Baja California.- Homicidios y quema de negocios continúan por partre del Cártel de Sinaloa (CDS) para someter a sus víctimas y ampliar su control de la principal cadena productiva de pescados y mariscos en Baja California, en el puerto de Ensenada, y la titular de Canainpesca, Minerva Pérez Castro, afirma que el delito se presentó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Después de una serie de ataques entre febrero y marzo, “hubo cambio de mando criminal y establecieron cuotas (derecho de piso) de 20 mil a 60 mil pesos mensuales para los vendedores de mariscos y pescados en la zona centro de Ensenada”, expusieron para Zeta, agentes que realizan investigaciones de inteligencia en el puerto.
Los anteriores criminales extorsionaban con cobrar un porcentaje por el producto recolectado, transportado o vendido, mientras los actuales han establecido cuotas fijas por derecho de piso.
Además, exigen a sus víctimas cautivas, les entreguen listas de amigos, socios o conocidos relacionados con el negocio, para también extorsionarlos.
Un trabajo periodístico de Zeta señala que un entrevistado, cuya identidad permanece oculta por seguridad, reveló “que los extorsionadores siguen siendo del Cártel de Sinaloa, al servicio de Alfonso y René Arzate”.
La noche del 20 de febrero lanzaron una bomba molotov para incendiar la pescadería conocida como La Casita del Camarón, ubicada sobre Avenida Pedro Loyola esquina con Calle Guaymas del fraccionamiento Acapulco en Ensenada.
Tres años bajo el yugo de narcotraficantes: Gobierno lo sabe
Desde este lugar, que empezó a funcionar en septiembre de 2022, el Cártel de Sinaloa extorsionó y controló la venta mariscos y pescados durante 2023 y el inicio de 2024.
Era el lugar obligado (bajo amenaza) para comprar y distribuir mercancía. “Los delincuentes siguen operando, pero fuera de ese establecimiento”.
Previo al incendio, la operatividad criminal de la pescadería era conocida por autoridades de los tres órdenes de gobierno; el negocio no estaba en el Registro Público de la Propiedad, no tenía permisos de operación comercial, ni municipales ni estatales, desde octubre del año pasado, pero las autoridades permitieron que siguiera operando sin sanción, clausura o llamamiento oficial alguno.
El gobierno municipal de Ensenada, a cargo de Armando Ayala Robles, afirmó que es un establecimiento que carece de todo tipo de permisos y autorizaciones como uso de suelo, Medio Ambiente, Protección Civil y licencias de construcción, sin embargo, han sido omisos en poner orden o clausurar el negocio.
Arturo Alejandro Hernández Medina alias “El Tury”, y otros dos solamente identificados como “El Primo” y “El Parra”.
Arturo Alejandro Hernández Medina, “El Tury” del Cártel de Sinaloa
Sobre quienes ubican como los principales operadores del Cártel de Sinaloa en Ensenada, un investigador reveló dos nombres: Adrián Casas el Mercenario y Leopoldo Lizárraga Ochoa “El Pantera”.
Además, como su principal asociado criminal, al responsable de las compraventas de La Casita del Camarón, Bárbaro Javier Martínez.
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Informaron de “reclutados obligados”, amenazados, a quienes les “permiten” vender pescado y marisco, con sobreprecios establecidos por los criminales.
El agente investigador reveló que en estas condiciones están los propietarios de las pescaderías Faylo´s, Ericks y La Sanguaza, los distribuidores Miguel Ortiz y Sarmiento y la pescadería Joelito, que también fue atacada con una bomba molotov en febrero.
Ante la impunidad, las fuentes de Zeta revelan que los criminales ha llegado al punto que ellos organizan reuniones con los productores, con hombres armados para dar amenazas e instrucciones. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha intervenido.
Los afectados señalan que “durante casi 3 años” el Cártel de Sinaloa se ha apoderado de la economía local en Ensenada, por lo que siguen amenazando y extorsionando a productores, comerciantes, pescadores, transportistas y restauranteros ligados con el consumo de mariscos y pescados del puerto.
