CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, advirtió que la estrategia contra el robo de gasolina debe tener un plan de emergencia para atender la escasez en varios estados, ya que puede derivar en una crisis.
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El directivo señaló que es necesario que la Secretaría de Energía aclare cuál es el plan.
Y advirtió que, de no tener una estrategia clara el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la escasez de combustible podría convertirse en una crisis si el desabasto se prolonga.
Ya afecta a la planta productiva
Castañón, en una entrevista por televisión, expresó su preocupación sobre el tema porque “está empezando a afectar la planta productiva del país, no solo a los trabajadores en sus desplazamientos, sino también a la planta productiva, en particular del sector automotriz”.
Explicó que el sector empresarial está a favor del combate al robo de combustible.
“Pero la estrategia no ha sido la adecuada porque ha generado desabasto que se está generalizando en muchos estados del país”, agregó.
Ejemplo del problema
Como ejemplo mencionó que Jalisco requeriría para abastecerse normalmente 750 pipas, pero solo recibe entre 150 y 200 pipas.
“No queremos tener pánico, y estamos confiando en un plan de las autoridades”, expresó.
“Si estamos a ciegas…”
“Si se tiene un plan definido con objetivos y tiempos específicos, podríamos administrar la crisis que ya tenemos, pero si estamos a ciegas y no sabemos qué va a pasar en los próximos días, empezaremos a tener problemas”, concluyó.
Con el cierre temporal de la mayoría de ductos ahora las gasolinas solo se transportan en pipas, lo que genera retrasos en el suministro en cuando menos ocho estados del país desde la semana y pasada.
Desde ayer miércoles el problema se comenzó a resentir en Ciudad de México.
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En varios de los estados afectados hay cierre de gasolineras por falta de hidrocarburos y compras de pánico, con filas kilométricas en las estaciones de servicio que disponen de hidrocarburo.
Este programa se implementa para evitar un robo que, de acuerdo con cifras del Ejecutivo, generó pérdidas de 66,300 millones de pesos en 2018.