CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En sesión ordinaria, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) coincidió en que el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre, conocido como “decretazo” presidencial sobre obras públicas, viola los principios y derechos de transparencia en México.
Por lo anterior, acordó interponer controversia constitucional ante la Suprema Corte contra ese acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el que se determinó que las obras de infraestructura del gobierno federal serán consideradas de seguridad nacional.
El acuerdo declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura de una amplia gama de sectores, comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, advirtió que con ello “se da lugar a que toda información de las obras de infraestructura de los sectores, antes precisados, tenga el carácter de reservada de manera general, previa y dogmática”.
Por su parte, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez, advirtió que el acuerdo afecta de forma significativa al principio de máxima publicidad y aclaró en que no puede haber acuerdos por encima de la Ley, de la Constitución y de los derechos humanos.
“Se está olvidando lo que establece la Ley General de Transparencia en su artículo 108, el cual indica que los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o información como reservada, además de que en ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere esta información”, apuntó.
La comisionada Norma Julieta del Río Venegas expuso que las leyes de transparencia prohíben explícitamente la clasificación previa de la información y solicita a los sujetos obligados a hacer un análisis caso por caso para clasificarla.
“Este Instituto cuenta con la autonomía constitucional y es la última instancia en materia de acceso a la información para los sujetos obligados, aun cuando el Ejecutivo cuenta con un recurso especial tratándose de seguridad nacional, pero será la propia Suprema Corte de Justicia la que resolverá cualquier situación al respecto de esta controversia que se presentará”, dijo.
“Quiero manifestar mi voto a favor de que se interponga dicha controversia para garantizar el derecho de acceso a la información”, aseveró la comisionada.
A su vez, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas explicó la determinación de interponer la controversia constitucional es porque se detectó “un riesgo inminente y evidencias en la interpretación directa e indirecta de este acto de autoridad del poder Ejecutivo Federal en menoscabo del derecho de acceso a la información pública tutelado por el INAI”.
Olga Sánchez: “No procede”
Luego que 53 senadores de oposición solicitaron a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, que presentara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia por el “decretazo”, la exsecretaria de Gobernación informó que dicha petición no procede.
Sin interés legítimo
“Conforme a los criterios de la SCJN se concluye que el Senado carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente López Obrador”, dijo la senadora.