En nueva ofensiva contra las empresas privadas que generan energía para su propio consumo, el presidente Andrés Manuel López Obrador les advirtió ayer que están en la ilegalidad y las invitó a sentarse a dialogar con su gobierno, para evitar conflictos legales.
En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, destacó que con la reciente decisión de la Suprema Corte que declaró constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, que él mismo expidió, “no hay amparo que valga”.
“Aun cuando ya es ilegal, hago un llamado a estas empresas nacionales y extranjeras a que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema, porque yo tengo que aplicar la ley; si no, me convierto en cómplice”, dijo.
En otro tema, afirmó que su gobierno todavía no recibe la notificación del juez federal que ordenó la suspensión de los trabajos del Tren Maya en el tramo 5, correspondiente a Quintana Roo.
“Todavía no hay una notificación oficial, no sabemos de qué se trata. Solo lo que ya es de dominio público, hay con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña contra el Tren Maya, financiada por organismos internacionales y empresarios”, manifestó.
Advierten a empresas
El presidente López Obrador hizo un “llamado” a las empresas eléctricas privadas para “dialogar” acerca de los permisos de autoabastecimiento, que el mandatario considera “ilegales”.
“Aun cuando ya es ilegal (el autoabastecimiento), hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema. Porque yo tengo que aplicar la ley, porque si no me convierto en cómplice”, dijo el mandatario en la rueda de prensa diaria en el Palacio Nacional.
López Obrador recalcó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró a comienzos de abril constitucional la reforma a Ley de la Industria Eléctrica, que entre otros puntos incluye revocar permisos de autoabastecimiento obtenidos “en fraude a la ley”.
Sobre este asunto, ahora el mandatario mexicano aseguró que ya “hay un marco legal” pero, antes de presentar denuncias penales, buscará el diálogo con esa veintena de empresas, en su “mayoría” extranjeras, que a su modo de ver actuaron ilegalmente.
“Ojalá ya empiecen a revisar con sus abogados lo que resolvió la Suprema Corte para que se entienda de que ya es ilegal, que es un fraude este mecanismo de autoabasto que crearon que es como una especie de mercado clandestino, informal”, apuntó.
Y agregó: “Tenemos que hablar. Yo no puedo hacerme de la vista gorda. No lo voy a hacer”, subrayó el mandatario, que resaltó la importancia de impulsar un “diálogo”.
En análisis de la legalidad
López Obrador explicó que se está terminando de analizar “quiénes están en la ilegalidad completa” y violando “la Constitución”.
“Vamos a buscar un proceso de transición donde desde luego no se perjudique al pueblo, se proteja a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al mismo tiempo se den opciones a quienes de manera consciente o inconsciente actuaron al margen de la ley”, subrayó el presidente.
Con estas invitación al diálogo, López Obrador bajó el tono de confrontación frente a las privadas por primera vez en meses. Ello coincide con la reciente derrota en la Cámara de Diputados de su polémica reforma constitucional del sector eléctrico al no lograr los votos de dos tercios de la Cámara Baja.
Mientras que el pasado 7 de abril, aunque en la Suprema Corte hubo muchas objeciones a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para que fuera considerada inconstitucional.
No obstante, los analistas prevén que el alud de amparos protegerán al sector privado de la aplicación efectiva de la nueva normativa.
Por otro lado, López Obrador reconoció que la refinería de Dos Bocas, Tabasco, costará un poco más de los 8 mil millones dólares que se presupuestaron originalmente. “Nos va a salir un poco más cerca de 9 mil millones de dólares”, afirmó.