Diputados de oposición exigen al gobierno de Yucatán transparentar la compra de terrenos que posteriormente fueron donados a la empresa Tren Maya, al advertir inconsistencias en los montos de las operaciones.
Además, cuestionan que recursos estatales se utilicen para atender una obra de carácter federal.
El coordinador de la bancada del PAN, Roger Torres Peniche, señala que los documentos conocidos hasta ahora presentan diferencias que deben ser aclaradas por el gobierno estatal y el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (Inccopy).
“No estamos cuestionando para qué se donaron los terrenos; estamos preguntando cómo los compró el gobierno. Hay cifras que no cuadran y operaciones por cientos de millones de pesos que deben explicarse, con escrituras, avalúos y comprobantes de pago”.
“Si hubo sobreprecio o daño al patrimonio de los yucatecos, entonces habrá que llegar hasta las últimas consecuencias”.
Torres Peniche subraya que en documentos registrales aparece una cifra de 2,418 millones de pesos (mdp) relacionada con una operación con un particular, mientras que otro documento establece un esquema de pagos que suma unos 243 mdp.
“Existe un documento registral que consigna esa cifra y por supuesto es gravísimo que aparezca, pero existe otro dato dentro de la misma operación cuyo calendario de pagos suma alrededor de 243 millones”, dice.
El legislador panista refiere que esta diferencia no permite, por sí sola, concluir que el gobierno haya pagado 2,418 mdp, por lo que considera necesario conocer las escrituras completas, comprobantes de pago y registros contables.
También cuestiona el precio de adquisición de seis terrenos ubicados en San Antonio Poxilá, que fueron comprados por el gobierno a 260 pesos el metro cuadrado (m2), mientras que sus cédulas registran valores catastrales de 50 o 100 pesos por m2.
Esta diferencia no demuestra por sí misma la existencia de un sobreprecio, expone, debido a que el valor catastral y el comercial son distintos, pero insiste en que deben conocerse los avalúos que sustentaron las adquisiciones.
“Si las operaciones fueron correctas, el gobierno puede aclararlo fácilmente: que entregue las escrituras completas, los avalúos, las autorizaciones, los comprobantes de pago y las pólizas contables”.
El diputado panista agrega que, si de la revisión documental surge evidencia de sobreprecio, beneficio indebido o daño al patrimonio estatal, deberán presentarse las denuncias ante las autoridades competentes.
Desmantelar el presupuesto de Yucatán
El presidente estatal del PRI, Gaspar Quintal Parra, cuestiona que el gobierno de Yucatán destine recursos estatales a terrenos que serán usados para infraestructura de un proyecto federal.
“Nuestra postura es firme, no se vale desmantelar el presupuesto de Yucatán para cubrir responsabilidades financieras que le corresponden 100% a la Federación”, expresa.
“El Tren Maya es un proyecto federal con presupuesto y asignaciones específicas aprobadas por el Congreso de la Unión”.
“Que el gobierno del Estado destine miles de millones de pesos del dinero de los yucatecos para comprar predios a particulares y luego regalarlos a la Federación no es colaboración institucional; es una subordinación política financiera que debilita el patrimonio local”.
El priista considera injustificable la utilización de recursos estatales para este propósito, y relaciona la operación con el empréstito de hasta 1,562 mdp autorizado recientemente por el Congreso del Estado para el Plan Bienestar Metropolitano.
“Acaban de hacer un préstamo de 1,500 millones de pesos que pudo evitarse. En lugar de ello regalan 2,400 millones. Es un absurdo financiero que endeudó a 15 años el futuro de los jóvenes de Yucatán. Por eso voté en contra de ese préstamo escandalosamente injustificado”.
Un presupuesto para otras necesidades
Quintal Parra señala que con recursos de esa magnitud podrían atenderse necesidades estatales como salud, transporte, agua potable, apoyo a pequeñas empresas y equipamiento de las policías municipales.
Además, demanda que se haga pública la documentación relacionada con las operaciones, incluidos avalúos, contratos de compraventa, escrituras, origen de los recursos y convenios con Tren Maya S.A. de C.V.
“Exigimos la apertura total del expediente. Por eso voté en contra de esa donación oscura en la que no se presentó ningún tipo de información. No aceptamos cheques en blanco ni operaciones en la sombra”.
El diputado priista también plantea que la Auditoría Superior del Estado y las comisiones correspondientes del Congreso revisen si existió sobreprecio o alguna alteración de los valores de mercado.
“El Congreso del Estado debe actuar como un contrapeso real. No una oficina de trámites de Morena”, señala.
El legislador propone tres medidas concretas:
- 1.— Un blindaje presupuestal expreso mediante reformas a la legislación fiscal y patrimonial para prohibir que recursos estatales se destinen a la adquisición de inmuebles o infraestructura de competencia federal exclusiva sin una compensación equivalente.
- 2.— La integración de una Comisión Especial de Fiscalización en el Congreso que dé seguimiento auditor a cada convenio de donación o enajenación de bienes públicos.
- 3.— La inclusión de cláusulas de reversión patrimonial que garanticen que, ante cualquier incumplimiento o cambio en el uso de los terrenos donados, la propiedad regrese de manera automática al patrimonio del estado de Yucatán.
Sobre el mismo tema también se buscó la postura de la bancada de Movimiento Ciudadano y Morena, esta última no respondió de ninguna manera.
La diputada Larissa Acosta, de Movimiento Ciudadano, coincide con los líderes de bancada del PAN y PRI sobre el rechazo de que se comprometan recursos y patrimonio de Yucatán para financiar un proyecto federal.
Según afirma la diputada dicho proyecto antes de cualquier beneficio ha devastado la selva y comunidades; adicional. Además indica que no hay una explicación clara de por qué el estado debe asumir ese costo y qué beneficio concreto recibirá la ciudadanía.
“El dinero público tiene que responder primero a las necesidades de las personas, antes de destinarlo a comprar terrenos que después se entregarán a la Federación, el gobierno del Estado debe explicar por qué esa inversión debe salir del bolsillo de las y los yucatecos”, afirmó.
“Con la información disponible, no encontramos justificación para que Yucatán asuma este gasto, la compra de los seis terrenos donados al Tren Maya representó más de 125 millones de pesos, estamos hablando de recursos públicos que deben responder a las necesidades de las y los yucatecos. Gobernar también es decidir qué se atiende primero, estos recursos deberían priorizar la salud, el transporte público, la seguridad y la infraestructura de agua. El gobierno tiene que explicar por qué decidió asumir este compromiso, mientras que para resolver los problemas del Estado piden que contraigamos más deuda.”
Adicional, informó que exigirán se hagan públicos los avalúos, contratos, escrituras, dictámenes técnicos, montos pagados y el origen de los recursos.
Desde el Congreso, afirma, lo primero será exigir que se cumplan los compromisos hechos con Yucatán. La presidenta ofreció apoyar al estado para atender, entre otras necesidades, los problemas de suministro de agua en Mérida. Desde el Congreso debemos pedir claridad sobre cómo se está cumpliendo ese compromiso: cuánto aportará la Federación, cuándo y en qué obras se verá reflejado.
El Congreso debe cuidar ese equilibrio y exigir cuentas antes de autorizar nuevos compromisos. No podemos dar por suficiente un anuncio de apoyo mientras a la ciudadanía se le plantea más deuda para resolver lo indispensable.
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