Experta dice que desapariciones no se investigan bien
CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Miles de desapariciones en México entre 2018 y 2020 no han sido investigadas conforme a lo previsto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, denunció ayer la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés).
“Descubrimos que existen aún grandes brechas entre lo que dice la ley, el número de desapariciones y el de investigaciones, lo que deja a gran parte de los casos en la impunidad”, señaló Stephanie Brewer, directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA.
Tras presentar la campaña realizada por la organización de investigación e incidencia de la organización, puntualizó que lo más preocupante es que la Justicia está fallando a las personas desaparecidas en México desde el primer paso del proceso.
“Pudimos notar que muchas veces no se reconocen e investigan las desapariciones como delitos”, lamentó.
Stephanie Brewer detalló que de las más de 23,000 personas que están clasificadas como desaparecidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas entre 2018 y 2020, menos de un tercio están reconocidas como víctimas de algún delito concreto que esté bajo investigación.
Asimismo, explicó que la trata de personas no está considerada en este registro, y aunque la mayoría de menores de edad que fueron desaparecidos entre 2018 y 2020 son niñas, “ni una sola fue registrada como víctima de trata”.
La titular de WOLA explicó que el problema de que las desapariciones sean consideradas como delitos distintos a los que prevé la Ley General en la materia es que las herramientas que proporciona no están disponibles para quienes buscan a sus familiares.
Aunado a ello, las investigaciones no se llevan a través de fiscalías especializadas y unidades de análisis para ver casos en conjunto y determinar los patrones en los que se llevan a cabo estas desapariciones.
La experta señaló que es esencial esclarecer los casos para conocer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, estudiar los patrones de desaparición y perseguir penalmente a los culpables.
“Ese camino empieza por reconocer las desapariciones como delitos, generar una teoría del caso y un plan de investigación, elementos muchas veces ausentes en la actualidad”, detalló.