Tomás Garrido Kumul no necesita consultar fechas. Las ha repetido durante una década. Nombres, números de expedientes, hechos están en su memoria. Frente a las grabadoras pide algo que, aseguró, debería ser sencillo: Que aparezca una carpeta de investigación que, según la Fiscalía, existe, pero que nadie ha podido mostrarle.
“Que ponga a la vista la carpeta 585 y con eso terminamos”, dijo durante la rueda de prensa que ofreció en días pasados junto con su esposa Margarita López Kantún, quien también enfrenta un proceso, la activista Adelaida Salas Salazar y el criminólogo David Rivera Domínguez.
Ese expediente es hoy el centro de una batalla judicial que comenzó hace más de diez años, cuando un crédito que nunca llegó terminó, de acuerdo con su versión, en un fraude, una privación ilegal de la libertad y, con el paso del tiempo, en una presunta red de irregularidades dentro de la propia Fiscalía General del Estado.
Todo comenzó el 10 de febrero de 2015, cuando Garrido Kumul acudió a las oficinas de una financiera después de que ésta incumpliera con la entrega de un financiamiento que le habían prometido. Recordó que durante meses le pidieron seguir pagando, aunque el préstamo no llegaba.
“Cuando vi que pasaron seis meses es cuando me empecé a molestar… me dijeron: ‘En diciembre te lo dan. En diciembre dan 10,000 pesos más’… junté 10,000 y se los llevé… Cuando regreso, simplemente no me dieron el préstamo”.
Antes de presentar una denuncia penal, las autoridades le propusieron intentar una mediación. Fue él mismo quien llevó la notificación hasta las oficinas de la financiera, situada en aquel entonces enfrente de un supermercado en la avenida Itzaes.
Fallida mediación
“El problema mío comienza en 2015. El día 10 de febrero de 2015 llevé una invitación de mediación a la sede de la financiera que representa el señor P. F. N”.
También relató que apenas el empresario P. F. “N”, representante de la financiera, leyó el documento, comenzó a gritar, a golpear cajones y archiveros y le arrebató el teléfono celular.
“Cuando vi la violencia, que estaba muy enojado, salí de su privado para ir a la sala, pero él corrió, me ganó el paso y llegando a la sala le dijo a su empleado: ‘No lo dejes salir de aquí, de aquí no se va’. Hasta que llegó la policía, llegó un carropatrulla y un patrullero fueron ellos los que me rescataron”, narró el afectado.
La denuncia fue presentada el 29 de mayo de 2015. Sin embargo, aseguró que el expediente permaneció inmóvil durante años.
“Esa carpeta la recibió la licenciada B. en la (agencia) 32. Tardó 10 años allá sin moverse. No hacían nada por judicializarlo”, afirmó.
Fue hasta la llegada de un nuevo coordinador, dijo Garrido Kumul, cuando la investigación avanzó lo suficiente para obtener una orden de aprehensión contra el empresario denunciado, quien actualmente permanece prófugo.
Pero mientras la carpeta original comenzaba a caminar, apareció otra. El 27 de diciembre de 2021 recibió una notificación donde se informaba que una denuncia había prescrito.
Pero el número de la carpeta era distinto, en lugar de la 813, la que había prescrito tenía el número 585. “Yo nunca puse esa denuncia”.
Desde entonces, señaló, comenzó una lucha por demostrar que esa carpeta nunca fue presentada por él y que habría sido integrada utilizando documentos de la investigación original.
“Yo he solicitado en las fiscalías 32, 35 anticorrupción que me presenten a la vista la carpeta original del 585. No hay, nadie lo tiene… Ni usted ni nadie lo tiene porque no existe, porque jamás hice esa carpeta. Nunca la hice”.
Frente a los medios de comunicación, Garrido Kumul aprovechó para decir: “Me gustaría darle un mensaje al nuevo fiscal general Juan León León y al señor gobernador Joaquín Díaz Mena, que tienen toda la facultad y el poder de decirle a los fiscales: por favor, no se sigan ahogando más, que pongan la carpeta original del 585 a la vista y con eso terminamos. Que ponga a la vista la carpeta 585”.
Videos desaparecidos
A su lado, el criminólogo Rivera Domínguez enumeró cámaras de vigilancia cuyos vídeos nunca aparecieron, llamadas al 911 que no pudieron localizarse y policías que, según las respuestas oficiales, no estaban de servicio el día de los hechos.
“Todas las contestaciones de secretaría fueron: ‘No, en ese momento no estaba esa patrulla que dice’, ‘No, en ese momento no están esos oficiales que dice’, ‘No, esas cámaras no sirven’, ‘No, esos audios de llamada no están’”.
Rivera Domínguez subrayó que lo que le importa dejar claro es que una vez que se levanta la denuncia se busca por parte de la Fiscalía engañar a Garrido Kumul para decirle que ya se cerró el caso, que el modo es presentándole una denuncia muy similar, con otros testigos y con otros datos.
Además, advirtió que, de comprobarse una práctica de ese tipo, el riesgo trascendería el caso particular.
“Es un riesgo muy delicado para el ejercicio activista, periodista y ciudadano”.
Por su parte, Adelaida Salas cuestionó el funcionamiento de la Fiscalía.
“Justicia pronta y expedita no la hay”, afirmó al referirse al rezago de investigaciones y a la falta de personal especializado.— IVÁN CANUL EK