CANCÚN.- Un grupo delictivo liderado por Paulo “N” e integrado por cuatro mujeres fue detenido en Cancún, Quintana Roo, acusado de encabezar una red de estafa relacionada con la supuesta venta de terrenos y viviendas inexistentes.
La banda supuestamente operaba mediante una narrativa cuidadosamente estructurada, afirmando gestionar predios a través de programas sociales supuestamente vinculados a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y al programa federal “Vivienda Digna”.
Ofertas engañosas con precios irreales
El esquema fraudulento se sostenía mediante reuniones masivas realizadas cada sábado, en las que los involucrados ofrecían propiedades a precios notoriamente inferiores al valor de mercado.
Por ejemplo, departamentos por 148 mil pesos o viviendas por 90 mil pesos. Los pagos debían entregarse parcialmente en efectivo, bajo el pretexto de cubrir trámites o asegurar un lugar dentro del “programa”.
La gran diferencia entre los montos solicitados y el valor comercial, que en algunos casos superaba el medio millón de pesos, hacía que la propuesta resultara especialmente atractiva para personas con pocos ingresos.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, hasta el momento se han presentado al menos ocho denuncias formales contra los implicados, cinco de las cuales incluyen amenazas directas.
Cuando algunos afectados comenzaron a sospechar o exigieron avances, recibieron audios intimidatorios con el objetivo de disuadir cualquier intento de denuncia.
Los mensajes de voz eran utilizados como herramienta de coacción para mantener encubierto el fraude y proteger la operación del grupo.
Identifican a más integrantes de la red
Además de Paulo “N”, fueron detenidas Dalia “N”, Yasuri Esmeralda “N”, Marlene Isabel “N” y Sandra del Rocío “N”.
Estas mujeres se encargaban de captar nuevos interesados, gestionar solicitudes y aparentar legalidad en el proceso.
Durante las sesiones informativas, incentivaban a los asistentes a invitar a familiares y conocidos, lo que amplió significativamente el alcance del fraude.
Según estimaciones preliminares de las autoridades, más de mil 500 personas habrían entregado dinero y documentación a esta organización, que operaba sin respaldo legal ni relación con dependencias gubernamentales.
Continúa la investigación
Los cinco detenidos permanecen bajo custodia del Ministerio Público, en espera de que se defina su situación jurídica.
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La Fiscalía continúa recabando pruebas y no descarta que más víctimas presenten denuncias en los próximos días.
Asimismo, se investiga si existió omisión o complicidad de funcionarios públicos que pudieran haber facilitado el uso indebido del nombre de programas federales en este esquema fraudulento.