En la antesala de un año electoral en México, Mauricio Merino Huerta, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (Iirccc), alerta: “Tenemos elecciones en riesgo”.
El exconsejero electoral subraya que México se encamina a los comicios de 2027 en medio de actos anticipados de campaña, cuestionamientos a la independencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y un debilitamiento de los contrapesos institucionales.
Según indica, las irregularidades no son una amenaza futura, sino una situación que ya está ocurriendo en distintas partes del país, con la participación de aspirantes de los principales partidos políticos.
“En todo el país hay actos anticipados de campaña. En todo el país se está vulnerando la ley ahorita”, sostiene.
En entrevista con Diario de Yucatán, de la cual ayer publicamos la primera parte en nuestras ediciones digital e impresa, Merino Huerta señala que hay evidencias documentadas de actividades proselitistas de aspirantes de Morena, PRI y PAN, entre otros partidos, antes de los períodos legalmente establecidos.
Como informamos, el académico estuvo en Mérida para participar en la presentación del quinto informe sobre el combate a la corrupción en México, en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady). El Iirccc es una unidad de la Universidad de Guadalajara.
Miles de evidencias documentadas de irregularidades
En la entrevista informa que, junto con académicos, especialistas y organizaciones civiles, participa en la Alianza Democrática para la Observación Electoral, una iniciativa ciudadana creada para vigilar el desarrollo del proceso electoral 2026-2027.
La agrupación, en cuya convocatoria participa el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, promueve la observación electoral sin preferencias partidistas y busca documentar posibles irregularidades durante las distintas etapas del proceso.
El doctor Merino Huerta, quien formó parte del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE), señala que la alianza ha desarrollado herramientas digitales para facilitar la participación ciudadana y registrar actividades que pudieran contravenir la legislación electoral.
“Hay más de 10,500 evidencias ya registradas de la vulneración a la ley”, afirma.
Tibia actuación de las autoridades electorales
Los registros, explica, incluyen fotografías y otros elementos relacionados con actividades de aspirantes de diferentes fuerzas políticas.
El investigador cuestiona que esas actividades continúen desarrollándose a pesar de las restricciones legales aplicables al período previo al inicio formal de las precampañas.
En su opinión, la actuación de las autoridades electorales ha permitido que prácticas presentadas como actividades internas de los partidos se terminen convirtiendo en mecanismos de promoción política anticipada.
Los cuestionamientos al INE ponen en entredicho a la institución
Merino Huerta expresa también preocupación por la situación institucional del INE y por las consecuencias de las controversias relacionadas con su conducción y sus procedimientos administrativos.
Considera que los señalamientos de corrupción deben ser investigados y, de ser procedente, se deben imponer sanciones, pero advierte que también existe el riesgo de que los escándalos sean utilizados para desacreditar la trayectoria de la institución electoral.
Una de las principales conquistas de la transición democrática mexicana, puntualiza, fue separar al gobierno de la organización de las elecciones.
“Nos había costado muchísimo trabajo, me consta, separar al INE del gobierno y ponerle límites al gobierno para que no se metiera en las cuestiones electorales”, recuerda.
En ese contexto, cuestiona la concentración de facultades en la presidencia del organismo electoral y los mecanismos de designación de funcionarios cercanos a los grupos políticos en el poder.
Un debilitamiento que impacta en la confianza pública
También afirma que el debilitamiento de la autonomía electoral representa un problema de mayor alcance que las irregularidades administrativas, porque puede comprometer la confianza pública en las instituciones responsables de organizar y calificar los comicios.
Para ilustrar la importancia de la independencia de la autoridad electoral, recuerda investigaciones sobre financiamiento irregular de campañas durante los gobiernos del PRI y del PAN. Menciona los casos conocidos como Pemexgate y Amigos de Fox, que dieron pie a sanciones electorales y mostraron que la autoridad podía actuar incluso contra los partidos que habían ganado el gobierno federal.
Con esos antecedentes, rechaza las descalificaciones generales contra la historia del IFE y del INE.
La integración del Congreso, tema que no se debe perder de vista
Otro de los riesgos que señala está relacionado con los criterios para distribuir los espacios de representación proporcional en la Cámara de Diputados.
El doctor en Ciencia Política y Sociología cuestiona la asignación de diputaciones después de las elecciones de 2024, al considerar que permitió a Morena y sus aliados obtener una representación parlamentaria considerablemente superior a su proporción de votos.
La discusión sobre los criterios aplicables en 2027, anticipa, podría convertirse nuevamente en un punto de controversia.
“Tenemos mucho temor de que vuelvan a darle una súper mayoría al gobierno en 2027 con menos votos”, apunta.
A su juicio, este escenario adquiere mayor relevancia en un contexto de concentración del poder y debilitamiento de los mecanismos institucionales de vigilancia.
La sociedad y los partidos de oposición, debilitados también
Merino Huerta opina que los riesgos para la democracia mexicana no provienen únicamente de las decisiones gubernamentales o de las actuaciones de los partidos políticos.
También atribuye parte del problema a la pérdida de capacidad de organización de la sociedad, que, según dijo, ha dejado de ejercer la presión necesaria para exigir el cumplimiento de las leyes.
Organizaciones sindicales, campesinas, empresariales y de otra índole han perdido influencia o se encuentran fragmentadas, lo cual reduce su capacidad para actuar como contrapesos del poder, explica.
Tampoco encuentra condiciones favorables en los partidos de oposición, a los que describe como organizaciones debilitadas por conflictos internos y problemas de credibilidad.
En el caso del PRI y del PAN menciona sus divisiones y dificultades para recuperar presencia política. Sobre Movimiento Ciudadano, dice que su crecimiento en algunas regiones ocurre al mismo tiempo que se enfrenta a polémica en los estados donde gobierna.
Los derechos y los programas sociales no son regalos del gobierno
El exconsejero electoral cuestiona además que los programas y apoyos sociales sean presentados como beneficios personales concedidos por los gobernantes.
Los derechos a la educación, la salud, la vivienda y otras prestaciones sociales, enfatiza, son resultado de luchas colectivas y no deben utilizarse para promover gratitud o subordinación política.
“Son derechos ganados a fuerza de muchos años de trabajo colectivo, de lucha social”, expresa.
En ese sentido, rechaza que recibir un apoyo del gobierno justifique guardar silencio frente a probables abusos de autoridad.
“Claro que no es válido callar”, manifiesta.
Más adelante insiste en que la defensa de la democracia requiere ciudadanos dispuestos a vigilar a sus gobernantes y exigir el cumplimiento de las disposiciones legales, independientemente de sus preferencias partidistas.
“La clave ha sido la gente, la sociedad organizada, la conciencia pública”, afirma.



