MÉXICO.- El gobierno federal anunció hoy que se logró un pacto entre comunidades indígenas y autoridades de los Altos de Chiapas para evitar la violencia que en los últimos meses causó el desplazamiento forzado de miles de personas.
“Se suscribió un pacto de no agresión en los Altos de Chiapas entre autoridades oficiales y tradicionales”, dijo en la conferencia matutina desde Palacio Nacional el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, Alejandro Encinas.
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Acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador, recordó que en esta región se han producido 34 homicidios en los últimos meses.
Terrenos en disputa
Esa zona de Chiapas padece un fuerte conflicto agrario que llevó a inicios de año al desplazamiento de miles de indígenas.
Dicha violencia deriva del pleito agrario entre los municipios vecinos de Chalchihuitán y Chenalhó, ambos habitados por comunidades tzotziles, enfrentados desde hace 40 años por la propiedad de 363 hectáreas de tierras fértiles.
Miles de indígenas originarios de estas comunidades se vieron obligados a salir de sus domicilios a partir de octubre de 2017 por esa violencia desatada.
Al dar a conocer el pacto entre comunidades y con las autoridades, Encinas celebró que este acuerdo pueda “pacificar” la zona y se replique en otros puntos del país.
Derechos humanos
Encinas anunció también la liberación de un grupo de personas del poblado de Salazar, en Estado de México, que consideró “presos políticos” porque se les apresó para defender sus tierras.
“Fuimos criminalizados bajo la complicidad de altos intereses económicos y políticos”, resaltó el subsecretario.
Según detalló, ya se revisan 538 casos de presos que podrían ser liberados. En enero empezó la liberación de “presos políticos”, con 16 personas cuyos nombres no se dieron a conocer.
“Estas personas, muchas de ellas, no han tenido siquiera una sentencia después de muchos años privadas de su libertad”, apuntó entonces la ministra de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.