La corrupción no desapareció con la llegada de Morena al poder. Solo cambiaron sus protagonistas, advirtió en Mérida Leonardo Núñez González, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Con ese escenario, agregó, permanecieron los mecanismos que favorecen las irregularidades y se debilitaron las herramientas institucionales para descubrirlas y combatirlas. Todo ello bajo un sistema de administración política de la impunidad que permite proteger intereses y garantizar la continuidad del régimen.
El investigador consideró que existe en el país un pacto de impunidad que se renueva permanentemente y permite al poder político decidir a quién investigar, perseguir o proteger.
En ese esquema, añadió, las instituciones encargadas de fiscalizar y sancionar las irregularidades no necesariamente actúan con independencia de los intereses gubernamentales.
Debilitamiento deliberado y ciudadanos con menos información
A este panorama se suma el debilitamiento deliberado de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, que ha dejado a los ciudadanos con menos posibilidades de conocer cómo se gasta el dinero público.
Otro elemento adverso es la concentración de un enorme poder económico y administrativo en las fuerzas armadas, cuyas operaciones, previene el especialista, permanecen prácticamente fuera del escrutinio público.
El directivo señala que la situación es particularmente preocupante porque, a pesar del discurso de combate a la corrupción que acompañó la llegada de Morena al gobierno federal, no se advierte una transformación sustancial de las prácticas que durante años han permitido el uso discrecional de los recursos públicos.
Importancia de una herramienta digital sobre contrataciones públicas
Como ya publicamos, Núñez González llegó a Mérida junto con Luis Javier Moreno Benjumea, coordinador de la organización Política Colectiva, para presentar información sobre las contrataciones públicas en Yucatán de 2019 a 2025 y dar a conocer una herramienta digital que facilita la consulta de esos datos en un sitio diseñado por MCCI.
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Un día antes de la presentación pública del informe y la herramienta digital, los directivos visitaron el edificio central de esta casa editorial acompañados por Lízbeth Estrada Osorio, coordinadora de Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), y recorrieron el Museo Diario de Yucatán guiados por Wilma Alicia Pérez Loría, coordinadora del Archivo Histórico Megateca.
Durante su visita ofrecieron una entrevista en la que hablaron de varios temas que están en la agenda política nacional y también expusieron detalles de la nueva aplicación tecnológica con la información sobre las contrataciones públicas en Yucatán.
Retrocesos en materia de transparencia y fiscalización
Ambos visitantes coincidieron en que el país atraviesa por un escenario de retroceso en materia de transparencia y fiscalización, con consecuencias que van más allá del manejo del presupuesto y alcanzan la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Para Leonardo Núñez, la impunidad no puede entenderse únicamente como la incapacidad de las autoridades para investigar y castigar los actos de corrupción.
También constituye, dijo, un mecanismo que permite mantener equilibrios políticos y garantizar la continuidad de determinadas prácticas.
“Hay una administración de la impunidad”, afirmó al referirse a la actuación de las instituciones responsables de investigar posibles irregularidades.
“Esa administración de la impunidad es la que permite que el régimen siga y que el sistema funcione. Es un pacto que se renueva permanentemente”.
El analista señaló que, bajo este mecanismo, las decisiones sobre la aplicación de la justicia pueden convertirse en instrumentos de control político.
“Te sigues portando bien, te sigue yendo bien”, expresó al describir la lógica de ese pacto.
Se reeditaron antiguas prácticas de control
En su opinión, se trata de una reedición de las antiguas prácticas de control del poder político, pero ahora mediante la posibilidad de utilizar selectivamente las instituciones encargadas de procurar justicia.
“Yo tengo todo el aparato de justicia igual que antes y yo decido si te persigo o no”, señaló al ilustrar esa forma de ejercer el poder.
Leonardo Núñez consideró necesario recuperar la capacidad de investigar y procesar los delitos relacionados con la corrupción, sin que su persecución dependa de decisiones políticas o de la conveniencia de quienes gobiernan.
También advirtió que la sociedad civil y el periodismo deben evitar que las prioridades de investigación sean determinadas por los intereses del poder.
No cambia el modelo: cambian los personajes
Al abordar las relaciones entre empresas contratistas y actores políticos, el director de Investigación Aplicada de MCCI sostuvo que la cercanía con el poder ha sido históricamente una de las principales ventajas para acceder a contratos gubernamentales.
Sin embargo, indicó que el aspecto más relevante de la situación actual es el contraste entre esas prácticas y la promesa de transformación formulada por Morena.
