Los diputados del PAN y del PRI, Álvaro Cetina Puerto y Gaspar Quintal Parra, expusieron en la tribuna del Congreso del Estado la dudosa operación inmobiliaria del actual gobierno estatal y del riesgo que las fallas en la atención de la salud llegue a una crisis humanitaria en Yucatán.
Como suele ocurrir cada vez que algún diputado de oposición critica al gobierno de Morena, el diputado Alejandro Cuevas Mena responde, descalifica las acusaciones y trae al presente acciones de mal gobierno del PAN y del PRI. Pero en esta ocasión su compañera de bancada, Clara Paola Rosales Montiel, aprovechó el tema de las lluvias para denunciar la falta de atención del Ayuntamiento de Mérida a 23 solicitudes de construcción de pozos pluviales para resolver problemas de inundaciones en las colonias del sur de la ciudad.
La sesión ordinaria empezó con dos horas de retraso, estaba programada a las 2 de la tarde y se inició a las 4, pero fue ágil al principio, hasta que llegó el punto de Asuntos Generales donde se presentan iniciativas, acuerdos y posicionamientos sobre diversos temas.
Crisis de salud
El diputado priista Quintal Parra presentó un punto de acuerdo para que el Congreso exhorte a las autoridades estatales y federales en materia de salud para que atiendan la crisis de efectividad del derecho a la salud, principalmente en atención al desabasto de medicamentos, garantía de tratamientos con el personal suficiente y que transparenten la transición del Hospital Materno Infantil del gobierno del Estado al IMSS.
Precisó que Yucatán no vive una crisis humanitaria todavía, sino que hay elementos de alerta y señales graves que se deben de atender para evitar que llegue a ese grado. Y puso como sustento las manifestaciones de los trabajadores del IMSS que denuncian falta de medicamentos e insumos, mejores condiciones de trabajo, mejor atención a los pacientes, y la cifra del Inegi de que 619,700 personas de Yucatán, el 26.1% de la población, no tiene acceso a los servicios de salud, que es un derecho humano. Además, el propio coordinador estatal del IMSS Bienestar, Juan Carlos Arana Reyes, reconoció que hay desabasto de medicamentos, un niño de Holcá, Espita, acudió a un amparo para recibir medicamento y hasta hoy no se sabe qué ha pasado con los servicios que ofrecía el Hospital Materno Infantil a mujeres embarazadas y recién nacidos.
El diputado solicita un diagnóstico de carencias en todo Yucatán, un plan público de atención con responsables, recursos, fechas y metas, la instalación de una mesa de diálogo entre personal de salud y pacientes, la intervención de la Codhey y claridad en el caso del Hospital Materno Infantil.
“La alerta está frente a nosotros”, advirtió. Su propuesta fue aprobada y pasó la mesa directiva para segunda lectura.
Álvaro Cetina sí fue directo al gobernador Joaquín Díaz Mena y le dijo que si quiere ser bondadoso con la Federación que done de sus ranchos, que no sea bondadoso con el patrimonio de los yucatecos porque no ganan nada a cambio.
“Aprovechando esto de los terrenos, chequé la declaración patrimonial del gobernador y la parte de bienes inmuebles sale como información confidencial”, recalcó el diputado panista. “Donar y ser generoso no significa que esté trabajando por Yucatán”.
Cetina Puerto dijo que al gobernador le resulta fácil ser generoso cuando la cuenta la pagan los yucatecos. Que es fácil comprar terrenos a precios millonarios y entregarlos a la Federación para quedar bien, pero le carga la cuenta a las familias y compra terrenos a cifras desorbitantes, la solución a problemas reales en la salud y los apagones siguen sin llegar.
Recordó que medios de comunicación realizaron investigaciones que reveló que terrenos de Poxilá fueron adquiridos por más de 2,418 millones de pesos y ante esta polémica, el gobierno hizo una rectificación y aceptó que esas tierras las compraron en 245 millones.
“Hubo un error de dedo por más de 2 mil millones. El mismo gobierno reconoce las compras de terrenos por 627 millones y tambien informa sobre seis predios con un valor de 125 millones que fueron donados para el tren maya, pero aquí empiezan a surgir varias preguntas”, expuso. “Cuánto pagamos realmente, quién fijó el precio, dónde está el avaluó, qué ganamos los yucatecos con entregar el patrimonio a la federación”.
“El gobierno en vez de aclarar las dudas, salió a descalificar a los medios, no aclara la situación”, siguió su exposición. “Los medios tienen derecho a investigar y la ciudadanía tiene derecho a preguntar y el gobernador tiene el derecho de responder. Ese dinero tiene dueño, es de las familias que se levantan temprano, que chapean, que pagan sus impuestos y sacan adelante a Yucatán”.
Cetina Puerto pidió al gobernador Díaz Mena que con la misma urgencia como entrega el patrimonio a la Federación, así exija medicinas, mantenimiento de los hospitales, porque mientras él regala, los trabajadores del IMSS salieron a protestar porque no hay medicamentos, insumos y no hay condiciones para atender a los pacientes.
