Ante el debilitamiento de los organismos autónomos y de los mecanismos institucionales de vigilancia y rendición de cuentas, la sociedad civil representa el último contrapeso frente al poder político y la corrupción, manifiesta Leonardo Núñez González, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Sin embargo, de acuerdo con el analista político, la sociedad no debe ir sola. Requiere el acompañamiento del periodismo que investiga con rigor, documenta y exhibe los excesos y las fallas del poder.
“Tenemos que pensar en alianzas periodísticas, en alianzas que rompan un poco estas dinámicas”, subraya. “Los medios de comunicación son de los últimos tramos que alcanzan a resistir cuando todo colapsa”.
En amplia entrevista con el Diario, de la cual publicamos la primera parte ayer, Leonardo Núñez advierte que en México se han relajado los controles y deshabilitado instituciones encargadas de vigilar el ejercicio de los recursos públicos, al grado de que situaciones que antes podían encender las alertas ahora pasan inadvertidas.
“Creo que se ha democratizado la corrupción, paradójicamente”, declaró al señalar que, aunque no tiene elementos para asegurar que los montos involucrados sean mayores que en el pasado, sí observa condiciones que favorecen la impunidad.
En su opinión, se ha permitido que la administración pública sea utilizada por algunos “como si fuera un botín”, mientras las instituciones fiscalizadoras carecen de incentivos para desarrollar procesos rigurosos y transparentes de revisión de las cuentas gubernamentales.
En ese escenario, considera que la esperanza está en la participación ciudadana y en la capacidad de la sociedad para organizarse, investigar y exigir cuentas a sus autoridades.
“El único contrapeso que queda es la sociedad, que es indómita”, subraya.
Debilitamiento de las organizaciones civiles
Núñez González lamenta que durante los gobiernos de Morena se haya debilitado también a las organizaciones civiles, incluso a las enfocadas en la vigilancia, investigación y documentación de irregularidades en el ejercicio del poder.
“A la sociedad civil nos han pulverizado. Los que quedamos somos muy poquitos y no tendría que ser así”, deplora.
Sostiene que la vigilancia ciudadana no necesariamente se debe desarrollar mediante los partidos políticos, sino a partir del reconocimiento de la importancia de la sociedad civil como participante clave en los asuntos públicos.
La herramienta fundamental, añade, sigue siendo la misma: vigilar y documentar las irregularidades, tanto en el ámbito nacional como en los gobiernos estatales y municipales.
Sin embargo, reconoce que esa labor implica riesgos, como lo demuestra la violencia contra periodistas y activistas locales. Por eso considera indispensable fortalecer la solidaridad entre quienes investigan y denuncian posibles actos de corrupción.
A una pregunta sobre el discurso de cero tolerancia a la corrupción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director de Investigación Aplicada de MCCI indica que el combate a este flagelo no debería depender de la voluntad de quien ocupa la Presidencia de la República.
Incluso, dice que es equivocado un modelo en el que se atribuye al titular o la titular del Ejecutivo la responsabilidad de ordenar investigaciones, pues un sistema eficaz tendría que funcionar mediante instituciones independientes, capaces incluso de investigar al propio gobierno.
“La presidenta no tendría que decir nada de corrupción”, enfatiza. “La corrupción tendría que ser combatida por un entramado de instituciones que no deberían estar ni siquiera sujetas a su voluntad”.
Afirma que ni la Auditoría Superior de la Federación, ni las fiscalías deberían depender de instrucciones presidenciales para cumplir sus responsabilidades.
Discurso transexenal
A su juicio, la doctora Sheinbaum Pardo ha mantenido el discurso de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, de que la corrupción se combate mediante la voluntad presidencial.
“Un buen sistema que combate la corrupción tendría que ser capaz de procesar a su propio presidente o a su presidenta en caso de que eso sucediera”, sostiene. “Y hoy no tenemos un entramado que permita eso”.
Más adelante cuestiona el debilitamiento de la participación ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción, cuya creación representó un avance al incorporar a ciudadanos en los mecanismos institucionales de vigilancia.
Considera que ese propósito se ha desvirtuado y que actualmente la participación de la sociedad en el combate a la corrupción ha quedado reducida, en buena medida, a confiar en las autoridades.
Como parte de ese proceso de transformación institucional cita la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y los cambios del Poder Judicial.
Intereses privados
Presente en la entrevista, Luis Javier Moreno Benjumea, coordinador de la organización Política Colectiva, advierte que el análisis de la corrupción no debe limitarse a las responsabilidades de los funcionarios públicos, pues también intervienen intereses económicos y empresariales.
Pone énfasis en que existe una relación entre los ámbitos público y privado que debe ocupar un lugar central en las investigaciones y en las políticas para combatir las prácticas irregulares.
“No solamente son funcionarias y funcionarios públicos, también hay diferentes personas del ámbito privado con beneficios muy grandes a partir de estos acuerdos”, puntualiza.
Es necesario, agrega, identificar a las empresas y los particulares que pueden beneficiarse de actos de corrupción, así como los intereses económicos que incentivan esas prácticas.
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