“Esto siempre ha sido así. A lo que habría que poner el acento es que hubo una promesa explícita de que no iba a ser de esta forma”.
Explicó que los diez años de trabajo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad han permitido observar cómo operaban esos mecanismos durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, así como en el gobierno actual.
“La cercanía con el poder siempre ha sido una de las llaves para abrir esos recursos”, afirmó.
Siete de cada diez contratos se entregan por adjudicación directa
Como ejemplo de las condiciones que favorecen la discrecionalidad señaló que en el ámbito federal siete de cada diez contratos se otorgan mediante adjudicación directa.
Esta modalidad de contratación, aunque prevista en la legislación, reduce la competencia abierta entre proveedores y puede generar riesgos cuando no existen controles adecuados.
“No es que sea un nuevo modelo, más bien es el modelo de siempre, solo que ahora son nuevos administradores que están despachando los recursos, pero con la misma displicencia que lo hacían antes”, expresó.
Incluso, planteó la posibilidad de que algunas de esas prácticas se desarrollen actualmente con mayor desenvoltura, aunque aclaró que se trata de una apreciación personal y no de una conclusión respaldada por una medición.
El investigador añadió que, en algunos casos, ni siquiera han cambiado los beneficiarios del sistema.
“A veces son hasta los mismos, justo porque no ha habido una verdadera renovación y circulación, ni de élites económicas ni de nada”.
Mecanismos ampliados durante la era de Morena en el poder
En su opinión, algunos de los mecanismos que existían antes de la llegada de Morena al poder no solamente permanecieron, sino que fueron aprovechados y ampliados.
La paradoja, añadió, es que mientras el discurso gubernamental sostiene que hubo una transformación, los ciudadanos disponen de cada vez menos instrumentos para comprobarlo.
“Cada vez tienes menos evidencia para contrastar si es cierto o no es cierto”.
Sin garantías de transparencia, otro grave problema
La pérdida de herramientas institucionales para conocer el destino de los recursos públicos fue otro de los temas centrales de la entrevista.
Luis Javier Moreno consideró que los cambios administrativos y legales en materia de transparencia han generado un escenario en el que los ciudadanos carecen de garantías efectivas para conocer la totalidad de las contrataciones gubernamentales.
“¿Garantías? Creo que ninguna”, respondió al preguntársele sobre las posibilidades reales de acceder a esa información.
Explicó que existen deficiencias en el seguimiento de los contratos públicos, lo que impide conocer plenamente los montos, los proveedores y el destino de los recursos.
En estas circunstancias, añadió, cobran mayor importancia las investigaciones de organizaciones civiles y medios de comunicación, que buscan reconstruir la información disponible e identificar las deficiencias de los registros oficiales.
Sin embargo, advirtió que estos esfuerzos no sustituyen las obligaciones del Estado en materia de transparencia.
“Estamos en un contexto en el que se ha atentado contra este derecho de acceso a la información”, afirmó.
Pérdida paulatina que no fue accidental, sino deliberada
Por su parte, Leonardo Núñez consideró que el debilitamiento de los mecanismos institucionales no fue accidental, sino consecuencia de decisiones deliberadas.
“No es que vino un huracán y arrasó con la transparencia, sino que fue un desmontaje”, apuntó.
Afirmó que se desmantelaron piezas del Sistema Nacional de Transparencia y del Sistema Nacional Anticorrupción que, con sus limitaciones, habían sido concebidas para generar controles e incentivos contra las irregularidades.
Entre las consecuencias mencionó la desaparición de una autoridad nacional con las atribuciones que tenía el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como la fragmentación de los procedimientos de revisión de las negativas de información.
Los ciudadanos, explicó, deben enfrentar ahora mecanismos distintos según la autoridad a la que soliciten información, lo que puede dificultar la defensa de sus derechos.
Aunque formalmente permanece reconocido el derecho de acceso a la información, sostuvo que las posibilidades materiales de ejercerlo se han reducido.
“Materialmente la garantía depende de la voluntad de alguien de darte o no darte”, expresó.
El poder de las fuerzas armadas y la ausencia de fiscalización
Otro de los aspectos que Núñez González identificó como una muestra del retroceso institucional es la ampliación de las responsabilidades económicas y administrativas de las fuerzas armadas.
Consideró que la participación militar en la construcción de obras y en la administración de empresas públicas ha generado riesgos tanto para el manejo de los recursos como para las propias instituciones castrenses.
