CIUDAD DE MÉXICO.— El cúmulo de irregularidades registradas en la elección de jueces del pasado 1 de junio refuerza los casos presentados contra el Estado mexicano ante organismos internacionales. Expertos y colectivos de derechos humanos aseguran que la reforma judicial impulsada por el oficialismo viola compromisos adquiridos por México en tratados globales.
Azul Aguiar, profesora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), advierte que la reforma promovida por el expresidente López Obrador infringe normas contenidas en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles, instrumentos firmados por México, en una investigación de Proceso.
Ambos acuerdos exigen garantías de independencia para jueces y magistrados, algo que, según Aguiar, no se respetó con la remoción masiva de juzgadores en activo para dar paso a perfiles cercanos a Morena, electos en comicios sin filtros ni evaluaciones técnicas.
“Lo que ocurrió fue una captura del Poder Judicial por parte del partido en el poder, y eso rompe con la división de poderes”, advierte la politóloga. A su juicio, la presión internacional llevará a futuras condenas contra el Estado mexicano, aunque los efectos de esas sentencias podrían tardar hasta una década en concretarse.
La abogada peruana Úrsula Indacochea, observadora del proceso y directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso, señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya tiene más elementos para investigar al país.
México también deberá responder ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y la Comisión de Venecia, así como ante la Relatoría Especial de la ONU sobre la Independencia Judicial, que ya ha advertido el riesgo de cooptación del sistema por parte del crimen organizado.
Denuncias escalan
Según Indacochea, una condena de la Corte-IDH implicaría no sólo responsabilidades simbólicas, sino millonarias indemnizaciones a los más de 7 mil jueces que serán reemplazados. “Tendrán que pagar los años que no podrán trabajar ni jubilarse, y ya se gastaron los fideicomisos”, apuntó.
Además, la Corte podría ordenar reformas legales para restituir las garantías de independencia judicial en México. Sin embargo, tanto Indacochea como Aguiar coinciden en que el Estado mexicano ha ignorado fallos internacionales anteriores, como el referente a la prisión preventiva oficiosa.
En ese mismo tono, Aguiar subraya que el nuevo gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum ha descalificado los señalamientos de organismos multilaterales. Como ejemplo, cita el rechazo al informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA), que cuestionó el modelo de elección por voto popular.
La misión de observación de la OEA, liderada por el chileno Heraldo Muñoz, advirtió que esta modalidad no tiene precedentes y podría debilitar los principios de transparencia, imparcialidad e independencia, en lugar de fortalecerlos.
Algunos expertos subrayan que los órganos internacionales pueden emitir medidas cautelares antes de que se resuelvan los casos de fondo, sobre todo si identifican un riesgo inminente a los derechos fundamentales de los jueces cesados. En este caso, indicaron, esas medidas podrían solicitar al Estado mexicano frenar temporalmente los despidos.
En círculos judiciales también se teme que el precedente de esta reforma pueda ser replicado en otras instituciones autónomas del país, lo que aumentaría la concentración de poder en el Ejecutivo y comprometería la estabilidad democrática a largo plazo.
Avanza el caso
En mayo pasado, 14 juzgadores del Poder Judicial de la Federación presentaron una denuncia ante la CIDH en la que documentan violaciones a sus derechos laborales y personales por la aplicación de la reforma. Señalan que fueron acusados públicamente sin pruebas de corrupción y nepotismo.
La denuncia fue respaldada por el Vance Center for International Justice, con sede en Nueva York. No pretende derogar la reforma judicial, sino obtener reparación integral para los afectados y fortalecer los estándares de independencia judicial en la región.
María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y una de las firmantes, considera que es tarde para revertir los cambios, pero no para resarcir los daños. “Tiene motivaciones políticas”, dijo.
Susana Camacho, de México Evalúa, recuerda que durante una sesión de la CIDH celebrada en Washington en noviembre pasado, ya se había alertado sobre los riesgos. “La elección del 1 de junio confirma esos temores”, afirmó.