El racismo ambiental está presente en América Latina, y Yucatán es un ejemplo de este tipo de racismo, que se manifiesta en el despojo del territorio a las comunidades indígenas, en el escaso o nulo interés de las autoridades por apoyarlos y hacer valer la ley ante conflictos que enfrentan contra grandes empresas que dañan el entorno, y en otros varios aspectos que se puntualizaron en una mesa panel que se realizó ayer viernes en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (Cephcis) de la UNAM.
¿Podemos hablar de racismo ambiental en América Latina? ¿Qué tan pertinente es este concepto para comprender las desigualdades ambientales en México y Yucatán?, fueron las preguntas que motivaron el diálogo en la mesa panel.
Jimena Rodríguez Pavón, antropóloga social, fue una de las participantes en este encuentro, con el que se quiso traer a la mesa la discusión del racismo y xenofobia a la realidad del territorio en la península de Yucatán.
Consideró que es importante incluir la perspectiva del racismo y de la racialización para comprender los procesos de despojo y proliferación de distintos tipos de megaproyectos en los territorios, y habló de las lógicas racistas de inferiorización del pueblo maya, de sus modos de vida y de su relación con el medio ambiente, lo que se vincula con la racialización histórica de sus territorios como prescindibles, vacíos, ociosos, supuestamente necesitados de integrarse al progreso y al desarrollo.
Evidencias del racismo ambiental
“Vemos estas lógicas racistas en gran cantidad de proyectos, de políticas públicas, discursos desarrollistas y en formas de discriminación concreta, que se dan en parte del Estado y también de otros agentes, otros actores que vulneran los derechos del pueblo maya a la consulta, a la salud, al medio ambiente sano, a la vivienda, a la equidad intergeneracional, entre muchos otros derechos”, dijo.
Sobre el racismo ambiental, explicó que es un concepto que tiene sus orígenes en los Estados Unidos y en una realidad socio-histórica que es muy diferente a los países de América Latina, que tiene otras lógicas de racialización y otras experiencias de racismo, pero no por ello no se puede usar en México este concepto, aunque se da de otra manera en el país.
¿Cómo se construye el racismo ambiental en México?
Además dijo que en el país la desigualdad se construye no solo sobre el factor de raza, sino también sobre su estrecha relación con la clase y otras matrices de opresión”.
También se tuvo la participación de Josiane Soares Santos, investigadora de la Universidad de Río Grande del Norte de Brasil, quien planteó cómo el racismo ambiental se vive en el territorio de América Latina, al igual que en Estados Unidos, aunque en ese país de una manera diferente.
Segregación y jerarquización
Señaló que en los países de Latinoamérica el racismo se expresa con segregación y con jerarquización.
Wilberth Alfonso Nahuat Puc, comisario municipal de Santa María Chi, ejemplificó cómo ocurre el racismo ambiental, al compartir todos los problemas que han enfrentado en esa comunidad a raíz de la instalación de una megagranja de más de 49,000 animales, la cual lograron que se cerrara luego de cuatro años de lucha, amenazas y desinterés y trabas por parte de las autoridades.
Precisó que Santa María Chi es una comunidad de aproximadamente 500 personas, las cuales durante muchísimos años convivieron con la citada granja, lo cual derivó en un gran costo ambiental.
Planteó que la citada comisaría está en una zona de influencia de la reserva estatal hidrológica de cenotes, por lo que es un área natural protegida, cuya relevancia ambiental e hidrológica se relaciona directamente con la protección del agua, la salud medio ambiente, el territorio de las comunidades. Y pese a ello, fue larga y ardua lucha para que les hicieran caso y se cerraran las instalaciones.
“Hemos vivido múltiples situaciones desde la discriminación de las dependencias del municipio, del cual dependemos, del gobierno del Estado anterior y el actual, y también a nivel federal. Sabemos que las empresas de este tipo tienen una protección política, económica y empresarial”.
Enfermedades de habitantes de una comisaría
Habló de las enfermedades que sufrieron los habitantes de la comisaría, de la grave contaminación al manto freático, que mediante estudios químicos comprobaron que tenía residuos fecales, y no era apta ni siquiera para los animales o regar, lo cual es un grave problema para la comunidad.
Por su parte, Roberto Miguel Sánchez Campos, abogado e integrante de la organización Kanan Derechos Humanos, planteó desde el punto de vista jurídico las constantes omisiones de las autoridades ante los casos de racismo ambiental, y el irrespeto a la Constitución, al incurrir en la discriminación racial.
Rodrigo Llanes Salazar, antropólogo social, cerró las intervenciones de la mesa, quien hizo referencia a un artículo que se publicó en 1999 y que habla sobre granjas y la imposibilidad de que no contaminen, debido al espesor del suelo de Yucatán que varía desde cero hasta varios centímetros, y da como única opción viable reubicarlas, fuera del anillo de cenotes, lo cual no se hizo.
Cuestionó si la imposibilidad de que las granjas no contaminen se debe a una falta de voluntad política y económica, al considerar que debe ser técnicamente posible hacerlo.
Ejemplo de caso de racismo ambiental
Y ejemplificó como un caso de racismo ambiental que en el artículo se haya propuesto que las granjas se instalen en pequeñas comunidades para que sean menos los afectados.
También habló de que no se puede separar la dimensión de clase de la dimensión racial o étnica en discusiones de este tipo, sobre todo cuando sectores empresariales y autoridades, no están generalmente pensando en las comunidades mayas o los pueblos indígenas cuando se crean obras de gran magnitud.
Panel / Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales
Ayer se realizó una mesa panel acerca del racismo ambiental en el Cephcis de la UNAM.
Investigaciones
La antropóloga y profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán Eugenia Iturriaga Acevedo, una de las panelistas, contó que en 2007 inició sus investigaciones sobre el racismo en México y en Yucatán, en un momento en el que hablar de este tema aún era un tabú, por lo que hablar de racismo en Yucatán hacia el pueblo maya generó rechazo, incomodidad y en algunos sectores de la población bastante enojo.
Convenio
Recordó que en 1990, México ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumento que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus instituciones, culturas territorios, formas de vida y obliga a los estados nacionales a consultarlos cuando se adopten medidas que puedan afectarlos; y en 1992 la Constitución mexicana se reformó para reconocer que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas.
Contradicción
Sin embargo, de manera contradictoria y en paralelo a ese reconocimiento se reformó también el artículo 27 constitucional permitiendo la privatización y mercantilización de la tierra indígena, lo cual ha afectado la base material de la vida comunitaria de los diversos pueblos indígenas en el país.
Sofisticación
“El multiculturalismo de Estado no significó, entonces, el fin del racismo hacia los pueblos indígenas, sino quizá la emergencia de una forma adicional más sofisticada de desigualdad. Una que reconoce culturalmente a los pueblos indígenas mientras erosiona en la práctica las condiciones materiales necesarias para el ejercicio definitivo de esos derechos”, apuntó.
Industria
Subrayó que en el caso de los megaproyectos y la expansión de la industria cárnica en territorios mayas ilustra cómo se privilegian intereses económicos bajo el lenguaje del desarrollo, aún cuando existan riesgos ambientales y afectaciones a la salud.
Pueblo maya
“Estos megaproyectos se han desarrollado violando los derechos del pueblo maya, sin consultas previas, libres, informadas y culturalmente adecuada”.