CIUDAD DE MÉXICO.- El buque petrolero Nord Supreme se convirtió en pieza clave de una red criminal que operaba desde Houston, Texas, hasta los puertos de Tamaulipas.
Según documentó El País, la nave partía del Greens Port en Houston con bodegas supuestamente llenas de aditivos para aceites lubricantes, pero en realidad transportaba combustible disfrazado.
La ruta estaba perfectamente calculada. Tras zarpar de Houston, el Nord Supreme navegaba rumbo al sur y, poco antes de llegar a la frontera marítima de México, modificaba su curso hacia el puerto de Altamira.
Allí atracaba para descargar su mercancía, que en documentos se declaraba como aditivos, aunque en los hechos eran gasolinas y diésel que debían pagar impuestos especiales.
Entre el 20 de enero y el 3 de marzo de 2024, el buque repitió el trayecto cuatro veces, moviendo 18 millones de litros de supuestos aditivos.
Los registros de puertos y aduanas muestran que los papeles presentados eran falsos y que el barco participaba en una operación de contrabando fiscal.
Este patrón se replicó con otros navíos como el Seaways Jeju o el Mtm Hamburg, todos vinculados a la red de los hermanos Farías Laguna.
El operativo criminal usaba siempre las mismas empresas, rutas y puertos, lo que evidenciaba una logística con precisión militar.
La red criminal y sus operadores dentro de la Marina
La conspiración fue dirigida por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, oficiales de alto rango de la Marina y familiares de José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Con rango de vicealmirante y contralmirante, colocaron a gente de su confianza en puestos clave de aduanas para asegurar el paso de los buques.
Las investigaciones señalan que desde junio de 2023 la red realizó al menos 69 operaciones de contrabando, introduciendo 564 millones de litros de combustibles mediante 69 petroleros en cuatro aduanas del país.
El beneficio estimado fue de más de 3,000 millones de pesos, alrededor de 150 millones de dólares.
Las compañías involucradas en la importación estaban radicadas en Monterrey, Nuevo León, entre ellas B-Match SA de CV, Azteca Cone SA de CV e Intanza SA de CV, todas relacionadas entre sí.
La exportadora era, en la mayoría de los casos, Ikon Midstream LLC, con sede en Houston.
El método consistía en declarar el combustible bajo la fracción arancelaria 38112107, destinada a aditivos para aceites lubricantes, lo que evitaba el pago del IEPS.
Mientras tanto, las fracciones correctas para gasolina y diésel (27101209 y 27101910) sí están sujetas al impuesto.
Aduanas bajo sospecha y complicidad interna
Un verificador aduanal, citado por El País, explicó que para que un barco con contrabando lograra pasar, debía haber complicidad de varias áreas internas de la aduana.
Desde el departamento de informática y contabilidad hasta el de Operación Aduanera, todos jugaban un papel en validar la carga.
El funcionario, con más de una década de experiencia, reveló que los barcos llegaban a puerto “ya arreglados”. Incluso cuando se sabía que la carga era irregular, los verificadores debían simular que todo estaba en orden.
“Decimos que un barco ya viene ‘cantado’ cuando hay un acuerdo previo”.
Además, se requería la complicidad de los responsables de cámaras de seguridad, para no alertar sobre la llegada de cientos de camiones cisterna, y de altos mandos de las aduanas en Ciudad de México.
“No se puede hacer nada sin que ellos lo sepan”.
En septiembre de 2025, las autoridades mexicanas anunciaron la detención de 14 personas relacionadas con esta red, en lo que ha sido considerado el mayor golpe a la corrupción durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Impacto económico y advertencias ignoradas
La consultora Petro Intelligence estimó que en 2024 ingresaron al mercado mexicano alrededor de 18,000 millones de litros de combustible ilegal, equivalente al 30% de lo vendido en gasolineras. Esto representó un daño fiscal de 6,200 millones de dólares.
La magnitud del contrabando, camuflado como importaciones atípicas de lubricantes, coincide con el periodo en que las aduanas fueron entregadas al control militar.
Pese a que algunos verificadores denunciaron desde 2023 la llegada de barcos sospechosos, sus advertencias no recibieron respuesta.
“Nosotros avisamos de que estaban llegando barcos con cargas sospechosas desde finales de 2023”, relató un inspector.
Según dijo, la Marina no permitía realizar muestreos y las denuncias nunca fueron atendidas.
Este caso no solo representa un golpe financiero para México, sino que pone en entredicho la credibilidad de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, al exhibir cómo oficiales de alto rango habrían utilizado su posición para facilitar una red de huachicol fiscal a gran escala.
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¿Qué es el huachicol fiscal?
El llamado huachicol fiscal no implica el robo directo de combustible en ductos, como ocurre con el huachicol tradicional, sino un fraude aduanero y tributario.
- La modalidad: Empresas importadoras ingresan combustible refinado desde el extranjero disfrazado como otros productos, por ejemplo “aditivos para aceites lubricantes”.
- El truco: Se registran bajo fracciones arancelarias con impuestos menores o exentos, en lugar de declarar gasolina o diésel, que sí pagan el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios).
- El efecto: El combustible entra a México con papeles aparentemente legales, pero en realidad evade miles de millones de pesos en impuestos.
- Las ganancias: Las redes criminales y empresarios involucrados obtienen un margen millonario al vender más barato, mientras la Hacienda pública sufre pérdidas considerables.
Se trata de contrabando disfrazado de importación legal, donde el fraude se comete en las aduanas y la contabilidad, de ahí el término fiscal.