A su juicio, estas funciones se apartan de la misión constitucional de las fuerzas armadas y las colocan en escenarios donde deberían existir controles particularmente rigurosos.
“No es que la fiscalización sea insuficiente, es que ni siquiera las toca”, afirmó.
El académico y activista sostuvo que la falta de información sobre el ejercicio de los recursos públicos administrados por instituciones militares genera condiciones propicias para la discrecionalidad y la corrupción.
“El Ejército no está llamado a estar construyendo, no está llamado a estar administrando empresas públicas”, manifestó.
Si se le asignan esas responsabilidades, prosiguió, deberían aplicarse las máximas exigencias de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. Sin embargo, señaló que ocurre lo contrario.
“Lo que tenemos son cajas negras absolutas donde se ha abusado del argumento de la seguridad nacional para tratar de tapar absolutamente todo”.
La falta de revisión abre las puertas a la corrupción
Leonardo Núñez señaló que la falta de controles efectivos puede generar una percepción de impunidad frente a posibles irregularidades.
“El saberse no auditados, el saberse no revisados es saberse impunes y eso abre las puertas de par en par a la corrupción”, puntualizó.
También alertó que estas condiciones pueden dañar la credibilidad y la integridad de las propias fuerzas armadas.
Bajo cuestionamiento el árbitro electoral
La conversación abordó igualmente las denuncias y los cuestionamientos sobre contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que han alcanzado repercusiones en distintas entidades del país.
Luis Javier Moreno declaró que este caso refleja el carácter estructural de los problemas de corrupción y la insuficiencia de los discursos políticos cuando no se modifican las condiciones institucionales que permiten las irregularidades.
“Avanzar con discursos contra la corrupción no es suficiente cuando las condiciones administrativas siguen siendo las mismas y se atenta contra la institucionalidad”, manifestó.
El coordinador de Política Colectiva agregó que los cuestionamientos sobre proveedores del organismo electoral trascienden una administración y muestran la persistencia de prácticas que requieren investigación.
A su juicio, las consecuencias pueden extenderse a la confianza ciudadana en la organización de las elecciones.
“Si hay un caso de corrupción tan grave en quien desarrolla las elecciones, ¿qué garantías tenemos sobre el desarrollo de los procesos electorales?”, planteó.
Una estrategia para desprestigiar a las instituciones
Leonardo Núñez expuso una interpretación personal sobre el deterioro de las instituciones autónomas.
Consideró posible que exista una estrategia de desprestigio institucional desde adentro, mediante la intervención de sus órganos de dirección, su debilitamiento o su desaparición.
“Creo que hay un modus operandi deliberado para desprestigiar a las instituciones desde adentro”, apuntó, aunque precisó que se trata de una apreciación personal.
En ese contexto, indicó que el debilitamiento del INE puede facilitar nuevas intervenciones políticas sobre el organismo encargado de organizar las elecciones.
“Nada le conviene más a un gobierno que desprestigiar al árbitro para que pueda decir cualquier cosa en el momento que quiera”, subrayó.
El analista político señaló que el organismo electoral se enfrenta a una situación de vulnerabilidad, en contraste con etapas anteriores en las que ejercía una función de vigilancia y sanción sobre los partidos políticos.
El riesgo de imponer la agenda
Más adelante, Núñez González hizo un llamado a recuperar la capacidad de la sociedad civil y del periodismo para definir sus propias prioridades en el combate a la corrupción.
Según dijo, no todos los casos tienen las mismas consecuencias sociales, aunque cualquier irregularidad en el manejo del dinero público merece ser investigada.
Como ejemplo señaló que el desvío de recursos destinados a servicios esenciales, como la salud, puede tener efectos particularmente graves sobre la población.
También advirtió del riesgo de que las investigaciones periodísticas queden condicionadas por filtraciones de información realizadas con objetivos políticos.
“Hoy nos vamos a meter en esta discusión del INE, sí por el trabajo periodístico, pero esto fue una filtración deliberada”, añadió.
“Esto no es trabajo de periodismo de investigación, y creo que caer y agarrar en ese anzuelo es uno de las cosas más peligrosas que nos puede pasar porque estamos bailando al ritmo que nos están poniendo en lugar de nosotros marcar eso”.
Para contrarrestar esta situación refirió que es necesario fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, auditoría social y contraloría pública.
Son herramientas, afirmó, que se han debilitado progresivamente, precisamente cuando resultan indispensables para vigilar el ejercicio del poder y exigir cuentas sobre el destino del dinero público (Continuará).