CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— A través del editorial publicado en el semanario religioso “Desde la fe”, la Arquidiócesis de México consideró que el dinero que se usa en campañas políticas es “un dispendio abrumador” que debería destinarse a las comunidades que resultaron afectadas por los sismos de septiembre pasado y criticó que no exista una verdadera austeridad con respecto de estos gastos.
En el texto lamentó que las fuerzas políticas solo destinaron $380 millones a la reconstrucción del país, puesto que “solo sirvieron de arenga populista electorera, mientras el derroche continúa sin escuchar el clamor público que demandó de los partidos una verdadera austeridad, no sólo apariencias”.
Argumentó que después de los sismos, diversas organizaciones civiles demandaron a los partidos políticos la renuncia total a sus prerrogativas y financiamiento público con la finalidad de que estos recursos se destinaran a la reconstrucción y reactivación económica de las regiones azotadas —las cuales aún siguen en rehabilitación—, así como a la asistencia de los damnificados.
Como respuesta los institutos políticos respondieron a través de iniciativas y discusiones para renunciar a montos en el último trimestre del año 2017.
El 22 de diciembre el Instituto Nacional Electoral (INE) publicó el documento denominado Informe Respecto de la Renuncia al Financiamiento Público por los Partidos Políticos Nacionales, en Virtud de los Sismos del Mes de Septiembre de 2017, en el cual se detallan que solo cinco instituciones políticas entregaron recursos económicos de sus prerrogativas correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2017, que corresponden a más de $380 millones, los cuales incluyen montos por actividades ordinarias y específicas.
Solo un partido renunciaría a $30 millones en enero, mientras que los demás no hicieron referencia de entrega de recursos para el 2018.
La Arquidiócesis Primada aseguró que describir estas cantidades no era una situación ociosa, sino que trata de demostrar que no se ha dado una verdadera voluntad política para renunciar efectivamente, y en un porcentaje suficiente, a fin de ayudar a la reconstrucción que necesita más de 14,000 millones de pesos.