CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) emitieron un pronunciamiento en el que expresaron su preocupación por la posible aprobación del plan B del presidente López Obrador para la reforma electoral.
El pronunciamiento dice, entre otras cosas:
La democracia vive momentos cruciales: la aprobación de una eventual reforma a las leyes electorales podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de 3 décadas.
Manifestamos nuestra preocupación, tanto por el contenido de las reformas que están discutiéndose en las Cámaras del Congreso de la Unión, como por el desarrollo del proceso legislativo.
A pesar de que lo ofrecimos en reiteradas ocasiones, el INE nunca fue consultado sobre los contenidos de dicha reforma.
El trabajo del INE a lo largo de los años ha sido posible gracias a la autonomía constitucional y a su estructura orgánica: un Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) de excelencia; una estructura desconcentrada permanente en las 32 entidades y los 300 distritos y una Junta General Ejecutiva con direcciones especializadas en sus respectivas atribuciones.
En ese sentido, del análisis de la reforma se advierten deficiencias que ponen en peligro la operación de los procesos electorales.
1) Toda reforma electoral debe estar fundada en el más amplio consenso posible entre los actores políticos y garantizar su legitimidad a partir del apego a la Constitución y a las leyes que rigen los procedimientos legislativos.
2) El INE despliega su trabajo en el territorio en 300 Juntas Ejecutivas Distritales, una por distrito. Esas Juntas desaparecerían con la reforma.
3) Eliminar la estructura permanente subdelegacional del INE y reducir al mínimo el Servicio Profesional Electoral impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar el 84.6% de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera.
Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los módulos donde se tramita la Credencial para Votar con Fotografía.
4) La Constitución señala que en el INE existirán órganos de dirección, como el Consejo General y, por otra parte, órganos ejecutivos. Sin embargo, la reforma elimina a la Junta General Ejecutiva, que sería sustituida por una Comisión de Administración integrada por cinco consejeras y consejeros, desnaturalizando su función de dirección e implicándolos en tareas administrativas ordinarias como la gestión de los recursos, que son ajenas a su labor de dirección.
5) Las y los trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional llegaron a sus cargos por procedimientos de reclutamiento señalados en la ley, como los concursos públicos abiertos; se someten todos los años a una evaluación de su desempeño y son sujetos a un programa de formación y capacitación permanente. Despojarlos de sus puestos de trabajo, cuando no han cometido falta alguna, sino que al contrario han entregado buenas cuentas a la ciudadanía, es atentar contra sus derechos laborales.
6) La reforma plantea la compactación de calendarios y la alteración de procedimientos, algunos de ellos en temas altamente sensibles, como es la selección de las y los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla que reciben y cuentan los votos de sus vecinos y vecinas.
Por todas estas razones, consideramos que la reforma produciría un efecto regresivo, contrario al principio de progresividad de los derechos reconocidos constitucionalmente, y puede generar incertidumbre en torno a las reglas de la contienda electoral.
De ser el caso, el INE recurrirá a todas las instancias y a todas las vías jurídicas que la Constitución brinda para salvaguardar la autonomía y profesionalismo del INE y para seguir garantizando elecciones libres y auténticas, como lo mandata la Constitución.