Una caída o estancamiento prolongado en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) podría obligar al gobierno federal a recortar recursos destinados a obras públicas, como carreteras y mantenimiento, si al mismo tiempo mantiene o incrementa el gasto en programas sociales, advierte el economista Gabriel Rodríguez Cedillo, doctor en Gobierno y Administración Pública.
La participación del Impuesto sobre la Renta (ISR) en los ingresos tributarios de México cayó a 52.2% durante los primeros siete meses de 2026, su nivel más bajo para un periodo comparable en las últimas dos décadas, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En entrevista con Diario de Yucatán, el especialista explica que el ISR es el impuesto más importante entre los que recauda el país, aunque no representa por sí solo el principal sostén de los ingresos públicos, pues también tienen un peso relevante el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (IEPS).
“El ISR se compone de ISR a personas morales y personas físicas. Obviamente, las personas morales, las grandes corporaciones, son las que más aportan. Bueno, son las que, digamos, hay menos, pero más aportan por volumen al ISR”, señala.
Rodríguez Cedillo indica que una mayor cantidad de trabajadores puede ampliar la base de contribuyentes, aunque la recaudación también depende del nivel de los salarios y de los ingresos de las empresas y personas físicas.
“A final de cuentas el ISR se paga de la renta, de los ingresos tanto empresariales como del ingreso al trabajador y obviamente hay variaciones en esa recaudación”, refiere.
El problema se vuelve más relevante si la recaudación permanece estancada durante varios años, señala, particularmente porque los programas sociales pueden aumentar sus requerimientos de recursos.
Escenario catastrófico
“Un escenario catastrófico es que se pueden empezar a recortar otros programas, otras acciones o funciones del gobierno prioritarias también. Eso va a suceder, así de simple. Y, obviamente, va a pegar en el funcionamiento general del gobierno”, dice.
En una situación de este tipo, apunta, un gobierno podría reducir primero el gasto en actividades consideradas menos prioritarias para proteger los programas sociales. Entre las áreas que eventualmente podrían resentirlo menciona, por ejemplo, las obras públicas, las carreteras y su mantenimiento.

Ante una eventual insuficiencia de ingresos, el gobierno tiene distintas alternativas para financiar el gasto, entre ellas aumentar impuestos, obtener recursos por la venta de petróleo o de bienes y servicios, y recurrir a deuda pública.
Sobre esta última opción, Rodríguez Cedillo considera que México todavía tiene capacidad de endeudamiento, aunque aclara que ésta no es ilimitada.
El economista pide analizar con cuidado la relación entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto (PIB), pues el porcentaje por sí mismo no refleja cuánto debe pagarse de manera inmediata.
“Dicen: ‘Debemos el 60% del pago, entonces eso nos va a quebrar’. Relájense, porque ese 60% o esos 60 pesos los vamos a pagar durante los próximos 15 años de poquito a poquito. No nos compromete mucho”.
En ese sentido, señala que el costo de la deuda debe analizarse considerando los plazos de pago, las amortizaciones y las tasas de interés, y no únicamente mediante el porcentaje que representa respecto al PIB.
El doctor Rodríguez Cedillo también descarta que aumentar impuestos al consumo sea una alternativa conveniente en el contexto actual, debido al impacto que tendría sobre el poder adquisitivo y la actividad económica.
“En una economía oligopólica como la mexicana y la yucateca, cuando se le pone un impuesto al consumo la carga automáticamente la lleva el consumidor”, subraya.
Y en este caso, considera, los sectores de menores ingresos serían los más afectados porque destinan prácticamente todo su ingreso al consumo.
El efecto, agrega, podría extenderse al resto de la economía, ya que una menor capacidad de compra puede reducir la demanda y, posteriormente, la producción.
“Eso podía detonar una baja demanda que conllevaría una baja producción y puede redundar en una caída económica”, afirma.
Por ello, considera que no es un buen momento para aplicar nuevos impuestos al consumo con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas porque la economía está creciendo lentamente.
“Y si tú le pones presión, la puedes desfondar y entonces, en lugar de fortalecer tus finanzas, va a venir doblemente, vuelven a caer tus finanzas y cae tu economía”, concluye el doctor Rodríguez.
