CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua (El Universal).— Esta ciudad presenta una crisis migrante como no se había registrado desde 2018, pues se estima que actualmente habitan de manera dispersa más de 35 mil personas originarias de Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras, entre otros países.
La cifra de personas en movilidad que está ahora varada en esta localidad corresponde a la misma cantidad de habitantes que se tiene en algunos municipios chihuahuenses como Saucillo o Buenaventura.
Los engaños de que la frontera está abierta para el paso de personas en movilidad, el deseo inquebrantable de tener una mejor calidad de vida y los actos de corrupción entre agentes de migración e, incluso, las cuestiones políticas, son los principales factores que ocasionan que al día lleguen más de mil 500 personas, en su mayoría de Venezuela.
La llegada masiva de los migrantes ha provocado que habiten actualmente en albergues, plazas y edificios públicos, invadiendo predios y hoteles en desuso, y hasta en las banquetas del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la alcaldía.
La problemática en Juárez se agrava a diario, ya que por tren, avión, camiones y hasta en vehículos particulares arriban migrantes a esta frontera. Y la situación se complica debido a que llegan a dispersarse antes de que puedan contarlos, canalizarlos o atenderlos, señalan autoridades estatales.
En algunos albergues ha disminuido la población, debido a que los migrantes salen de sus instalaciones en busca de cruzar a Estados Unidos de forma ilegal, por la ya popular puerta 36 del muro fronterizo.
La gobernadora María Eugenia Campos Galván aseguró esta semana que la problemática migratoria que se vive en Juárez puede generar un estallido social, por lo que lanzó la petición al gobierno federal para que se generen políticas migratorias que garanticen seguridad para las personas en movilidad.
Según explicó, los migrantes, que habitan en tapias, edificios abandonados e incluso hoteles que han invadido en la zona centro, pelean ya el territorio y los espacios con el crimen organizado en la frontera.
Dicha situación puede llevar a que ocurra un estallido social o algún otro altercado incluso mayor al que ocurrió el pasado 27 de marzo en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM), que dejó 40 muertos y 27 lesionados.