Organizaciones civiles comprometidas con la lucha contra la corrupción y la impunidad presentaron en Mérida la plataforma datos.contralacorrupcion.mx, que permite consultar cuentas y contratos del gobierno estatal de Yucatán y demuestra que los últimos años de la administración del panista Mauricio Vila Dosal, así como el primero del actual mandatario Joaquín Díaz Mena, no son tan transparentes como se afirma.
Una revisión de las contrataciones públicas del gobierno de Yucatán entre 2019 y 2025 identificó 8,511 contratos por un monto de 20,363 millones de pesos (mdp), además de registros incompletos, documentos faltantes y diferencias entre las cifras publicadas y los contratos originales, informó Luis Javier Moreno Benjumea, coordinador de Política Colectiva.
La plataforma, de acceso gratuito, permite consultar, proveedor por proveedor, los contratos publicados por 19 instituciones de Yucatán entre 2019 y 2025, además de información similar de Jalisco, los dos primeros estados incluidos en el proyecto.
Según Leonardo Núñez González, jefe de la Unidad de Investigación Aplicada, se prevé integrar a todas las entidades del país en los próximos meses.
Tras la huella del dinero en Yucatán
La presentación antecedió a una mesa panel sobre corrupción, en la que participaron Lizbeth Estrada Osorio, coordinadora de Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra); Rubén Arjona Ortiz, auditor superior del Estado, y Lucio de Jesús Uc Heredia, catedrático de la Facultad de Economía de la Uady y especialista en lavado de dinero.
La conferencia se tituló “Tras la huella de nuestro dinero en Yucatán”, explicó Lizbeth Estrada, en alusión a lo que representa esta herramienta: permitirá conocer contratos, contratistas, obras y montos pagados.
Sin embargo, advirtió, existe una dificultad inicial, pues el gobierno estatal no cuenta con un espacio donde se concentre toda esta información.
Incompleta información sobre contrataciones públicas de Yucatán
La información sobre contrataciones públicas de Yucatán sigue incompleta, tanto en los últimos años de la administración pasada como en el primer año de la actual, explicó Moreno Benjumea.
Aunque la plataforma permite constatar que las compras se realizaron, la falta de datos dificulta saber quién recibió los contratos y bajo qué condiciones.
“Lo que hemos encontrado es que hay fallas en algunos procesos de transparencia que ha dado el gobierno en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)”.
“Por ejemplo, encontramos que hay muchos registros de compras en los que no se establecen proveedores o en los que no se establece el contrato para acceder a él. Es decir, no hay enlaces para conocer los contratos, es grave, complica la transparencia”, señaló.
El investigador consideró problemático que, si bien existe constancia de que las compras ocurrieron, falte información en los registros alojados en la PNT.
Sólo la SSY tiene página propia
Según el análisis, solo los Servicios de Salud de Yucatán cuentan con una página propia con información de sus contratos y pagos.
De los 20,363 mdp contratados, 16,583 mdp correspondieron a la administración centralizada y 3,779 mdp a Servicios de Salud.
En la administración centralizada, alrededor del 25% del monto contratado, equivalente a 4,264 mdp, se adjudicó de manera directa.
El 73.5%; es decir 12,180 mdp, se asignó mediante licitación pública, y las licitaciones restringidas a tres proveedores representaron 131 mdp, el 0.8%.
No obstante, al contar los contratos y no los montos, la adjudicación directa fue el mecanismo más frecuente: 6,222 contratos, el 84.6% de los registrados para la administración centralizada. Las licitaciones públicas sumaron 956 contratos y las restringidas, 177.
Problemas para acceder a documentos y datos
Los investigadores también reportaron problemas para acceder a documentos y datos de proveedores.
En la revisión individual de unos 735 contratos, corrigieron al menos 194 montos al compararlos con los documentos originales.
Además, algunos registros carecían de enlace al contrato o de información suficiente sobre el proveedor.
Documentos en la nube
Parte de los documentos proporcionados por las dependencias estaba alojada en servicios privados de almacenamiento, como Google Drive, Dropbox y OneDrive, en lugar de sistemas institucionales, expuso Moreno Benjumea.
Algunas áreas remitieron a los investigadores a la PNT, donde se les informó que la información está incompleta, y otras reportaron no tener contratos que entregar, añadió.
Núñez González citó el caso de la Secretaría de la Mujer, cuyos contratos, cuentas y demás información se encuentran únicamente en ligas de Google Drive, con el riesgo de que, si ese espacio desaparece, se pierda todo.
De las 19 instituciones estatales preseleccionadas para la revisión, llamó la atención la Secretaría de Infraestructura, que en todo el periodo transparentó solo ocho contratos por 435,000 pesos, de un presupuesto de 20 mdp.
Ello no significa que el 100% del presupuesto debiera ir a contratos, apuntó, pero la dependencia se dedica principalmente a generar infraestructura. En 2025 solo hay un contrato transparentado, por 138,000 pesos.
Casi cero información
“No tenemos ninguna imagen realmente de cómo está gastando el Estado, y esto contrasta con lo que hay en otros estados, porque, como les decía, Jalisco tiene una plataforma específica para transparentar la información. Es un tema importante y una de las grandes ventanas a la corrupción; en este caso tenemos prácticamente cero información”, manifestó.
Toda esta información, con sus fallas, puede constatarse en la nueva plataforma, que además de ser gratuita facilita la búsqueda de datos del gobierno estatal que debieran ser públicos, indicó.
Transparencia / Asignatura pendiente
Cifras y estudios revelan que la transparencia estatal en México sigue pendiente.
Percepción de corrupción
México obtuvo 27 puntos de 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional y quedó en el lugar 141. Además, ocupa el último sitio entre los países de la OCDE y el penúltimo en el G20.
Víctimas de corrupción
Según la Encig 2025 del Inegi, 15.6% de quienes hicieron trámites, pagos o tuvieron contacto con alguna autoridad en 2025 atestiguó actos de corrupción. La tasa nacional fue de 15,642 víctimas por cada 100,000 habitantes.
Costo económico
La corrupción en trámites y servicios públicos generó un costo de 17,707.4 millones de pesos en 2025, 48.7% más que en 2023. En promedio, cada persona afectada perdió 3,865 pesos.
Incidencia en estados
Las tasas más altas de víctimas por cada 100,000 habitantes fueron las de Hidalgo (21,452), Oaxaca (20,330) y Sinaloa (19,836).
Caso Yucatán
La entidad es una de las cinco que registraron alza estadísticamente significativa en su tasa de víctimas. Esta pasó de 11,419 en 2023 a 15,570 en 2025, y los actos de corrupción subieron de 16,184 a 26,439 por cada 100,000 habitantes.
Percepción estatal
En 22 estados más del 80% de la población considera frecuentes los actos de corrupción.
POR DAVID DOMÍNGUEZ MASSA