CIUDAD DE MÉXICO.— Gabriel Mendicuti Loría, exsecretario de Gobierno de Quintana Roo, durante la gestión de Roberto Borge, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de desempeño irregular de la función pública, de acuerdo con la Fiscalía de Quintana Roo.
El juez de Control refirió en audiencia de vinculación a proceso que se encontraron elementos probatorios en contra del exfuncionario del Estado, quien estará bajo prisión preventiva y sus bienes serán embargados, mientras transcurren los dos meses de plazo para concluir con la investigación.
Mendicuti tiene imputaciones por supuestamente haber desfalcado 594 millones de pesos de recursos públicos. La defensa argumentó que el exservidor tiene problemas de diabetes.
El exfuncionario fue capturado el pasado 20 de enero en un restaurante sobre la carretera Cancún-Tulum, un día después de haber acudido a un evento público del precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, lo que permitió que la Policía lo ubicara y lograra detenerlo.
Desde agosto pasado existe la orden de aprehensión en su contra porque estaría involucrado en una red de corrupción de desvío de recursos.
Mendicuti se desempeñó como secretario de Gobierno de la administración de Roberto Borge entre 2013y 2016 y su nombre aparece en una carpeta de investigación por el caso VIP Saesa, al ser parte de la directiva y haber avalado contratos millonarios para la renta de aviones privados para el exgobernador, sus familiares y amigos.
Caso Góngora
En otro caso, ayer se realizó una audiencia contra Mauricio Góngora, la cual empezó a las 2 de la tarde y hasta el cierre de esta edición no se conocía el resultado.
En casi tres años, Mauricio Góngora pasó de ser alcalde del municipio de Solidaridad y candidato del PRI al gobierno de Quintana Roo, a ser presunto responsable de desvío de recursos por $869.000,000. El exfuncionario, cercano a Roberto Borge fue detenido el pasado jueves en Ciudad de México.
“Animal Político” consultó dos denuncias interpuestas por el municipio de Solidaridad, encabezado por la panista Cristina Torres, así como a las partes involucradas para explicar las imputaciones contra Góngora.
El ayuntamiento que Góngora administró de 2013 a 2016 quedó en manos de la alianza PAN-PRD, encabezada por Cristina Torres tras las elecciones estatales de 2016. La alcaldesa ordenó una auditoría de las finanzas municipales, lo que arrojó varias irregularidades.
De acuerdo con la alcaldesa, hubo un mal manejo de deuda con la justificación de invertir en obra pública productiva, sin embargo, los recursos terminaban siendo desviados a través de supuestos convenios con particulares.
“Las deudas anteriores tenían en apariencia un propósito noble, es decir, para obra pública productiva, pero terminaban yéndose a gasto corriente, entonces no tenía ningún sentido, ni cumplían con los requisitos de la ley. Eso es la parte importante, había operaciones presuntamente inexistentes. Hacían facturas con empresas que no encontramos domicilio, que no existían”, explica la presidente municipal.
En diciembre de 2016, la alcaldesa de Solidaridad interpuso una denuncia contra Mauricio Góngora y tres de sus excolaboradores por el presunto desvío de recursos locales por $5.151,000, mediante un convenio con la empresa Prestaciones Finmart para hacer préstamos a los trabajadores del cabildo, por lo que se hacían retenciones presuntamente ilegales y de manera quincenal a quienes trabajan en nómina, sin embargo el dinero nunca fue entregado a la empresa, de acuerdo con la denuncia interpuesta.
De acuerdo con una fuente, quien pidió no publicar su nombre y con acceso a la investigación, esta acusación se hizo por desempeño irregular de la función pública, pues se trata no solo de recursos públicos, sino también de particulares que también fueron defraudados.
En marzo de 2017, el mismo ayuntamiento presentó una segunda denuncia, ahora por el delito de peculado, por el presunto manejo irregular de un crédito de $780.000,000, solicitado en febrero de 2014 para refinanciamiento e inversión pública productiva al Banco Interacciones a pagar en 20 años.
El Ayuntamiento de Solidaridad nombra este acto como empréstito. De acuerdo con la denuncias, esos recursos pasaron de cuentas bancarias, a usarse en la compra venta de acciones en abril del mismo año, para después retornar como gasto corriente. El problema fue que las autoridades locales no hallaron pruebas que el dinero se usara para inversión pública productiva ni para el pago directo de deuda.
De ese total, se realizaron pagos a comisiones y honorarios por un monto de 50 millones de pesos, que no estaban contemplados en el contrato original. Además, en la denuncia se señala que del dinero del crédito, Góngora dispuso de 213 millones de la cuenta original para transferirlos a la cuenta del ayuntamiento, sin la autorización previa del Cabildo.
Por esta denuncia, las autoridades han podido comprobar el presunto desvío de 150 millones de pesos.
El 12 de julio de 2017, la alcaldesa presentó una tercera denuncia ante la PGR por el presunto desvío de recursos federales por $120.000,000, de los cuales 47.000,000 presuntamente fueron sustraídos de las cuentas sin tener comprobantes de cómo o en qué se ejercieron.
En su momento, la alcaldesa declaró a los medios locales que producto de “auditorías relacionados con el ejercicio de recursos federales que fueron utilizados, no sabemos para qué, de un total de movimientos por poco más de 120.000,000 de pesos, 47 como tal no tenemos registro de dónde fueron, qué ocurrió con ellos”.
Existe otra denuncia en contra de Mauricio Góngora por el desempeño irregular de la función pública como titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación en Quintana Roo, por el presunto desvío de $594.000,000 relacionado con el fraude a la empresa paraestatal VIP Saesa, básicamente en la subcontratación de aviones particulares que hasta el día de hoy se desconoce por quién fueron utilizados y cuál fue la finalidad de su uso.
Una investigación de la Comisión de Hacienda del Congreso de Quintana Roo detectó desvíos de recursos por más de 300.000,000 de pesos y más de 40.000,000 de dólares de la paraestatal. Por estos hechos se encuentra detenido e investigado Carlos Acosta Gutiérrez, ex director de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, a quien se le imputa el delito de desempeño irregular de la función pública.
En total, las cuatro denuncias interpuestas hasta el momento contra Góngora, incluida la existente ante la PGR, suman más de $869.000,000.
La alcaldesa Cristina Torres aseguró que antes de terminar su administración, presentará una nueva denuncia también mal manejo de recursos en la administración de Góngora y bajo el mismo esquema.