CIUDAD DE MÉXICO.— Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 45 votos a favor y 39 en contra.
El proyecto avanzó únicamente con el respaldo de legisladores de Morena, mientras que diputados del PT, PVEM, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra durante la discusión en San Lázaro.
El aval en comisiones se logró gracias a que en esa instancia se requiere mayoría simple; sin embargo, el panorama se complica para su eventual aprobación en el pleno: para concretar la reforma se necesitarían 334 votos, es decir, una mayoría calificada que Morena no alcanzaría por sí solo.
Aun con la asistencia total de sus legisladores, Morena reuniría alrededor de 253 sufragios, por lo que se prevé que el dictamen sea rechazado en la sesión prevista para este miércoles.
Durante el debate, incluso partidos aliados de Morena manifestaron reservas sobre el contenido de la iniciativa. El diputado Ricardo Astudillo (PVEM) señaló que, aunque coinciden con algunos puntos, la propuesta requiere ajustes para garantizar condiciones equitativas en la contienda política.
“A pesar de coincidir en varios puntos de la reforma constitucional, en esta ocasión no podemos acompañar el dictamen, precisamente, porque consideramos que la propuesta puede fortalecerse para asegurar condiciones de igualdad en la competencia democrática”, dijo.
En el mismo sentido, el diputado Pedro Vázquez (PT) dijo que su partido ha afrontado críticas públicas por fijar una postura distinta frente al proyecto. Aseguró que la decisión no responde a intereses particulares, sino a la defensa de la pluralidad política.
“Nuestro grupo parlamentario del Partido de Trabajo nos apartamos del dictamen que se nos presenta, toda vez que consideramos que aún no están agotadas todas las posibilidades”, expresó.
En paralelo, el Senado avanzó en otra iniciativa presidencial al aprobar en comisiones, por unanimidad y en vía rápida, una reforma para limitar las llamadas “pensiones doradas” en el sector paraestatal.
La propuesta establece un tope de 70 mil pesos mensuales para exfuncionarios de entidades como Pemex y la CFE.
Aunque contó con el respaldo de la oposición, legis-ladores advirtieron posibles problemas por su aplicación retroactiva y por excluir a dependencias de la administración pública centralizada y a las Fuerzas Armadas.