Minerva Pérez Castro: “el delito se presentó en el sexenio de AMLO”
Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca), informó que básicamente la irregular situación lleva cinco años, prácticamente lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Cuando Alfredo abrió su negocio en el corazón de la zona centro de Ensenada, era considerado uno de los más prestigiosos establecimientos que surtía productos marinos a restaurantes, comercios y público en general.
Años después su capacidad de proveeduría bajó porque está en medio de amenazas por parte del crimen organizado.
Es la primera vez que los industriales, restaurantes y comercios del giro de pescados y mariscos en Baja California están secuestrados por un grupo criminal que monopoliza la venta de pescados y mariscos desde el extremo sur en Villa Jesús María, municipio de San Quintín, hasta el norte en el famoso Puerto Nuevo, en Playas de Rosarito.
Nadie se salva, hasta los pequeños pescadores obligados a dar cuota
A partir de 2022 fue un secreto a voces la versión de que los afectados estaban obligados a comprar todos, el pescado y el marisco en un solo establecimiento ubicado en la calle Pedro Loyola, mientras que los más pequeños pescadores ribereños también pagan una cuota por la cantidad de producto que extraen de las cosas de BC.
El año pasado, la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad identificó a dos hombres como encargados de la operatividad: Arturo Alejandro Hernández Medina “El Tury”, con antecedentes por venta de droga al menudeo; y Bárbaro Javier Martínez, sin antecedentes delictivos y cobrador en La Casa del Camarón, pescadería a la que todos debían comprarle.
Los pescadores ribereños, comerciantes de pescado y restaurantes han manifestado que han tenido que reportar sus compras. Se trata de un establecimiento informal que no tiene registro ante el Sistema Integral de Gestión Registral (Siger).
La venta diaria sólo de camarones está calculada en 30 toneladas; de ese total hay un intermediario aún no identificado por la unidad investigadora apodado “El Porras”, que cobra 5 pesos por cada kilogramo.
Delincuencia organizada hace “estudio de mercado” para imponer cuota de extorsión
Lo que hicieron los criminales fue enviar personas a los negocios establecidos a consumir y preguntar por los proveedores para recabar información que después utilizaron para amenazarlos de muerte y obligarlos a comprar con sobreprecio en un comercio por ellos establecido.
El consumidor paga extorsión del crimen con sobreprecio de hasta 15%
El modus operandi que se mantiene con las pescaderías reclutadas, aunque el establecimiento de La Casa del Camarón esté cerrado, es que los pescadores, transportistas y pescaderías, le deben vender sus productos a los criminales, los únicos autorizados para vender a restauranteros, dueños de carretas o comederos de sushi con un sobreprecio del 5 al 15 por ciento.
Si un cliente les solicita un producto que no tienen, les permiten adquirirlo por otro lado siempre y cuando le paguen una comisión.
¿Cuánto es la comisión que se llevan los extorsionadores?
De las comisiones, Minerva Pérez Castro, titular de la Canainpesca en Baja California, informó en sus denuncias públicas que de acuerdo a las versiones anónimas que ha recibido:
“El crimen organizado cobra un dólar por kilo de almeja, 10 pesos por kilo de merluza y de 3 mil a 5 mil dólares por un camión de almeja generosa del Pacífico”.
Pero también hay cuotas diferentes para el camarón, langosta, atún y el pulpo.
Las pagan desde los pangueros y lancheros que sacan el producto del mar, hasta los camiones pequeños y grandes que las transportan.
La cadena criminal abarca desde los pequeños productores hasta los restauranteros que venden el producto terminado.
Revelan cómo someten los criminales al sector pesquero
Una serie de denuncias anónimas recibidas por Zeta revelan la manera en que los vendedores y restauranteros son contactados.
“Amablemente” los “invitan” a que sólo le compren producto a un distribuidor. “En caso de que sean sorprendidos comprando a otros, los amenazan”, revelaron.
La operación que dirige el crimen organizado inicia en el extremo sur y en los últimos meses ha llegado a los restaurantes del Valle de Guadalupe que se caracterizan por tener distintivos como el Miele One to Watch Award, premio FoodieHub, entre otros reconocimientos internacionales.
