CIUDAD DE MÉXICO.- Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que ninguno de los ministros ha recibido amenazas o intentos de intimidación, por lo que no son necesarias las camionetas blindadas.
En rueda de prensa realizada este lunes para tratar la polémica por la adquisición de camionetas de lujo blindadas con un costo de más de dos millones de pesos, Aguilar Ortiz destacó que “la seguridad no implica lujo”.
“Hemos estado escuchando las críticas, los cuestionamientos que se nos hace […] por esa razón, en diálogo con los ministros y ministras, hemos tomado la decisión de no utilizar los vehículos blindados recientemente adquiridos”, afirmó el ministro presidente.
“Afortunadamente, no tenemos alguna noticia de riesgo de seguridad de los ministros y ministras y todos ellos han decidido que vamos a funcionar con la debida austeridad en nuestras actividades cotidianas”.
“Seguridad no significa lujo”: Hugo Aguilar, de la SCJN
Durante la conferencia de prensa en el área de Murales en la sede del Máximo Tribunal del país, el ministro presidente sostuvo que la promesa de austeridad que asumieron busca ser compatible con la eficiencia, la protección de quienes se desempeñan en la Corte.
Destacó el “respeto” a los recursos del pueblo de México.
“En primer lugar, quiero ser claro, la austeridad no es un acto simbólico, es una política de administración responsable que se ejerce con equilibrio, sin poner en riesgo la seguridad institucional, la operación del Estado, ni el cumplimiento de las funciones constitucionales”
El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García agregó que anteriores integrantes de la Corte se llevaron obras de arte, aunque evitó proporcionar detalles sobre los responsables o el monto de dichas piezas.
Aguilar Ortiz también aclaró que las camionetas no están emplacadas y negó que cuenten con placas del estado de Morelos, como se difundió en algunos espacios informativos. Calificó dicha versión como falsa.
“Tenemos el mínimo necesario para que funcione la SCJN en óptimas condiciones”, afirmó el ministro presidente, al señalar que los recursos serán ejercidos con responsabilidad y transparencia.
Indicó que se analizará la devolución de las unidades o su reasignación a jueces y magistrados que enfrenten mayores riesgos, en concordancia con la política de austeridad institucional.
La polémica por los gastos de la Corte se desató el pasado 22 de enero tras darse a conocer la compra nueve camionetas Jeep Grand Cherokee modelo 2026, con precio aproximado de un millón y medio, sin contar el blindaje.
Compra de camionetas blindadas en la SCJN: antecedentes y costos millonarios
Hugo Aguilar señaló desde agosto de 2010, se decidió que los integrantes de la Corte cuenten con medidas de seguridad por responsabilidad de Estado que desempeñen; estas medidas incluyen el uso de vehículos blindados.
El ministro presidente detalló que, al 1 de septiembre de 2025, se habían adquirido 43 vehículos blindados. De ellos, 39 fueron recibidos por la actual integración, mientras que cuatro fueron entregadas a ministros anteriores como parte de su acuerdo retiro.
Aguilar Ortiz señaló que la nueva Corte, con integrantes elegidos mediante voto popular en las primeras elecciones del Poder Judicial en México, decidieron desde el inicio de su gestión no usar las camionetas Suburban, precisamente porque son “ostentosas”.
Por ello, optaron por unidades Jeep. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos vehículos se deterioraron considerablemente, afirmó al justificar la decisión de comprar nuevas unidadaes.
De acuerdo con su explicación, el peso del blindaje afectó los sistemas de tracción y el motor, lo que provocó múltiples fallas mecánicas.
“Durante estos cuatro meses se tuvieron algunos incidentes… Los vehículos se quedaron varados varios de estos vehículos y por lo tanto, tomamos la decisión de escuchar la evaluación, la opinión de órganos internos y también de instituciones de seguridad del gobierno de México“.
Tras evaluaciones realizadas por órganos internos e instituciones de seguridad del gobierno federal, se concluyó que el blindaje ya había superado su vida útil.
“Se hicieron evaluaciones físico- mecánicas, nos dijeron que estaban en malas condiciones, se nos indicó que el blindaje ya había fenecido el tiempo que es recomendable utilizarlo“.
