CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) de México advirtió ayer que el país se encuentra frente a una “catástrofe alimentaria” al ser el principal comprador de maíz y otros granos de Estados Unidos, los cuales pueden ser utilizados como “un arma de presión”, en medio de la imposición de aranceles del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.
El dirigente de la UNTA, Álvaro López Ríos, señaló en un comunicado que “Estados Unidos puede llegar a utilizar los alimentos como un arma de presión para ponernos de rodillas”, y consideró que, pese a haber obtenido una prórroga de 90 días para la aplicación de nuevos aranceles, el gobierno mexicano se ha puesto “de rodillas ante las ofensivas que ha lanzado el presidente norteamericano”.
“Hay un falso discurso de hacer frente, pero en el fondo lo que se hace es obediencia ciega a lo que plantea el ‘ogro’ norteamericano”, declaró López Ríos.
El dirigente recapituló que el plazo de 90 días anunciado la semana pasada por Trump tras sostener una llamada telefónica con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, implica que México debe revisar barreras no arancelarias, como el uso del glifosato que, hasta el momento, está prohibido en territorio mexicano.
Expuso que “el campo mexicano enfrenta un doble discurso”, pues “mientras Estados Unidos endurece controles, levanta aranceles y bloquea el paso a productos clave como el tomate (tomate) o el ganado, su Departamento de Agricultura despliega una ofensiva comercial para vender más en México”.
Asimismo, señaló que Estados Unidos “cuestiona al agro mexicano pero vive de este”, ya que en 2024, México compró productos agrícolas de Estados Unidos por más de 30,000 millones de dólares y generó 190,000 empleos en ese país.
Añadió que “Trump tiene al agro bajo amenaza de aranceles”, luego de que en marzo pasado “pidió a los grandes agricultores de su país que se prepararan para producir más para vender dentro de Estados Unidos”.
“Aunque aún no lo concreta, su equipo jurídico explora la posibilidad de imponer aranceles generales al sector”, alertó.
Movilización nacional por el campo mexicano
Por ello, el dirigente agrícola avisó de una “movilización nacional” del martes 12 al jueves 14 de agosto “cuyo destino final es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)” de la Ciudad de México, “donde en plantón los miembros de la UNTA exigirán al titular de la Sader, Julio Berdegué Sacristán, que frene el hecho de que México sea el primer importador de alimentos”.
Apuntó que datos de la Agencia Nacional de Aduanas de México señalan que en el primer semestre de 2025 las importaciones de maíz blanco alcanzaron las 586,000 toneladas métricas ™, un aumento del 253.2% frente al mismo periodo de 2024.
El precio promedio bajó de 299.9 a 288.1 dólares por tm y “la totalidad del grano provino de Estados Unidos”, añadió.
Además, indicó que México fue el principal cliente general de la agricultura estadounidense en el año comercial 2023/2024, comprando 35 millones de tm de productos, más del doble que el siguiente país en importancia, según el Consejo de Granos de Estados Unidos.
Jornaleras en vilo
En el marco de los cinco años de la Alianza Campo Justo, organizaciones civiles y mujeres jornaleras agrícolas denunciaron ayer que la exclusión, la violencia y la precariedad que enfrentan en los campos persiste en el país e hicieron un llamado al gobierno mexicano para que cumpla su promesa de incorporar sus demandas en la agenda de justicia social.
En una conferencia de prensa realizada en Ciudad de México, mujeres indígenas de la montaña de Guerrero, compartieron sus testimonios sobre condiciones laborales inhumanas, discriminación sistemática y falta de acceso a salud, educación y vivienda.
“Me he tenido que hincar en un surco, en el lodo (con nueve meses de embarazo) para que pueda comer mi familia (…) he tenido que aplastar a mi bebé para que pueda ganar un poquito de dinero y ni siquiera me alcanza con eso”, denunció Sara, jornalera migrante.
La Alianza Campo Justo —integrada por Fundar, Oxfam México, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros— fue creada en 2020 para exigir el cumplimiento de los derechos laborales y sociales de esta población, históricamente marginada.
No obstante, las organizaciones acusaron que, pese a avances normativos como el reconocimiento del salario mínimo profesional para el sector agrícola, las condiciones reales no han mejorado, aun cuando el discurso político pareciera enfocarse a este sector.
Para Diego de la Mora, director de Fundar, el salario que reciben los jornaleros agrícolas no alcanza para “una vida digna” y señaló que las inspecciones laborales son casi inexistentes.
“Y hay agua, limpieza, pero nada más se van los inspectores y todo vuelve a estar igual de mal que antes”, lamentó De la Mora.
Por su parte, Alejandra Haas, directora de Oxfam México, señaló que el modelo de seguridad social actual está diseñado para trabajos formales y estables y no considera la estacionalidad de la labor jornalera.
Alejandra Haas propuso flexibilizar la cotización, garantizar la atención médica durante todo el año y crear un registro único de personas jornaleras para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Al respecto, Abel Barrera del colectivo Tlachinollan, denunció que la migración forzada desde comunidades indígenas se da por el abandono histórico de las autoridades mexicanas.