MÉXICO.- La diputada de Morena, María del Rosario Merlín García, presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, donde busca que los creadores de contenido en plataformas digitales (influencers) paguen impuestos, siempre y cuando, generen alguna ganancia por los mismos.

La iniciativa busca reformar el artículo 32 BIS de la Ley Federal del Consumidor, con la finalidad de que consideren a los influencers como “prestador de servicios de comunicación audiovisual y, por tanto, tendrán que someterse al régimen de obligaciones y responsabilidades” que ya operan en otros medios de comunicación.

No todas las personas tendrán que pagar impuestos si suben un video o cualquier otra clase de contenidos a plataformas como YouTube, Facebook, Twitter, Instagram o TikTok, pues la iniciativa va dirigida a quienes monetizan.

¿Quiénes deberían pagar este impuesto?

  • Tratarse de un servicio económico
  • El prestador debe ostentar responsabilidad editorial sobre los contenidos que ofrece
  • Ser un servicio dirigido al público en general
  • La función de los contenidos debe ser informar o educar
  • Los contenidos tienen que ser audiovisuales.

Éstas serían las sanciones a los influencers 

También se contemplan posibles sanciones, en caso de que los creadores de contenido infrinjan las normas, “los creadores de imagen tendrán que afinar sus mensajes para no incurrir en importantes sanciones económicas”, esto significa que no deben emitir mensajes de odio, racismo, xenofobia o discriminación.

Con la iniciativa también se busca que se regule lo que llama “publicidad engañosa“, sobre todo en lo relacionado a “la promoción de la anorexia, a ludopatía (adicción al juego o las apuestas) o la adicción a las drogas”; por lo que los influencers o youtubers tendrán que hacer una inidicación “explícita” cuando hagan mención a algún contenido publicitario.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) será el órgano encargado de inscribir a los influencers o youtubers como “trabajador de servicios profesionales” y, por ende, tendrán que estar dados de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Se desconoce si la iniciativa será sometida a discusión en el siguiente periodo de sesiones.