El incremento de 17.8% al Derecho de No Residente (DNR), aprobado por la Cámara de Diputados como parte de la Ley Federal de Derechos para 2027, sería una embestida al turismo, podría restar competitividad a México frente a otros destinos turísticos internacionales.
Jordy Abraham Martínez, presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (Cetur), señala que el cobro pasaría de $983 a $1,158 lo que encarece la llegada de visitantes internacionales en un momento en que destinos como Cancún y Tulum enfrentan dificultades por con el sargazo y la inseguridad.
“Nuestra preocupación es que México, pues, está tomando decisiones que podrían restarle competitividad frente a otros destinos turísticos internacionales”, expresa el presidente del Cetur en entrevista con el Diario.
El 13 de octubre, con el voto de Morena y aliados, la Cámara Baja aprobó en lo particular el dictamen de la Ley Federal de Derechos 2027, que contempla incrementos en servicios del Estado. La oposición rechazó las medidas al considerar excesivos los nuevos cobros.
Abraham Martínez dice que esa disposición podría afectar al sector, pues los turistas, al elegir dónde vacacionar, toman en cuenta no solo los atractivos naturales y culturales, la gastronomía y la conectividad aérea, sino también las facilidades migratorias y el costo total del viaje.
“No se trata solo de $175 adicionales, se trata de una política que debemos analizar en conjunto con todos los demás costos que enfrenta el visitante. Si queremos más competitividad, necesitamos facilitar la llegada de turistas y no encarecerla”, afirma.
Como ejemplo, menciona a Turquía, que permite a los ciudadanos estadounidenses ingresar sin visa por estancias de hasta 90 días y no establece un derecho general de ingreso equivalente al DNR mexicano.
El presidente de Cetur destaca que el impacto potencial de estas decisiones es especialmente relevante para Yucatán, donde, señala, el turismo representa aproximadamente 16% del producto interno bruto estatal. A nivel nacional, añade, la actividad representa 8.7% del PIB.
Por ello, advierte que una disminución en la llegada de visitantes no afectaría solamente a los hoteles, sino también a restaurantes, agencias de viajes, transportistas, guías turísticos, pequeños comercios y familias que dependen directa o indirectamente de esta actividad.
El dirigente también cuestiona el destino previsto para los recursos recaudados mediante el derecho. De acuerdo con la propuesta legislativa, 57% se asignaría a la Secretaría de la Defensa Nacional, 15% al Instituto Nacional de Migración y el 28% restante a la Tesorería de la Federación.
A su juicio, la distribución no garantiza recursos específicos para la promoción turística internacional, a diferencia de lo que ocurría cuando el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) recibía fondos para posicionar al país en mercados extranjeros.
“Nos encontramos en esa situación preocupante porque pues pretendemos cobrar más a los visitantes internacionales, pero no estamos garantizando una inversión específica a esta recaudación para traer a nuevos turistas”.
Aclara que el sector no se opone a la modernización de los servicios migratorios, pero considera necesario acompañar las mejoras en aeropuertos y procesos de ingreso con una estrategia permanente de promoción turística.
El presidente de Cetur también señala que el incremento podría complicar la competencia con destinos del Caribe, particularmente República Dominicana, donde, afirma, los visitantes encuentran facilidades que pueden resultar atractivas frente a los costos de viajar a México.
“Cancún, Tulum, estamos viendo que tienen baja considerable turísticamente hablando. Con este incremento, pues peor, o sea, tenemos el tema del sargazo. Tenemos el tema de la inseguridad que ya sabemos que se vive allá desde hace tiempo y ahora con esto no ayuda en absolutamente nada”, señala.
Añade que Yucatán tiene interés en el comportamiento del turismo que llega a Cancún, debido a que ese destino funciona como una de las principales puertas de entrada de visitantes internacionales que pueden desplazarse posteriormente a otros puntos de la península.
Por ello, insiste en que las decisiones sobre los cobros a los viajeros deben considerar sus posibles efectos en toda la cadena turística y acompañarse de medidas que permitan mantener la llegada de visitantes y la presencia de México en los mercados internacionales.