Alonso Ancira Alonso, dueño de Altos Hornos de México (Foto tomada de @Reforma)
Alonso Ancira Alonso, dueño de Altos Hornos de México (Foto tomada de @Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO.- El empresario Alonso Ancira Alonso solicitó a un juez federal que lo excuse de comparecer ante la autoridad que ordenó aprehenderlo.

El argumento del dueño de Altos Hornos de México (Ahmsa), S. A., es que está pendiente su proceso de extradición.

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Suspenden orden de arresto

El Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal en Ciudad de México concedió a Ancira Alonso una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión derivada de la investigación de la compraventa de Agronitrogenados.

Sin embargo, el empresario contaba con cinco días para presentarse ante el juez de control en el Reclusorio Norte que libró el mandamiento de captura.

Su comparecencia la estableció el juez de amparo como requisito para conservar la medida que lo protege contra la aprehensión.

El expediente se envió al Juzgado Octavo de Distrito ante quien continúa la tramitación del amparo.

Como el empresario se encuentra en proceso de extradición en España, su defensa solicitó al juzgador que modifique la suspensión para que los cinco días no sean efectivos y la medida no deje de tener efectos.

Infundada, pero válida

Hoy miércoles, el juez Octavo resolvió que la petición es infundada y que, en todo caso, Ancira y las autoridades responsables deben notificar el momento en que el empresario llegue a México.

En consecuencia, la suspensión definitiva concedida a Alonso Ancira aún tiene efectos, por lo que al llegar al país no podrá ser detenido, sino que deberá ser puesto a disposición del juez de amparo.

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El juicio de amparo todavía no se resuelve y, de acuerdo con el expediente 579/2019, el juez fijó para el próximo 14 de octubre la audiencia constitucional.

Ancira está señalado por la supuesta compraventa irregular de Agronitrogenados, antes propiedad de Ahmsa, a Petróleos Mexicanos durante la gestión de Emilio Lozoya.

La Fiscalía General de la República le imputa lavado de dinero y defraudación fiscal.