CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El gobierno de México tiene la posibilidad de atraer inversiones ante el fenómeno de la relocalización industrial (nearshoring), pero, por otro lado, envía iniciativas legales que generan incertidumbre a la inversión, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).

Es paradójico que, a pesar de la gestión mayoritariamente deficiente de la economía, las circunstancias geopolíticas globales han situado a México, potencialmente, en la mejor posición económica y geopolítica, con las mejores oportunidades de las tendencias de nearshoring y ‘friendshoring’, es decir la relocalización a países amistosos.

“Dada la situación actual de la economía y los riesgos que se prevén para los años por venir, la relocalización presenta la mejor oportunidad, si no es que la única, para alcanzar un crecimiento sostenible significativo que permita lograr un mayor bienestar para la población”, dijo el centro en su Análisis Económico Ejecutivo.

“Para que al país aproveche plenamente la oportunidad de la relocalización, se deben llevar al cabo políticas públicas que generen las condiciones generales propicias para el florecimiento orgánico de la inversión”, agregó.

“Hay que aprovechar la oportunidad para que esa inversión incluya un valor agregado nacional más elevado que en el pasado y que más proveedores nacionales se integren a las cadenas de suministro de la exportación”, afirmó.

“Asimismo, se han sugerido formas en las que el sector privado puede colaborar en el aprovechamiento de las oportunidades que se avizoran”, destacó.

“Obviamente, la materialización de la gran oportunidad de la relocalización se inicia con la concreción efectiva de las inversiones. Un elemento necesario para ello es la actitud del gobierno ante los inversionistas potenciales”, puntualizó en Ceesp en su análisis.

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