Millonario “lavado”
CIUDAD DE MÉXICO (Por Elia Baltazar, corresponsal de Diario de Yucatán/AEE).— El gobierno de Andrés Manuel López Obrador denunciará a cinco presuntos responsables del “lavado” de 10,000 millones de pesos producto del robo de combustible.
Entre los involucrados hay un exfuncionario de Pemex, un exdiputado local, un exalcalde, un empresario y una persona física, informó ayer el titular de la Unidad de Inteligencia financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto.
Durante la conferencia de López Obrador, funcionarios de distintas dependencias informaron sobre el reforzamiento de la seguridad en instalaciones y ductos de Pemex, las acciones judiciales emprendidas hasta ahora y hasta las medidas fiscales y financieras derivadas de auditorías y revisión de cuentas bancarias de funcionarios públicos y empresarios.
Antes del informe que cada uno de los funcionarios presentó ante la prensa, López Obrador advirtió que no aflojará” en su combate al robo de combustible y que encarará otros asuntos pendientes relacionados con la corrupción en cuanto resuelva el problema de huachicol.
“Resolviendo esto vamos con otros asuntos, nomás que uno por uno, porque si no se va a complicar todo un poco más, pero vamos a limpiar de corrupción el país”, dijo el presidente.
Respecto de las acciones que en el ámbito fiscal y financiero lleva al cabo el gobierno federal, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que hasta el momento detectaron el “lavado” de dinero por 10,000 millones de pesos provenientes del “huachicol” y, como consecuencia, presentaron cinco denuncias penales contra empresarios y servidores públicos.
Vinculados a estos, agregó el funcionario, las autoridades congelaron cuentas bancarias de 15 personas más y tiene bajo investigación a otras 24 relacionadas con el “lavado” de dinero producto del “huachicol”.
Nieto explicó que para “lavar” el dinero, los involucrados recurrieron a transferencias internacionales por más de 2 millones de dólares, compra de vehículos de lujo, inmuebles, boletos de avión y obras de arte.
Revisión
Detalló que las investigaciones partieron de la revisión de operaciones inusuales y relevantes en cuentas bancarias de funcionarios y empresarios que importan y compran combustible a Pemex, pero que reportan ventas que superan sus volúmenes de adquisiciones. “Ese diferencial —dijo— es producto del huachicol”.
La directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, también detalló las auditorías y “revisiones fiscales profundas” que realiza de la mano con Pemex en las operaciones de las gasolineras.
La funcionaria dijo que de 12,000 estaciones de servicio, en 194 encontraron inconsistencias en la declaración del Impuesto sobre la Renta (ISR) por 3,217 millones de pesos, solo correspondientes al ejercicio 2018.
Poco más de la mitad de este quebranto (54%), que equivale a 1,742 millones de pesos, corresponde a gasolineras de siete estados, entre estos, los más afectados por el “huachicol”, afirmó.
La directora del SAT informó que, en tanto estos contribuyentes no regularicen su situación, están impedidos de importar combustibles y emitir facturas.
El SAT y la UIF también compartieron información de 32 contribuyentes más relacionados con actividades irregulares y están en estudio otros 200 casos en los que han detectado inconsistencias fiscales o irregularidades.
Margarita Ríos-Farjat informó que en las operaciones para la detección de combustible robado participa personal del SAT, que en aduanas, carreteras, domicilios y otros inmuebles ha confiscado nueve pipas y más de 200,000 litros de gasolinas robadas.
Como consecuencia de estas acciones y de la operación de seguridad en instalaciones y ductos, en el que participan 5,092 militares, marinos y policías federales, la Procuraduría General de la República ha abierto 1,700 carpetas de investigación por delitos relacionados con el robo de combustible.
Alejandro Gertz Manero, responsable temporal de la PGR en tanto el Congreso elige fiscal general, informó además que la dependencia ya consignó ante la autoridad judicial los casos de los tres ex uncionarios de Pemex relevados de su cargo y vinculados con el manejo irregular de los flujos de combustible a través de los ductos.
“Ya solo estamos esperando del Poder Judicial que nos asignen juez para la primera audiencia”, dijo el titular de la PGR.
Anunció además que 1,000 agentes de la Policía Federal Ministerial, quienes estaban asignados a labores de custodia como escoltas, serán incorporados a las tareas de seguimiento de todas las carpetas y procesos penales abiertos contra presuntos “huachicoleros”.
Además instruyó a los ministerios públicos federales a agilizar procesos para devolver la custodia de combustibles y pipas a Pemex, y afirmó que a la fecha ya están en poder de la empresa petrolera 60 pipas y 4.5 millones de barriles de combustibles asegurados durante los operativos del plan conjunto.
El general Arturo Velázquez, responsable por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional del operativo conjunto de seguridad, informó que hay desplegados 5,092 elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal para la vigilancia de ductos e instalaciones de Pemex, y que a estos se sumarán más en las próximas semanas.
Explicó de los 56 mil kilómetros de ductos de Pemex, 13,000 están clasificados como problemáticos, y 6,000 como críticos, y en estos concentraron la vigilancia que comenzó el pasado 5 de enero.
Velázquez dijo que la presencia de las fuerzas federales se extenderá a siete ductos que concentran los mayores volúmenes de combustible para la distribución.