PUNTA CANA (El Universal).— El acoso judicial se consolidó como uno de los principales mecanismos de censura. Gobernadores, legisladores y funcionarios utilizaron figuras como “violencia política de género” y demandas por daño moral para inhibir la crítica.
Casos en los estados de Campeche y Sonora fueron los más notorios, pero también hubo sanciones en Veracruz, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, en los que resultaron afectados tanto periodistas como ciudadanos activos en redes, reporta el más reciente informe sobre la libertad de expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Durante la 81 Asamblea de la SIP, se presentó el informe sobre México de la Comisión de Libertad de Expresión en el que se detalla que la “libertad de prensa enfrentó un panorama complejo en este período, en especial por el uso de instrumentos judiciales y regulatorios para limitar la crítica”.
El reporte hace mención de diversos casos en los que el poder utilizó el acoso judicial para intentar censurar y acosar a medios y periodistas, entre ellos el de El Universal y su columnista Héctor de Mauleón, por parte de la actual titular del Poder Judicial del gobierno de Tamaulipas, Tania Contreras López.
Sobre la actitud del gobierno federal con la prensa, el reporte señala que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una relación ambivalente, ya que por un lado radicalizó su discurso contra la prensa ante la información de diversos medios que vinculan a funcionarios del gobierno anterior con casos de corrupción, mientras que por otro, rechazó públicamente la censura al pedir al Senado que frenara un artículo de la nueva Ley de Telecomunicaciones que facultaba al gobierno a bloquear las plataformas digitales.
“La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, denunció a Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna. El periodista fue vinculado a un proceso por incitación al odio y violencia de género.
Un juez ordenó el cierre del medio por dos años, además de prohibirle ejercer el periodismo en ese lapso. También le asignó un censor que debe revisar sus columnas antes de ser publicadas para evitar que mencione a la gobernadora.
González Valdez también enfrenta una demanda civil interpuesta por Walther Patrón Bacab, vocero del gobierno campechano.
Otras demandas
La gobernadora también demandó a los reporteros Abraham y Carlos Martínez, apunta el informe.
Y añade: “la ciudadana Karla María Estrella fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras un comentario en X sobre nepotismo entre el diputado Sergio Gutiérrez Luna y su esposa. Se le impuso una multa, una disculpa pública obligatoria durante treinta días y su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género, hasta 2027”.