CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció la inhabilitación durante 10 años de Alfredo Castillo, alto funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), por omitir declarar seis cuentas bancarias a su nombre y de su cónyuge.
“Tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades se determinó imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años a un exdirector general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de la administración de Enrique Peña Nieto“, detalló la SFP en un boletín.
Te puede interesar: ”Estaba enterado”: Peña Nieto sabía de los desvíos de Estafa Maestra
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, manifestó que “la nueva ética pública que está construyendo el gobierno de México se basa en la probidad, en la transparencia y en la estricta legalidad”.
Destacó que la SFP tiene entre sus atribuciones verificar la evolución patrimonial los servidores públicos, y en el ejercicio de esa atribución se detectaron omisiones de la persona sancionada.
Faltó a la verdad en sus declaraciones
La sanción, que ya se notificó, deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, donde se detectó que el exfuncionario, quien también fungió como comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en Michoacán, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016.
Por lo anterior, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un “minucioso procedimiento administrativo sancionador”.
Y determinó que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18.3 millones de pesos.
Violación a la ley
“La omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial”, indicó.
Este procedimiento sancionador es parte de los 26,064 expedientes de responsabilidad administrativa que la Función Pública inició en los dos primeros años del actual gobierno, de los que a la fecha se resolvieron 20,222.