“Un acto de dictadores”
El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil arrasará con todos los derechos elementales de las personas, por lo que la organización civil Causa en Común invitó a todos los usuarios de celulares a que promuevan amparos contra esa ley federal propuesta y aprobada por el gobierno de la 4T.
Poco más de 6,000 usuarios de telefonía móvil ya solicitaron asesoría a Causa en Común para la tramitación de amparos contra el padrón, que exige datos biométricos del posesionario del teléfono celular.
Alrededor de 1,000 recurrirán a este instrumento jurídico para contener el abuso del gobierno federal y los legisladores que aprobaron las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que creó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Durante el foro virtual “Por qué y cómo cuidar los datos biométricos en México”, cuatro panelistas expertos en derecho analizaron el fondo de esta nueva disposición de entregar datos biométricos al gobierno federal y las empresas telefónicas para mantener activos los servicios digitales.
En conclusión, dijeron que es violatorio de los derechos constitucionales, causará una alta marginación digital la posible cancelación de los teléfonos celulares si se niegan a aportar los datos biométricos que se exigen, si cancelan los servicios de teléfono celular habrá afectaciones constitucionales como el derecho a la información, comunicación, educación, salud, al trabajo.
Además, es altamente inseguro proporcionar esa información confidencial biométrica, no hay garantía de que el padrón no termine en manos de organizaciones criminales, afectará a la clase más pobre porque seguramente desconoce las reglas de operación de este padrón, y demuestra que este gobierno de la 4T realiza actos similares a la de gobiernos dictatoriales.
“Hay que ver este padrón como una amenaza autoritaria, es un acto de dictadores y levanta suspicacias al igual como pasó con la Ley Nacional de Extinción de Dominio, atenta contra la presunción de inocencia porque con solo tener un teléfono celular ya eres sospechoso de extorsión”, manifestó la presidenta de la asociación Causa en Común, María Elena Morera.
“Si es para tener una mejor seguridad, como alegan, primero deben tener una estrategia nacional de seguridad, la cual no tienen, combatir la impunidad de los delitos que ha aumentado en este gobierno federal porque no han encarcelado ni desmembrado organizaciones de delincuencia organizada; mejorar la impartición de justicia y rescatar las policías estatales; el trabajo de la guardia militar no ha tenido ningún impacto en el combate a la delincuencia, la cual ya está terrible”.
La presidenta de Causa en Común hizo un llamado a la defensa de los derechos elementales, a la defensa de los derechos humanos y una de las formas es ampararse contra el padrón de usuarios.
Acciones
Jorge Fernando Negrete, experto en derecho digital y telecomunicaciones, destacó que el INAI promoverá un acto de inconstitucionalidad contra el padrón de registro telefónico y la Cofetel presentará una controversia constitucional contra el mismo padrón, acciones jurídicas que buscan restituir los derechos constitucionales de las personas.
“Si en dos años el usuario no entrega sus datos biométricos, le cancelarán el servicio de teléfono celular, eso significa que afectan tu derecho al internet, a la información, a la salud, educación, a la protección de datos, en fin, afectan todos los demás derechos elementales”, subrayó.
Max Káiser, presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex, dijo que no vivimos en un país donde se respetan las ideas, donde no hay división de poderes, no se respeta a los organismos autónomos ni los protocolos de privacidad, hay constantes filtraciones de información sensible, por lo tanto no hay la confianza de dar los datos biométricos que exige la ley reformada de telecomunicaciones.
“Hay un miedo justificado por este padrón porque México ocupa el lugar 121 de 128 países corruptos. Solo hay siete países más corruptos que México en el mundo y vemos que esta iniciativa es peligrosa porque no hay la certeza de quién tendrá esos datos”.
“No hay protocolos de seguridad de protección de datos personales, no se sanciona la corrupción y no tenemos un Poder Judicial Federal independiente que pueda sancionar a los responsables del mal manejo de estos datos biométricos. Todavía ayer se filtró información sobre una investigación criminal, todo con la intención de incidir en el proceso electoral”.
Luego afirmó que el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) ha dado toda clase de señales de que él no tiene límites en el ejercicio del poder y puede usar a conveniencia las leyes, al igual que las instituciones como la Suprema Corte, la Fiscalía General, la UIF, con tal de influenciar en las elecciones actuales. Hay un abuso del Estado y una de las formas de restablecer los derechos elementales es por medio del amparo.
Por ello hizo un llamado a la sociedad mexicana para que masivamente defiendan el estado de derecho en su conjunto. Ahora, y no después que la Suprema Corte emita su sentencia por la suspensión de actos del padrón telefónico, es el momento de la tramitación del juicio de amparo porque garantiza su admisión y procedencia.
“Vivimos en un Estado intervencionista que aniquila los derechos humanos y elementales, que viola la Constitución y los tratados internacionales”, afirmó Luis Pérez de Acha, experto en derecho constitucional. “Hay que combatir esta oleada a manera de tsunami porque si no lo hacemos, terminaremos normalizando la intromisión del Estado”.
Los panelistas también destacaron que será difícil que el gobierno federal pueda controlar 126 millones de líneas de teléfono celular que hay en México.
No descartan que los celulares sean utilizados para espionaje y revanchas políticas por parte del actual gobierno federal, pero lo que da mayor temor es que todo ese padrón llegue a manos de la delincuencia organizada porque sabrán todo del usuario, de sus familiares y amigos. Además, podrían usar esos teléfonos controlados para atribuir delitos cometidos por otros.
“Los legisladores que aprobaron esta reforma no visualizaron que en vez de generar seguridad, van a generar inseguridad”, indicó la señora Morera.
“Van a salir delincuentes que te apunten con pistola para quitarte tu celular y con ello cometan la extorsión, comprarán 10 chips y los desecharán…, cómo dar seguridad así. Lo que tiene que hacer el gobierno federal es controlar las cárceles porque de allí es donde se cometen el mayor número de extorsiones. De las cárceles salen las llamadas de los extorsionadores, son 4.6 millones de extorsiones cometidas y el 8.6% se pagaron”.— Joaquín Chan Caamal
Efectos Control
El padrón nacional de telefonía móvil podría generar actos de discriminación racial con el control de los celulares.
Mal uso
Este gobierno no controla ni un espacio cerrado como es la cárcel, menos controlará 126 millones de teléfonos celulares. A esos datos biométricos que quieren acabarán dándoles mal uso, por ello hay que ampararse, se indicó.
Costoso
Los panelistas comentaron que tener una base de datos biométricos es carísimo. Solo el sistema de ciberseguridad costaría 10 millones de dólares por cada 100,000 teléfonos. Si el gobierno federal quiere proteger los datos confidenciales tendría que invertir más de 1,000 millones de dólares.