CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Durante la presentación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que ocho estados concentran el 66% de los casos de extorsión.
Las entidades más afectadas son Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, y como parte de la estrategia se fortalecerá el uso del número 089 para denuncias anónimas, priorizando la protección de la identidad de las víctimas y capacitando a operadores especializados para su atención, dijo.
La estrategia nacional incluirá la colaboración de varias dependencias, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que se encargará de congelar cuentas bancarias ligadas a extorsiones. También se solicitarán órdenes judiciales para bloquear líneas y equipos celulares usados en llamadas de extorsión, y se incrementarán los operativos sorpresa en centros penitenciarios para incautar teléfonos usados por reclusos, añadió.
“Capturar a quienes cometen este delito es una forma directa de proteger a miles de familias trabajadoras”, acotó García Harfuch.
La implementación de esta estrategia se apoya en la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, la cual, según el titular de la SSPC, permitirá fortalecer las investigaciones y desmantelar redes delictivas.
A la par, se firmarán convenios con empresas privadas para difundir medidas preventivas y capacitar a empleados de tiendas, bancos y hoteles a fin de detectar prácticas asociadas a la extorsión y evitar depósitos a cuentas de delincuentes o casos de secuestro virtual.
A su vez, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, recordó que la extorsión es hoy un delito del fuero común, pero se trabaja para integrar denuncias a nivel federal cuando corresponda.
Anunció que el 1 de agosto convocará a todos los fiscales del país para establecer un sistema común de información y compromiso para atender estos delitos.
Según el Inegi, el 96.7 % de las extorsiones no se denuncian, lo que impacta negativamente la economía, pues negocios y empresas deben gastar para protegerse.