XALAPA, Veracruz.— En su comparecencia ante el Congreso, la fiscal de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, rechazó que la Fiscalía General del Estado se haya equivocado al intentar imputar el delito de terrorismo al periodista de Coatzacoalcos, Rafael León Segovia, y negó que exista persecución contra comunicadores o algún sector profesional.
Según publica Proceso, la funcionaria intentó deslindarse al asegurar que la Fiscalía no gira órdenes de aprehensión, sino que es el juez el único calificado para detener a una persona para que responda por un hecho específico. Sin embargo, no aclaró que las órdenes de captura que emite el juez se basan en acusaciones que formula la propia Fiscalía.
“Quiero puntualizar que la Fiscalía no emite órdenes de aprehensión. Eso le corresponde a un juez. La orden es solamente un medio para presentar a una persona ante la autoridad judicial”, dijo.
La fiscal agregó que es el juez el que, al momento de dictar el auto de vinculación a proceso, define con precisión el delito por el cual continuará el procedimiento penal, por lo que rechazó que exista un error de la Fiscalía estatal en la integración inicial del caso.
En el caso específico del periodista Rafael León Segovia, precisó que quedó vinculado a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública, además de que se le impuso una medida cautelar consistente en arresto domiciliario por un año.
“Ahí quedó muy claro por qué delitos fue vinculado y cuál fue la medida cautelar que se le fijó, por la cual continúa sujeto al proceso. No se persigue a personas, sectores, grupos ni profesionales, mucho menos a periodistas o comunicadores”, aseguró.
A 45 días de haber asumido el cargo, Lisbeth Jiménez acudió al Congreso como parte de las obligaciones de organismos autónomos.
Ahí también habló del asesinato del periodista Carlos Castro, ocurrido en Poza Rica. La fiscal informó que se abrieron dos carpetas de investigación de manera paralela, una a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y otra por parte de la Fiscalía Regional de Poza Rica por delitos diversos.
Añadió que el proceso ha enfrentado dificultades técnicas, principalmente en el análisis de información telefónica: “Hemos tenido algunos retos en temas de telefonía. No es tan sencillo desbloquear equipos para obtener datos, eso requiere procedimientos especializados”, explicó.
Indicó que por el momento no es posible revelar cuáles son las líneas de investigación, pero garantizó que se están agotando todas las posibilidades para esclarecer el crimen.