Esto motivó la adquisición de nueve nuevas camionetas, cuyo costo total ascendió a aproximadamente 22 millones de pesos.
“Yo puedo andar hasta en Metro”, sostuvo Hugo Aguilar este lunes ante las críticas por la compra de camionetas blindadas de lujo que se dio a conocer la semana pasada.
Claudia Sheinbaum celebra la decisión de ministros y ministras de no usar autos de lujo
La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su respaldo a la decisión de las y los ministros de no utilizar las camionetas blindadas recientemente adquiridas.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el tema fue revisado tras surgir dudas sobre la información difundida, por lo que se solicitó a la Secretaría de Gobernación verificar los hechos.
Presidencia confirmó que las unidades se compraron bajo el argumento de representar un ahorro frente al arrendamiento.
Sheinbaum recordó que, según la Corte, este esquema permitió un ahorro aproximado de mil millones de pesos en comparación con contratos anteriores. No obstante, consideró positiva la determinación de devolver los vehículos.
“Más allá de las razones administrativas, se trata de una nueva Corte y debe haber una visión diferente frente a la gente”, afirmó la presidenta al referirse a la necesidad de fortalecer la cercanía con la ciudadanía.
Durante su conferencia de prensa de este lunes, celebró la decisión de las ministras y ministros de devolver las camionetas.
Los lujos de la “Suprema Corte del Bienestar”
La compra millonaria de camionetas de lujo en la nueva Corte dio paso a otros señalamientos por gastos excesivos, a poco más de 100 de su arranque.
Retrato al óleo de Lenia Batres
Entre las polémicas más destacadas fue el retrato vivo de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que se al final no se realizo por problemas de agenda del artista, pero que tendría un costo de 40 mil pesos.
Según se dio a conocer el 24 de enero, en tarjeta informativa, el cuadro al óleo estaba a cargo de la artista Diana Carolina López López, a quien se le adjudicó la obra pero “compromisos y actividades previamente programadas” hizo que se retire.
“La ministra Lenia Batres no determinó ni a la artista ni los términos del contrato, incluyendo su monto” de 40 mil pesos, informó la SCJN.
También se reconoció que “indebidamente” se omitió retirar el documento del Portal de Transparencia Ciudadana. Esto ocasionó que el instrumento contractual permaneciera como disponible.
“Se sigue comprobando que no es a mí a quien van a encontrar abusos de gastos. Al contrario, puedo seguir presumiendo que mi equipo y yo devolvimos o ahorramos a la Suprema Corte en dos años más de 20 millones de pesos”, dijo Lenia Batres.
Loretta Ortiz viaja en primera clase
Otra polémica fue el viaje en primera clase de la ministra Loretta Ortiz a Costa Rica.
Según informó en sus redes sociales, el viaje fue por su participación en la inauguración del Año Judicial Interamericano 2026 y en la Primera Edición del Seminario Interamericano de Derechos Humanos.
“Estoy lista para integrarme a las actividades de la próxima semana y contribuir al diálogo con otras personas juzgadoras constitucionales sobre un tema tan esencial para la dignidad humana en nuestra región”.
Millonaria ceremonia tradicional
Por último, una investigación de El Universal dio a conocer que la “ceremonia de purificación” realizada el pasado 1° de septiembre costó al menos un millón 254 mil 121 pesos.
La ceremonia a Quetzalcóatl fue encabezada por la médica tradicional zapoteca, Teresa de Jesús Ríos, estando presente los ministros de la nueva Corte en lo que era el inicio de sus funciones, así como líderes de comunidades indígenas.
Los representantes indígenas entregaron un bastón de mando en una ceremonia tradicional a los ministros y ministras.
De acuerdo con información obtenida vía transparencia, para la ceremonia se pagó a cinco proveedores principales.
Los pagos fueron por el servicio de audio, renta de baños portátiles y servicio de snacks, bocadillos y ensaladas, así como la instalación del escenario y la colocación de un bastidor de madera.
Este lunes también se reportó un gasto de 300 mil pesos por las togas que usan los ministros.
De acuerdo con lo reportado, en julio de 2025, la Corte compró 12 togas con un costo unitario de entre 22 mil y 24 mil pesos. Seis son para sesiones extraordinarias y seis para sesiones ordinarias.
Con información de El Universal
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