La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos genera críticas por las dificultades que implica su aplicación en un país con profundas desigualdades económicas y tecnológicas.
Aunque la legislación busca reducir gradualmente la dependencia del efectivo, su implementación podría generar exclusión social entre adultos mayores, habitantes de comunidades rurales y trabajadores informales que dependen del dinero físico para sus actividades cotidianas.
La dependencia tecnológica, riesgos de ciberseguridad y un mayor control fiscal sobre las operaciones financieras de los ciudadanos también generan dudas.
Campo y litoral
En Yucatán, dos de los sectores más vulnerables ante los alcances de esta legislación son el agropecuario y el pesquero, particularmente en las zonas rurales y costeras.
Las actividades primarias del estado, como la producción citrícola en el sur, la ganadería y la pesca en el litoral, operan en muchos casos lejos de la infraestructura bancaria.
El pago a jornaleros y pescadores, así como la compraventa de insumos a pie de huerto o en puertos de abrigo, se realiza de mano en mano. La falta de sucursales bancarias y de cobertura confiable de telefonía móvil en comunidades apartadas es un obstáculo para cualquier intento de digitalización forzosa.
Oficios del hogar
Otro sector que podría resentir los cambios es el de los servicios de cuidado y los oficios del hogar.
Miles de personas en Yucatán se dedican al trabajo doméstico, la jardinería, la albañilería independiente y el mantenimiento. Sus ingresos forman parte de la economía informal y son su sustento inmediato.
La bancarización de estos movimientos de dinero obligaría a modificar las dinámicas de pago semanales y expondría a un sector históricamente vulnerable a las dificultades administrativas de abrir y mantener cuentas digitales.
Gasolineras sin terminal
Las estaciones de servicio ilustran las diferencias en la adopción de medios electrónicos de pago.
Aunque muchas gasolineras cuentan con terminales bancarias para recibir tarjetas de crédito y débito, no todas las del interior de Yucatán están preparadas para operar bajo este esquema. En Mérida, la disponibilidad de terminales es prácticamente generalizada, mientras que en comunidades rurales y localidades apartadas el efectivo conserva mayor presencia por las limitaciones de conectividad e infraestructura bancaria.
No existe un porcentaje oficial para Yucatán que desglose las compras de gasolina pagadas con tarjetas de crédito o débito.
Sin embargo, los datos generales sobre medios de pago en estaciones de servicio en México indican que entre 47 y 48 por ciento de las transacciones aún se realizan en efectivo, mientras que las tarjetas concentran entre 52 y 53 por ciento.
Pagos y fisco
El uso de estos instrumentos ha aumentado, impulsado por programas de reducción de comisiones bancarias promovidos por el gobierno federal y la Asociación de Bancos de México.
En Yucatán, los pagos electrónicos para la compra de combustibles son comunes, sobre todo en zonas urbanas como Mérida y entre quienes requieren deducir fiscalmente sus gastos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La legislación fiscal mexicana establece que las compras de gasolina mayores a 2,000 pesos deben realizarse mediante medios electrónicos o instrumentos bancarios autorizados. También existen requisitos específicos para quienes buscan deducir estos gastos como parte de sus actividades empresariales.
Brecha
La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo y las asociaciones de gasolineros locales reportan diferencias entre las zonas urbanas y rurales en la adopción de terminales punto de venta.
Esta situación refleja una brecha de bancarización entre las capitales y zonas turísticas, donde el pago digital es cada vez más habitual, y los municipios rurales, donde persisten limitaciones para adoptar estos mecanismos.
La expansión de los pagos electrónicos y la banca móvil puede dejar fuera del sistema financiero a quienes carecen de infraestructura tecnológica, conectividad o conocimientos digitales. Estos son los grupos que enfrentan mayores dificultades.
Grupos vulnerables
Los adultos mayores, en su mayoría, no están familiarizados con los teléfonos inteligentes ni con las aplicaciones bancarias, y prefieren el dinero físico por temor a fraudes o errores operativos. La reducción de sucursales bancarias tradicionales puede dejarlos sin canales accesibles para gestionar sus recursos.
En las zonas rurales y aisladas, la falta de redes móviles estables y de acceso a internet impide utilizar herramientas de pago en línea. En comunidades pequeñas, numerosos negocios no cuentan con terminales bancarias ni aceptan transferencias, y la escasez de cajeros automáticos dificulta la transición hacia los medios digitales.
El comercio ambulante, los servicios domésticos y los jornaleros operan principalmente con efectivo. El precio de los teléfonos inteligentes, los planes de datos móviles y las comisiones bancarias puede ser un gasto difícil de asumir.