CIUDAD DE MÉXICO.— México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) condenó enérgicamente la postura de negación y minimización que el gobierno de México sostuvo ante la ONU respecto a la crisis de desaparición forzada en el país.
El pronunciamiento se produjo tras la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, una medida promovida por el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de Naciones Unidas.
De acuerdo con MUCD, esta decisión es “crucial” para avanzar en el esclarecimiento de más de 133,000 casos de desaparición y no localización registrados en México.
La organización recordó que el país concentra el 35% del total mundial de solicitudes de acción urgente ante el Comité, lo que demuestra la magnitud del problema y la falta de resultados de las autoridades.
“El Estado debe poner fin a las demoras, omisiones y obstrucciones en las denuncias e investigaciones”, subrayó la organización, al exigir que se sancionen los actos de corrupción y se fortalezcan las medidas de protección a familias y activistas de derechos humanos.
MUCD reiteró su respaldo al procedimiento internacional y llamó a garantizar el respeto irrestricto a las víctimas, con acceso a la verdad, justicia, reparación integral y no repetición.
Urgió a que se refuercen las capacidades institucionales de búsqueda y análisis forense, e hizo un llamado a las autoridades estatales y federales a cumplir con el Acuerdo 02/LI/2025 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que busca mejorar la gestión de casos y la identificación de restos.
El jueves, el gobierno federal de México reiteró su rechazo a los señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), que por primera vez llevó la crisis de desapariciones en el país ante la Asamblea General de la ONU, al considerar que hay indicios de una práctica “generalizada” y/o “sistemática” de desaparición forzada en el país.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana indicó en un comunicado que las afirmaciones emitidas por el CED “carecen de sustento y no son admisibles”, y atribuyó a la “delincuencia organizada” el “fenómeno de la desaparición forzada en México”.
El pronunciamiento de la cancillería mexicana ocurre a raíz de que el CED activó un procedimiento bajo el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, para analizar si en México las desapariciones son generalizadas y/o sistemáticas.
Al tiempo que remarcó su rechazo al reporte, la SRE apuntó que México es “uno de los países más abiertos al escrutinio internacional, como lo demuestra la ratificación de todos los Tratados de Derechos Humanos”.
La cancillería aseguró que “la desaparición de personas es un delito grave que se combate en México mediante una política de Estado basada en la prevención, la investigación y la sanción”.
Y enumeró varias acciones del gobierno al respecto, como la implementación de la Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad, y el “robustecimiento” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno).
También señaló que “se han fortalecido las instituciones encargadas de la búsqueda e identificación de personas, se han desarrollado nuevas herramientas de coordinación interinstitucional y se mantiene un diálogo permanente y constructivo con familiares y colectivos de víctimas”.
La SRE agregó que el gobierno mexicano ha mantenido un diálogo con el CED, en relación con el procedimiento anunciado a inicios de abril, que hace unos días fue llevado ante la Asamblea General de la ONU.
Además, pidió al Comité analizar “con objetividad, antes de emitir nuevos juicios”, el informe enviado por el gobierno mexicano sobre la situación de las desapariciones en el país.
El martes, representantes de México en la ONU manifestaron su inconformidad por el inicio del mencionado procedimiento.