Claudia Pérez Aguilar, presidenta de AMPI Mérida, afirma que el conflicto por el proyecto “Las Dunas” en la franja costera de Chuburná-Progreso debe ser un punto de inflexión para elevar la conciencia social y ambiental en las inversiones inmobiliarias, y para establecer reglas “muy claras” que den certeza jurídica tanto a desarrolladores como a comunidades.
Durante años, recuerda, muchas operaciones se hicieron solo porque un predio era “atractivo”, sin verificación suficiente de permisos ni evaluación de impactos. Casos como el de “Las Dunas” —hoy clausurado temporalmente y bajo suspensión judicial por afectaciones a dunas y humedales— evidencian la necesidad de nuevas regulaciones y de escuchar a la sociedad.
“Yo creo que antes había cabida a una especulación o a invertir nada más pensando en si un predio era atractivo, pero no se tenía una conciencia social, una conciencia ambiental y una verificación de permisos. En este caso en particular, es muy importante para el empresariado y para la inversión que haya también reglas muy claras y certeza en la inversión, porque vivimos de estas inversiones”, declara.
Yucatán vive de la inversión y que el sector inmobiliario incide directamente en el PIB estatal, subraya, aunque insiste en que el crecimiento de Mérida y la costa debe ir de la mano de un desarrollo sustentable que preserve los recursos naturales que sostienen la “marca Yucatán”: seguridad, calidad de vida y entorno verde.
La empresaria resalta que hay muy buenos desarrollos en la ciudad, en la costa, en varios lugares, pero hay que llevar un filtro. Eso es lo importante.
“Es importante esta regulación, esta conversación que hace que se ponga sobre la mesa, a veces tienen que pasar casos así para que se ponga la relevancia y entonces se regularice, se pongan reglas, nuevos reglamentos que tal vez hacía falta y, por supuesto, también hay que escuchar a la sociedad, a la comunidad, es importantísimo conservar nuestro Yucatán, nuestra costa, pero deben de poder coexistir las dos cosas”, remarca.
Claudia Pérez comparte que más del 90% de los clientes atendidos por AMPI Mérida provienen de fuera del estado y ven a los asesores como “la primera línea” para decidir dónde invertir, por lo que es indispensable que el gremio esté bien asesorado, conozca la nueva licencia inmobiliaria y solo promueva proyectos con permisos en regla y criterios ambientales claros.
Ella considera que inversión y conservación “sí pueden coexistir” si se alinean a un marco de desarrollo sustentable y participación comunitaria.