HERMOSILLO (EFE).— La violencia en el estado de Sonora sigue desatada en municipios como Caborca, donde los choques por la plaza entre los hijos del “Chapo” Guzmán y un cártel local han convertido este municipio en un campo de batalla en días recientes y tiene a la población aterrorizada.

El origen de esta inesperada guerra es el control de la plaza, hoy en manos de Rodrigo Páez —sobrino del capo Rafael Caro Quintero— y evidenció la falta de estrategia, diagnóstico e inteligencia para atender el grave problema de la seguridad pública en Sonora.

Entre la noche del 15 de febrero y la madrugada del 16 dos convoyes de “Los Chapitos” —tres de los hijos del capo hoy preso en Estados Unidos que dominan uno de los brazos del poderoso Cártel de Sinaloa— irrumpió en la localidad con decenas de camionetas blindadas.

Durante horas sitiaron Caborca y asesinaron a dos hombres y secuestraron a cinco jóvenes, que finalmente fueron liberados.

Los cinco jóvenes secuestrados están bien pero no quisieron prestar declaración ante las autoridades, tal y como explicó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los vehículos, con sicarios a bordo, recorrieron las calles por más de seis horas sin que ninguna autoridad defendiera a los pobladores, a pesar que hay cuarteles del Ejército y la Guardia Nacional en la región.

“Parece que lo de Caborca fue una exhibición de poder de los grupos criminales que nos habla de dos posibilidades. Una rendición ‘de facto’ de la autoridad estatal y municipal o un contubernio, un permiso, que de manera ilegal pudieran haber dado las autoridades”, dijo ayer a EFE el profesor del Tec de Monterrey y experto en seguridad Juan Carlos Montero.

Mientras tanto, en Caborca y en el vecino municipio de Pitiquito, los habitantes padecen un toque de queda impuesto por la alcaldía, que pidió a la población que se abstenga de realizar actividades comerciales, lúdicas o deportivas después de las 10 de la noche.

Pero la gente se encierra en sus casas desde que el atardecer, mucho antes de que arranque oficialmente el toque de queda.

Como uno de los municipios con mayor extensión territorial del país, pues va desde la costa del mar de Cortés hasta la frontera con Arizona en Estados Unidos, Caborca es considerado como un lugar estratégico para la operación de grupos criminales. Su condición desértica, su orografía escarpada y su gran extensión dificultan la vigilancia de las agencias de seguridad en ambos lados de la frontera.

“Me parece que la política del gobierno de México, y en este caso del gobernador Alfonso Durazo, ha sido la de evitar el enfrentamiento para evitar las masacres. Eso lleva a un vacío de autoridad”, explicó Montero.

En conferencia de prensa, Durazo reveló anteayer martes que, días previos a la violencia en Caborca, la Secretaría de Marina de México decomisó tres toneladas de cocaína y arrestó a seis sospechosos que, aparentemente, buscaban traficar la droga hacia los Estados Unidos a través del desierto.

“Especulamos que una de las rutas posibles de ese cargamento de droga eran las playas de Caborca rumbo a la frontera con Estados Unidos. Este dato ha estado fuera de la escena de la información y es una pieza fundamental para entender muchos acontecimientos”, declaró el mandatario estatal ante medios.

 

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