La Sedena no inspecciona a criminales
En el proceso de adueñarse de la cadena productiva en el puerto, criminales trasladan el producto especial como abulón desde el Paralelo 28 en Villa Jesús María, para lo que se topan con por lo menos tres retenes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y custodia en carreteras de la Guardia Nacional, sin embargo, no son revisados ni molestados, manteniéndose en total impunidad.
Sector pesquero, sometido por el narco en México
Los industriales que se dedican a procesar productos marinos para distintas actividades económicas, están trabajando con el mínimo, pues al oponerse a comprar a los cárteles, han llegado a quedarse sin materia prima, teniendo que subsidiar los sueldos, energía eléctrica, así como pagos bancarios.
En Baja California, algunos negocios del ramo ya tuvieron que cerrar, porque desde un principio “se pusieron felones” con los extorsionadores, quienes tomaron medidas drásticas donde nadie les puede proveer de productos marinos.
Por otro lado, los restauranteros están en riesgo, porque hay quienes no alcanzan a pagar las cuotas que les solicitan, “son muy altas y eso se ve reflejado en el menú”.
Empresarios amenazados señalan corrupción: criminales infiltrados en la Fiscalía
Arropados por la autoridad, en 2023, un grupo de empresarios en Ensenada interpuso una denuncia, pero en respuesta, una vez que salieron del edificio de la FGE, recibieron llamadas a sus celulares para amenazarlos de muerte. Terminaron por desistir de la denuncia.
Los primeros dos meses de 2024, diversos sectores empresariales han denunciado públicamente las extorsiones y el cobro por derecho de piso, incluso se reunieron con la fiscal María Elena Andrade, pero de nada sirvió.
La titular de la FGE dijo que necesita denuncias formales de las personas amenazadas de muerte, lo cual no hacen ante el conocimiento de la infiltración del crimen en la Fiscalía.
Para el sector productivo, los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, no están realizando el trabajo de vigilancia y tienen registros donde los elementos navales piden “amablemente” a los delincuentes retirarse de la zona cuando se encuentran extorsionando a los pescadores ribereños.
“Es un asunto que inició en Ensenada en verano de 2022 y ha ido escalando de tal manera que se han registrado dos homicidios derivados de este hecho”, compartieron afectados por este crimen.
Guerra criminal por el marisco y el pescado con gobierno de AMLO
Advirtieron que hoy, una parte de la economía bajacaliforniana, enfrenta una guerra criminal por el marisco y el pescado.
“Mañana qué pasará si los dejamos continuar: el vino. El gobierno no entiende que si no actúan, nos van a quitar la joya de la corona que es la gastronomía”, recriminaron.
Uno de los acontecimientos más graves, es que hay presidentes de cooperativas de mariscos que se encuentran exiliados en otros países debido a las advertencias de muerte recibidas.
En una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), se habló de promover la denuncia como la principal herramienta para que la autoridad pueda actuar, el alcalde Armando Ayala se los solicitó “para que -la Policía- pueda concurrir en el lugar y las víctimas puedan describir a las personas y poder intervenir, y en su momento detener en flagrancia o en posesión del delito recién cometido”.
“Hay cobro de piso para los del Mercado Negro y pescaderías, sólo se le puede comprar marisco al “El Tury”. Ese Tury es el encargado de ajustar a los marisqueros en toda la Baja California”.
Investigador
Los pescadores ribereños también han sido perjudicados por el crimen organizado. Uno de ellos, quien por motivos de seguridad reservó su identidad, declaró que los tienen vigilados y deben llevar su pesca del día a este grupo delictivo.
Refieren a un hombre de apodo “El Porras”, ya identificado por la FGE y la Secretaría de Seguridad.
La línea de mandos está trazada por los hermanos Alfonso y René Zarate García, alias “El Aquiles” y “La Rana”, respectivamente.
Ambos, buscados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto a Rafael Guadalupe Félix Núñez, a quienes en agosto de 2023 calificaron como “tres miembros notoriamente violentos del Cártel de Sinaloa, involucrados en el tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas”.
