CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El caso del excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya, que afronta una posible pena de hasta 30 años de cárcel por enriquecimiento ilícito, revive el fantasma de la persecución contra la oposición en México, pero también las acusaciones de corrupción contra políticos del pasado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador negó ayer martes que persiga a sus opositores después de que Anaya, que ahora está en un autoexilio, lo acusó de querer encarcelarlo para que no compita en las elecciones presidenciales de 2024. “No hay persecución para nadie, no es mi fuerte la venganza. Lo de este señor Ricardo Anaya, lo que tiene que hacer es enfrentar el proceso y, si es inocente, presentar las pruebas y defenderse con la verdad, pero no echarme la culpa a mí y decir ‘ya me voy’”, manifestó López Obrador en su rueda de prensa.
La polémica llego a la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, donde la coalición opositora Va por México denunció el lunes el “uso faccioso, doloso de las instituciones para perseguir y amedrentar a los opositores”.
“Se ha dedicado a perseguir a todos los líderes políticos de la oposición que considera una amenaza para la continuidad de su proyecto”, afirma la denuncia del PRD, PRI y PAN.
Aún así, en México no existe persecución como en los regímenes autoritarios, considera el consultor político Édgar Ortiz Arellano, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “No hay evidencia empírica que demuestre que hay ese tipo de persecución política, lo que sí hay es un ataque constante del Presidente, especialmente en las conferencias mañaneras, a todos aquellos que son sus opositores; en ese sentido, sí hay una campaña constante”, explica Ortiz Arellano.
El experto señala que “es inédito porque en los últimos 30 años no se había visto que un presidente se quejara de sus opositores de manera tan abierta”. Pero también opina que Anaya ha caído “en un lugar común”, como cualquier político acusado de corrupción.
Apenas este mes, recuerda, los diputados oficialistas Saúl Huerta, acusado de abuso sexual de menores de edad, y Mauricio Toledo, investigado por corrupción, también argumentaron que eran víctimas de persecución para evitar su desafuero en el Congreso.
López Obrador ha justificado que el proceso responde a denuncias de su propio partido, al exhibir acusaciones de 2018 de los exsenadores del PAN Ernesto Cordero y Javier Lozano, por el presunto enriquecimiento ilícito de Anaya.
El caso también cobra relevancia porque Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2012 a 2016 y principal implicado en México de la trama de corrupción de Odebrecht, señaló a Anaya como uno de los receptores de los sobornos para aprobar la reforma energética de 2013.
“Anaya, víctima, acusándome a mí. Está como para decirle: ¿Y yo por qué? Yo no te mandé a que hicieras esas cosas. ¿No te diste cuenta?, ¿pensabas que no iba a suceder nada?”, manifestó el presidente López Obrador ayer martes.
Acusaciones Pormenores
Anaya ha insistido en que la “Fiscalía de López Obrador” busca encarcelarlo 30 años.
Contestación
“Menos mal que no hay persecución política y que no es tu fuerte la venganza, Andrés Manuel, si no, imagínate”, dijo Anaya en un vídeo anteayer lunes.
”Líderes susceptibles“
La denuncia del exjefe de Pemex Lozoya, quien se ha acogido al criterio de oportunidad para evitar la cárcel, también incluye a otros legisladores del PAN, al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda y excanciller Luis Videgaray. Por ello, el consultor Ortiz Arellano señala que el problema que afronta la oposición es que “muchos de sus líderes son susceptibles de afrontar acusaciones de corrupción”, y la opinión pública dudará de la “persecución política”. “Necesitamos una oposición de mayor calidad, la realidad es que el presidente y su partido han avanzado electoralmente en el país, a pesar de muchos errores que han cometido”, expresa.