de las causas graves por parte de un órgano judicial, lo que elimina la discrecionalidad política en la remoción”.


