CIUDAD DE MÉXICO.— A casi cuatro meses del descarrilamiento del Tren Interoceánico, el caso continúa rodeado de cuestionamientos por parte de víctimas, especialistas y trabajadores, quienes coinciden en que aún no existe un esclarecimiento pleno de lo ocurrido.
Más allá del accidente en sí, el episodio ha dejado al descubierto deficiencias en materia de justicia, transparencia y atención a los afectados, lo que mantiene vigente la exigencia de respuestas claras por parte de las autoridades.
Durante una ponencia académica en la Universidad Iberoamericana, sobrevivientes y expertos coincidieron en que el análisis del accidente debe ser integral.
No se trata únicamente de un problema técnico, sino también de un reto ético que implica garantizar que un hecho similar no vuelva a repetirse.
En ese contexto, se subrayó la necesidad de abordar el caso desde distintas disciplinas para comprender su verdadera dimensión.
“No había nada alrededor”
El testimonio de Yoalli Romero, sobreviviente del accidente del 28 de diciembre de 2025, reflejó la persistente inconformidad de las víctimas. “La investigación es para las víctimas, para que no vuelva a pasar”, afirmó.
Sin embargo, también expresó el sentir generalizado: “Seguimos teniendo muchas más preguntas e indignación que respuestas”, frase que resume el clima de incertidumbre que prevalece entre los afectados.
Yoalli relató que el tren viajaba lleno y que, tras el impacto, varios vagones quedaron en una zona aislada, sin acceso inmediato a servicios de emergencia. “No había nada alrededor”, describió, aludiendo a la dificultad para recibir auxilio.
Además, denunció desorganización posterior y falta de información clara, lo que incrementó la angustia de las personas involucradas.
Desde el ámbito técnico, especialistas señalaron que el accidente no puede entenderse como un hecho aislado. Advirtieron que el tren operaba con vagones de distintas procedencias y antigüedades, lo que genera comportamientos dinámicos desiguales. A ello se suma una infraestructura ferroviaria con rezagos históricos, pues en algunos tramos las vías tienen más de un siglo de antigüedad.
En el plano jurídico, académicos destacaron la complejidad institucional del proyecto, en el que intervienen múltiples instancias responsables de su operación y supervisión. Esta dispersión, señalaron, dificulta la asignación de responsabilidades. También denunciaron la falta de acceso a información y la ausencia de peritajes públicos claros, lo que vulnera derechos básicos de las víctimas.
Versión oficial de un descarrilamiento
Ayer, la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, sostuvo que el descarrilamiento no se debió a fallas en la obra ferroviaria. Aseguró que, tras inspecciones técnicas, la vía, durmientes y demás componentes “cumplen con la norma”, descartando así deficiencias estructurales en el punto del siniestro.
La funcionaria indicó que la investigación derivó en la imputación por homicidio y lesiones culposas contra el conductor y el despachador del tren. Según explicó, las indagatorias permitieron acreditar la participación de ambos, lo que llevó a su vinculación a proceso.
Asimismo, señaló que la empresa operadora otorgó el perdón por daños a bienes nacionales.
La funcionaria también informó que 145 víctimas han recibido “de forma inmediata” la reparación integral del daño mediante mecanismos de justicia alternativa. Con ello, se extinguió la acción penal en algunos casos y se descartó proceder contra la empresa ferroviaria, tras revisiones realizadas por instancias anticorrupción y auditoría.
Mientras tanto, a tres meses y medio del accidente, el servicio de pasajeros del Tren Interoceánico continúa suspendido sin fecha definida de reanudación.
Trabajadores del sector desconocen cuándo se normalizarán las operaciones y señalan retrasos en obras complementarias.