Los indígenas de Chiapas sufren de frío y abandono
SAN CRISTÓBAL (EFE).— Luego de tres meses de vivir en chozas improvisadas fabricadas con madera, plástico y lámina que fueron destruidas por autoridades locales, más 2,000 desplazados quedaron a su suerte en Chalchihuitán, Chiapas.
El desalojo de los campamentos de desplazados, quienes huyeron de sus comunidades por la violencia en la región, ocurrió en los últimos días de diciembre por órdenes de las autoridades municipales.
Durante un recorrido por la zona, periodistas constataron que los cinco campamentos fueron destruidos y ahora los cafetales, las veredas y el clima extremo de las montañas son el refugio de estas personas.
Representantes comunitarios señalaron que a finales de diciembre comenzó el desmantelamiento por órdenes del síndico municipal Hermelindo García Núñez, quien pidió a agentes rurales destruir los refugios. En los últimos días los agentes han amenazado a los desplazados con encarcelados si los ven organizándose nuevamente.
Tras ese hecho, los desplazados quedaron a su suerte, pasando hambre y sin un lugar para refugiarse.
Niños, mujeres y ancianos no tienen dónde resguardarse y sólo les queda soportar el frío de las montañas de Chiapas, que durante esta época registran temperaturas bajo cero.
Otras familias han buscado alojamiento con vecinos, amistades y familiares fuera del municipio para continuar su vida.
Los afectados aseguran que el desmantelamiento de los refugios se concretó para que las autoridades “simulen” que no ocurre nada en la región y que ya no existen personas desplazadas. Pero los más de 2,000 desplazados le recuerdan al gobierno chiapaneco que este problema no está resuelto.
Además, la situación se ha complicado ya que, mediante disparos de armas de fuego, grupos armados del vecino municipio de Chenalhó los han intentado amedrentar y por otra parte se han apoderado de sus tierras.
“La situación me desespera; yo quisiera que pase ya. No es necesario que venga alimento, lo que queremos es que venga más ayuda y queremos que esto lo resuelva el gobierno”, dijo Elvia Méndez Sánchez, habitante de la etnia tzotzil de la comunidad Tabak y una de los miles de desplazados, quien espera junto con sus hijos y otro grupo de mujeres que cesen los disparos.
Las mujeres, junto con niños y ancianos, son acechados por grupos de personas armadas, al parecer paramilitares, que se ubican en los límites entre el municipio de Aldama y Chenalhó, quienes día y noche y a cualquier hora disparan sobre sus casas y toda la gente está sufriendo.
La disputa por 60 hectáreas de tierra fértil, invadidas por habitantes de la comunidad de Santa Martha, en Chenalhó, está poniendo en riesgo la vida de más personas.
“Nada más nos ven y disparan, no nos dejan en paz”, dijo Rosa Antonia Hernández, otra de las afectadas.
Desde octubre de 2017, huyeron de sus comunidades poco más de 5,000 personas, todos indígenas tzotziles de Chalchihuitán, quienes abandonaron sus hogares por el miedo a las armas.