Asesinatos y extorsiones del CDS
Con las extorsiones y cobro de piso establecidas, y las primeras denuncias anónimas de las víctimas a partir de 2023, la jornada mortal relacionada con esta actividad criminal empezó en julio, con dos agresiones armadas en el puerto contra comerciantes de productos marinos.
Uno fue el homicidio de un vendedor de un negocio semifijo, así como el asalto y secuestro de la familia propietaria del restaurante Mariscos Bahía de Ensenada.
El vendedor de pescados y mariscos, identificado como Martín Mauro Rodríguez Ramos el Sinaloa, de 58 años de edad, fue asesinado a balazos el lunes 10 de julio de 2023.
Sujetos llegaron a la calle Calzada Cortez y Rayón, a dos cuadras de Avenida México, área comercial considerada de alto volumen. A las 13:20 horas un hombre descargó el arma contra Rodríguez. El asesino escapó del sitio.
La madrugada del 31 de julio, la familia Mancillas fue sorprendida dentro de su domicilio en la calle Arrecife del fraccionamiento Playa Ensenada, cuando un comando armado ingresó a la residencia del propietario del restaurante Mariscos Bahía de Ensenada, ubicado en la zona turística.
Criminales amarraron a seis miembros de la familia del empresario, entre ellos dos menores de edad; posteriormente, se dirigieron al negocio de la víctima y robaron 400 mil pesos, 210 mil dólares y vehículos de motor.
La FGE localizó a los fugitivos en un domicilio en Tijuana; el 21 de agosto les fueron cumplimentados los mandamientos judiciales.
Mercado Negro: mercado público para venta de pescados y mariscos
Los detenidos fueron Felipe Israel N, Adriana N, Israel N y Mario Iván N, por los delitos de robo calificado a casa habitación, robo de vehículo de motor, robo a comercio ejecutado con violencia, robo con violencia cuando se cometa por dos o más personas y lesiones calificadas.
Después de estos hechos, en agosto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, informó en Ensenada sobre un problema de delincuencia dentro del Mercado Negro, que es el mercado público para la venta de pescados y mariscos, ubicado en la calle de La Marina junto al malecón. Lamentó que el delito de cobro de piso afecte al sector empresarial del puerto, sobre todo a los dedicados al sector pesquero.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana, junto a la Secretaría de Marina (Semar), respondieron a un llamado de los empresarios del giro de los mariscos en el Mercado Negro, y Aguilar Durán aseguró que los recorridos efectuados han inhibido esa actividad.
Una vez más, llamó a los comerciantes y productores del ramo a denunciar; aunque se entiende que no lo hagan por miedo y desconfianza en las autoridades.
“Que participen y nos apoyen las víctimas para que de manera conjunta podamos atacar ese delito que está afectando demasiado al puerto de Ensenada”.
El 7 de febrero de 2024, a media noche, tres sujetos desde un carro lanzaron bombas molotov contra La Pescadería, en Calle Octava y Gastélum de la Zona Centro, propiedad de Jaime Daniel Gutiérrez García el Cachis.
Aunque en este caso, el local, además de vender mariscos, está identificado por la Mesa de Seguridad como parte del Cártel Arellano Félix.
Los casquillos del ataque coincidieron con el homicidio de un abogado y profesor de la Universidad Autónoma de Baja California, de nombre Gabriel Agustín Fuentes Huesca, donde el abogado y excomandante de la Policía Federal, Miguel Ángel Cortés Muro, objetivo del ataque, sobrevivió.
Días antes, en las inmediaciones de la caseta en Lomas de San Miguel, hombres lanzaron bombas molotov y dispararon contra instalaciones en el rancho de Gutiérrez García.
Investigaciones de inteligencia indican que el asesinato del elemento de la Agencia Estatal de Investigación de la FGE, Adonaí Inarunel Peña Solórzano la mañana del 29 de febrero, también está relacionado con la pugna por el control del sector pesquero.
Al igual que el homicidio de David Soto, acribillado en vía pública la tarde del martes 13 de febrero en el fraccionamiento Nueva Ensenada, en el cual su escolta resultó lesionado. En la casa de la víctima encontraron dos armas de fuego, una bolsa con droga tipo cristal y otra con fentanilo, además de insignias de la FGR.