Mientras el gobernador entrega el patrimonio de los yucatecos, el techo del hospital de Alta Especialidad se desploma su techo y deseó que con la misma urgencia de la donación de los terrenos gestione mayor inversión para resolver los problemas de la electricidad y que baje la tarifa eléctrica. Además, exigió que el gobierno estatal publique el expediente completo de la operación inmobiliaria con un particular.
De inmediato, el diputado de Morena, Alejandro Cuevas, respondió con el recordatorio que el HRAE lo construyó Fox, lo inauguró Calderón, y en la administración del gobernador Vila Dosal la gente moría a las puertas del Hospital O’Horán porque no quiso firmar el convenio de salud con el gobierno federal.
Luego se refirió a los terrenos de Poxilá y repitió en varias ocasiones que el gobierno solo donó 56.5 hectáreas del total de 290 hectáreas, por lo que más del 80% de esa reserva es patrimonio estatal para futuros proyectos estratégicos. Y la donación de esa tierra al Tren Maya generará una inversión de 25,000 millones de la Federación en esa infraestructura ferroviaria.
El diputado Cuevas Mena dijo que la operación cumplió con los avalúos y el valor lo determinaron notarios valuadores que creó el gobernador Vila Dosal.
Quiso descalificar la cifra de 2,418 millones que aparece en un documento oficial del Registro Público de la Propiedad sobre la operación de compra venta de terrenos con el argumento que esa cantidad se tomó de un documento registral y para analizar la operación completa se debió revisar y analizar toda la operación. Sin embargo, no explicó por qué tardó mucho tiempo el gobierno para hacer la rectificación de la cifra aparentemente correcta.
“Sobre los 2,400 millones que es el principal argumento que utilizan. Esa cantidad no corresponde al terreno donado al tren maya y menos por los terrenos adquiridos”, señaló. “Se ha querido presentar los 2,418 millones como pagados, eso es mentira. Basta revisar la información, los pagos detallados y la suma aproximada es de 243 millones, no 2,418 millones. Las dos operaciones fueron por 627 millones por las 290 hectáreas, no por los terrenos que se donaron. Los terrenos donados y la operación fue por 125 millones, de ese tamaño es la mentira. Esto me recuerda un chiste de la culebrita, que otro día se los contaré”.
“No es correcto tomar una cifra en un documento registral. Cada operación inmobiliaria debe analizarse conforme a los documentos. La diferencia de cifras y la información oficial disponible, no acredita que haya desvío de recursos o que fueron adquiridos para favorecer a algún particular. Les quieren confundir, no es un acto de corrupción, lo que existe son cuestionamientos políticos en vísperas del proceso electoral. La oposición busca conflictos donde no lo hay”.
Para rematar sus descalificaciones, Cuevas Mena se refirió veladamente al gobierno de la entonces priista Ivonne Ortega Pacheco por el tren bala, obras inconclusas abandonados en el monte y oficinas donde daban órdenes para la agresión.
Y en los gobiernos panistas, en referencia a la administración de Vila Dosal, no había empresarios consentivos que recibían concesiones.
También desmintió que el Ayuntamiento de Mérida decida no aumentar el impuesto predial. No lo hace, porque la bancada mayoritaria de Morena no le aprobó el aumento del 11% que pretendía hace tres años y como perdió la controversia ante la Suprema Corte de Justicia, la alcaldesa se ve obligada a no subir este impuesto.
Carna ahumada de Temozón
En la prolongada sesión ordinaria, los diputados aprobaron por unanimidad la declaratoria de la carne ahumada de Temozón como gastronomía emblemática y tradicional, aprobaron reformas al Código Penal que castiga el transfeminicidio con 35 a 70 años de prisión; sanciones para quien no cumpla con la entrega-recepción en los cambios de la administración pública, respeto a la dignidad póstuma como la prohibición de imagénes y videos de personas fallecidas; y el abandono de personas lesionadas en accidentes de tránsito.
También aprobaron el proyecto de presupuesto del Poder Legislativo para 2027 que en total será de $355 millones 454 mil 837, repartidos en el Congreso y la Auditoría Superior del Estado, que tiene asignado $125 millones 37 mil 172 pesos.
Cinco diputados presentaron iniciativas, destacando la de Naomi Peniche López, del partido Morena, que propone la creación de un sistema estatal y municipal de redes de vida para la atención del suicidio para el reforzamiento de la estrategia Aliados por la Vida porque este modelo de atención de la salud mental disminuyó un 24% el número de suicidios al pasar de 331 en 2024 a 252 en 2025.
Edith Trujeque Jiménez propuso el reconocimiento de la figura guía-sombra o docente de acompañamiento para niños con discapacidad o condiciones de neurodivergencia en las escuelas; la diputada Neyda Pat Dzul propuso la declaratoria de la alfarería de Ticul como patrimonio cultural intangible e inmaterial.
Los diputados del PAN, Rafael Montalvo Mata presentó la iniciativa para que estudiantes de zonas rurales tengan acceso al transporte público y su compañero Marco Pasos Tec propone la creación de los primeros auxilios psicológicos para la detección y atención inmediata de problemas de salud mental.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Larissa Acosta Escalante, presentó una iniciativa para fortalecer la atención a la diversidad sexual y de género desde los ayuntamientos.
Otras iniciativas pasaron a comisiones para su estudio, discusión y dictamen