No tiene domicilio conocido y temen que pueda escapar
MÉXICO (EFE).— La Fiscalía General de la República (FGR) pidió ayer prisión preventiva para el empresario del acero Alonso Ancira, extraditado el miércoles desde España para afrontar acusaciones por los delitos de corrupción y blanqueo.
Según la prensa, el Ministerio Público pidió esta medida al juez de control del Reclusorio Norte, en Ciudad de México, adonde el acusado fue trasladado tras su llegada desde Palma de Mallorca, España, para afrontar una audiencia inicial.
Esa vista fue aplazada la noche del miércoles por la indisposición del empresario, quien padece diabetes e hipertensión, pero fue retomada ayer jueves.
Su abogado, José Luis Castañeda, advirtió a la llegada de Ancira a México que la irregularidad por la que acusan a su cliente “no es un delito grave que merezca prisión preventiva oficiosa”, argumento que está defendiendo en la audiencia.
Ante esa afirmación, la FGR solicitó al juez de control que decrete prisión preventiva para el conocido como “rey del acero” con el argumento de que el magnate no tiene domicilio conocido en el país y que posee la capacidad económica para escaparse.
De hecho, el antiguo dueño de Altos Hornos de México se fugó en 2019 al saber que estaba siendo investigado y fue capturado en mayo de ese año en el aeropuerto de Palma de Mallorca por las autoridades españolas, ya que sobre él pesaba una orden de extradición.
Ancira afronta acusaciones por delitos que causaron “grave daño patrimonial” a Pemex, y la investigación en su contra se originó por una denuncia que Pemex presentó en marzo de 2019.
De un vistazo
Espera la devolución
El presidente, Andrés Manuel López Obrador ha dicho en diversas ocasiones que está a la espera de que Altos Hornos de México haga el pago de los 200 millones de dólares entregados en la administración federal anterior, encabezada por Enrique Peña Nieto, por la compra de la planta de Agro Nitrogenados.
Se analiza ofrecimiento
Sin embargo, a mediados de enero aseguró que los nuevos socios de Ahmsa aceptaron devolver los 200 millones de dólares al gobierno, lo cual harían en varios pagos. Se espera que la FGR determine si es conveniente este acuerdo.