CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y Notimex).— No debe someterse a consulta pública la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y tampoco es conveniente cancelarla porque habrá implicaciones jurídicas, además de una mala reputación para el país, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El organismo, presidido por Juan Pablo Castañón, señaló que no hay garantías de imparcialidad, objetividad y seguridad en la consulta y se trata de un ejercicio que “no se circunscribe a las condiciones establecidas en la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en la Ley Federal de consulta Popular.”
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“La cancelación del NAIM tendría implicaciones jurídicas y financieras con acreedores y contratistas, pero especialmente riesgos reputacionales y de confianza en perjuicio de México y de futuros proyectos de gran envergadura, que requieren inversión nacional e internacional”, explicó.
“No por consulta”
“Las cuestiones técnicas deben decidirlas las instituciones y funcionarios, pero no por consulta, ejercicio que no tiene validez legal y no es jurídicamente vinculante.”
Añadió que si bien es importante la participación ciudadana para un desarrollo democrático robusto, las decisiones para contar con desarrollo económico y de infraestructura, al ser de alta complejidad, corresponden a la autoridad, porque es la que tiene la responsabilidad de procesar la información técnica, las consecuencias económicas y las preocupaciones ciudadanas, para concluir con la mejor opción.
Subrayó que los actores a cargo de la consulta e integrantes del Comité Técnico, e incluso los mismos materiales informativos elaborados por ellos, han demostrado un sesgo favorable hacia la opción de la Base Aérea de Santa Lucía.
“Parcial e incompleta”
Esto, porque la información presentada sobre el proyecto de Texcoco es cuando menos parcial e incompleta, al no tomar en cuenta los pronunciamientos y argumentos de los colegios de Ingenieros, la Asociación de Pilotos, MITRE y otras instituciones igualmente prestigiadas, acotó.
“Con la inclinación de la balanza a favor de la opción de Santa Lucía se daña gravemente las posibilidades de equidad en el ejercicio”, programado del 25 al 28 de octubre, remarcó el sector privado.
Reiteró que no existen las condiciones mínimas necesarias para que esta consulta pueda considerarse un ejercicio imparcial y objetivo, y enfatizó que las consecuencias podrían generar altos costos para el patrimonio nacional, tanto en términos monetarios como de oportunidades de desarrollo desperdiciadas.