CIUDAD DE MÉXICO, 24 de mayo de 2025 (EFE).— En México hay unas 2,000 mujeres presas por delitos de drogas, muchas de ellas víctimas del narcotráfico y del sistema que las detiene injustamente, y a pesar de ello, ninguna de ellas podrá votar en las históricas elecciones judiciales del 1 de junio próximo.
“Muchas son inocentes, porque no se está deteniendo a quienes deberían”, aseguró Alex, quien pasó casi tres años en una penitenciaría, luego que la sentenciaron por posesión y venta de narcóticos.
Mujeres presas, sin poder votar
En un país donde “no hay justicia” y detienen a quien “no tiene dinero”, Alex lamentó que se excluya a las personas en prisión preventiva oficiosa de las elecciones judiciales del domingo 1 de junio próximo, una medida aplicada por el Instituto Nacional Electoral (INE) a causa de la falta de recursos económicos.
Alex, quien tiene 32 años y prefirió reservar su identidad, relata que vivió esa ausencia de justicia en 2023, cuando por ser consumidora de sustancias, la sentenciaron y enviaron al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16, en el estado de Morelos (centro de México), uno de los más grandes y de mayor nivel de seguridad en América Latina, y donde solo vio dos veces a su defensa.
“Es más fácil detenernos a nosotras que a los grandes criminales (…) No investigan. Seas o no culpable, te apresan”, declaró sobre su detención en Guanajuato, estado donde operan el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Sinaloa.
Mujeres presas, vulnerables en penales
A su vez, Adriana Muro, fundadora y directora de la organización Elementa DDHH, informó que encarcelan a las mujeres más vulnerables, “cuando los grandes eslabones, que son hombres, están siendo liberados o incluso extraditados a Estados Unidos”.
A principios de este 2025, México extraditó a 29 narcotraficantes a EE.UU.
Además, en los últimos seis años, el encarcelamiento de mujeres aumentó 22%, según investigaciones de la organización Equis Justicia.
“Y el mercado ilícito de las drogas sigue intacto”, afirmó Adriana Muro.
Este problema, agregó, también viene del “sistema internacional” y de una política de seguridad nacional que “alimenta la idea de que se están dando resultados en la falsa guerra contra las drogas”, un enfrentamiento del que estas mujeres están siendo “víctimas”.
Por su lado, Ángela Guerrero, fundadora del Centro de Estudios y Acción (CEA) por la Justicia Social, señaló que algunas mujeres “no están involucradas en el mercado ilícito de las drogas”, es más bien “su pareja, su papá o alguna persona con la que tienen una relación de poder”.
Además, Ángela Guerrero alegó que, de las 50 mujeres que entrevistaron en el Cefereso 16 y cumplen sentencias por posesión de drogas, el 80% era víctima de la dominación masculina basada “en muchos tipos de violencia”.
Mecanismo de liberación de mujeres presas
Para Ángela Guerrero y Adriana Muro, el sistema de justicia penal, además de ser castigador, cuenta con fiscalías que no investigan lo suficiente, abogados que no defienden sus casos y jueces que no sentencian con enfoque de género.
Como contrapeso, pusieron en marcha “un mecanismo estratégico” para la liberación de mujeres presas injustamente por delitos menores de drogas, y con ello lograron la libertad de ocho mujeres, entre ellas Alex.
Este mecanismo es parte de la campaña de recaudación de fondos “Libéralas”, disponible hasta el viernes 30 de mayo, con el objetivo es recuperar la libertad de cinco mujeres más pagando sus multas.